Accem presenta el informe “Medio ambiente, trata y explotación de personas ¿Qué conexión?”
En un mundo donde los problemas ambientales se entrelazan con las dinámicas de poder, carece de sentido permanecer equidistantes ante los desafíos que ponen en riesgo la vida de las personas. El tiempo de la indiferencia ha quedado atrás: hablar de justicia ambiental es una urgencia, sobre todo cuando descubrimos que las migraciones no son solo el resultado de la pobreza, sino de un fenómeno mucho más complejo y urgente, en el que el cambio climático y la degradación ambiental son factores clave actualmente. Las personas no solo se se desplazan buscando una vida mejor, la defensa del medioambiente es también motivo de persecución para muchas, que ven su vida peligrar ante la implantación de megaproyectos de desarrollo empresarial que despojan territorios y vida.
El más reciente informe del programa Novicom “Medio ambiente, trata y explotación de personas ¿Qué conexión?”, nos presenta una fotografía global de aquellos aspectos de la trata de personas que raramente se exploran. En ella, la perspectiva de género se hace indispensable en el análisis de un fenómeno en el que las mujeres y niñas suelen enfrentar mayores riesgos, especialmente cuando sus comunidades son desplazadas forzosamente.
El informe no se limita a analizar estos problemas de manera aislada. Propone un enfoque desde el que analizar la movilidad forzada, la crisis ambiental y la trata de seres humanos de manera integrada. ¿Qué nexos pueden existir entre estos tres elementos? A través de un análisis situado sobre tres de los países de origen más presentes entre las víctimas de trata en la Unión Europea (Brasil, Nigeria, Pakistán), lograron triangular información para sustentar un vínculo que apenas ha sido explorado hasta la fecha.
En la presentación del dossier, realizada en Vigo, el defensor de derechos humanos y ambientales Manuel Cortés puso el foco en la identificación de los territorios explotados, zonas donde las grandes corporaciones implantan sus megaproyectos, en donde el papel de las comunidades locales es esencial para la defensa de estas tierras. Las empresas responsables, en su mayoría, provienen de países del norte global, que perpetúan sistemas de explotación sin tener en cuenta los efectos devastadores que causan en las poblaciones locales.
Esta polarización norte-sur está profundamente ligada al colonialismo y al poder. En este sentido, Zinthia Álvarez, impulsora del proyecto “Mujeres Negras que Cambiaron el Mundo”, insistió en que los territorios más vulnerables, aquellos habitados por comunidades indígenas y afrodescendientes, son los más explotados y destruidos. “Las decisiones que afectan a estos territorios no se toman en función de las necesidades de quienes los habitan, sino en base a los intereses económicos de grandes corporaciones internacionales que niegan a las personas más afectadas la posibilidad de decidir sobre sus propios destinos”.
El cambio climático, la destrucción del medioambiente y la sobreexplotación de recursos impactan en los medios de subsistencia de las poblaciones. Actividades cotidianas como la pesca, la agricultura o la recolección de recursos naturales se ven restringidas o directamente prohibidas en áreas afectadas por desastres naturales o el desarrollo de megaproyectos, forzando a las personas a desplazarse en busca de sustento. Al hacerlo, muchas incrementan el nivel de vulnerabilidad frente a situaciones de trata de seres humanos, pudiendo ser captadas para su explotación en otros territorios, convirtiéndose en víctimas de un ciclo de violencia que empieza con la destrucción de su hogar.
El informe también recalca la ausencia de estudios y de datos sobre esta relación de causalidad, lo cual dificulta la puesta en marcha de políticas públicas y mecanismos de respuesta que tengan en consideración la trata de seres humanos en contextos de desastre o degradación medioambiental y climática. “Esto —indican desde la ONG— supone un elemento de desprotección hacia las posibles víctimas y una falla en el sistema de prevención”.
Para la abogada y activista Begoña Carrera, esta invisibilidad jurídica que niega el reconocimiento de las migraciones ambientales deja a millones de personas sin protección y sin derechos. “El pacto europeo, por ejemplo, no aborda de manera explícita el tema de la migración ambiental, dejando en el limbo a aquellos que se ven forzados a huir por estas causas”.
En este escenario, la otredad se convierte en un concepto central. Las personas y las comunidades afectadas por la explotación ambiental son vistas como “otros”, como seres que no merecen la misma atención o protección que quienes están fuera de estas zonas de conflicto. Esta percepción se traduce en políticas públicas que perpetúan la marginación y la exclusión, sin dar lugar a soluciones efectivas para quienes más lo necesitan.
No podemos seguir ignorando la relación entre el medioambiente, las migraciones y la trata de seres humanos. Es urgente impulsar un marco de justicia ambiental que asuma el reconocimiento y la reparación de la deuda ecológica y social desde donde impulsar un cambio de modelo asentado en la promoción y defensa de los derechos humanos, fundamental también para fortalecer la prevención de la trata de seres humanos y mejorar la protección de las víctimas.
La justicia ambiental no puede ser abordada de manera aislada, sino que debe integrarse de forma transversal en la lucha por los derechos humanos. Solo a través de un cambio de modelo que promueva la defensa de los derechos de todas las personas, especialmente las más vulnerables, estaremos abordando las causas estructurales que sustentan la trata y la explotación de personas.
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