Los gobiernos de la UE no se ponen de acuerdo sobre cómo repartir la responsabilidad para hacerse cargo de quienes necesitan ser acogidos como refugiados. Finalmente, ante la imposibilidad de acordar una distribución obligatoria de solicitantes de asilo, los ministros de interior han convenido un programa voluntario de reubicación para reubicar a los solicitantes de asilo que están en Italia y Grecia.
Uno de los aspectos más importantes de dicho programa es la creación de los centros de recepción denominados “hotspots”, que según las explicaciones de la Comisión, son centros en donde se registrarían los datos de las personas, se tomarían las huellas dactilares y se determinarían quiénes son solicitantes de asilo, quiénes son los emigrantes económicos y quiénes son los inmigrantes indocumentados que podrían ser expulsados. Las agencias europeas como Frontex, Europol y la Agencia Europea de Asilo colaborarían con los oficiales nacionales de Italia y Grecia en dichos procedimientos.
Con ello, la UE pretende recuperar el control sobre las migraciones de refugiados dentro de Europa. De hecho, en Italia ya hay cuatro centros que están aparentemente operando, con una capacidad total para acoger a 1.500 personas; con otras dos autorizadas para entrar en funcionamiento a finales del año. En Grecia, se prevé la instalación de un “hotspot” central en Pireo.
En principio, esta propuesta de los “hotspots” supondría un nuevo protocolo oficial de recepción y podría ayudar a los solicitantes a ser atendidos por procedimientos de asilo acelerados. Sin embargo, en función de las condiciones, el trato y los procedimientos aplicables de reubicación, también podría obligar a los solicitantes a permanecer detenidos durante meses hasta que algún Estado Miembro acepte recibirlos. Por lo que, los “hotspots”, inicialmente creados como campos de atención a los refugiados, podrían convertirse en centros de deportación masiva.
En este sentido, el Consejo ha aclarado que solamente los solicitantes que posean las nacionalidades que cuenten con un índice de reconocimiento superior al 75% serán aceptados para su traslado. Según señalan las estadísticas recientes, los nacionales sirios, iraquíes y eritreos son los más necesitados de protección y reubicación, por lo que sus solicitudes se admiten con mayor porcentaje. Pero, ¿y qué ocurriría con las personas que no han sido seleccionadas para la reubicación? Frances Webber, experto en el Derecho de Inmigración y Asilo, plantea sus preocupaciones acerca de esta cuestión: ¿Existen pruebas para determinar si los solicitantes de asilo son efectivamente de la nacionalidad que declaran ser? ¿Sería un requisito previo la posesión de un pasaporte válido sirio, iraquí o eritreo para la aceptación del asilo? Si no es así, ¿qué implicaría el test de nacionalidad? ¿Qué derechos o posibles derechos se vulnerarían en caso de que se deniegue una solicitud porque los solicitantes no fueran sirios, iraquíes o eritreos?
Por otra parte, también se ha elaborado una lista de “países de origen seguros” que incluye Albania, Bosnia y Herzegovina, la República de Macedonia (FYROM), Kosovo, Serbia y Montenegro, y Turquía. Esto implica que las solicitudes de asilo de ciudadanos de estos países se tramitarían por mecanismos acelerados, en los cuales existiría la presunción de que no necesitan protección internacional. Human Rights Watch señala que lo que preocupa de esta postura es el riesgo de que los pedidos de asilo no se analicen detenidamente, y que se restrinja el derecho a apelar las decisiones, a causa de lo cual podría suceder que personas que efectivamente necesitan protección sean enviadas de regreso a contextos donde podrían sufrir torturas o amenazas a su vida o sus libertades.
Diversos especialistas opinan que el sistema europeo de reubicación aún no es claro ni sólido, los “hotspots” podrían convertirse en una hoguera silenciosa de deportación masiva, en lugar de una operación de protección para aquellos que llegan a las costas europeas.
En el caso de Turquía, finalmente no fue incluida en la lista de países seguros, ya que la propia Comisión reconoce que es el país más inseguro para los grupos étnicos minoritarios, LGBTI, Kurdos, periodistas y otros (tales como políticos opositores). En términos estadísticos, casi un cuarto de las solicitudes de asilo procedentes de ciudadanos turcos han sido admitidas. Si bien la pertenencia a estos países de lista no supone automáticamente una causa de denegación, sin embargo, en la práctica, sí lo es.
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