Accem lanza una nueva campaña de sensibilización contra la trata con fines de explotación sexual

Los jóvenes son los principales destinatarios de la nueva campaña de sensibilización social contra la trata de personas con fines de explotación sexual que hemos lanzado en Cartagena con el objetivo de que amplíen su mirada y tengan la capacidad de cuestionar situaciones intolerables de explotación de las personas.

Dyana, protagonista de la campaña, no es una única mujer, sino que representa a muchas más, que seguro has visto alguna vez en la calle. Hace un año pusimos en marcha en Cartagena el programa de “Atención y acompañamiento a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual y otras formas de violencia contra la mujer”.

Hasta la fecha hemos atendido un total de 126 personas en el municipio, pudiendo trabajar con mayor profundidad en 82 casos: 56 mujeres se encuentran en situación de explotación sexual. Cinco de estas mujeres cuentan haber sido víctimas de trata. Una interpuso denuncia. Cuatro escaparon de la red y cambiaron de CCAA. 13 mujeres manifiestan ejercer libremente la prostitución. 9 mujeres sufren violencias por parte de parejas y/o amigos. 4 mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. 2 interpusieron denuncia y se encuentran actualmente en un piso de protección. El perfil de las mujeres mayoritariamente es el de mujer inmigrante en situación administrativa irregular, pero también hay nacionales, con familiares a su cargo.

De las mujeres con las que estamos trabajando en Cartagena es importante destacar que ocho de ellas han solicitado protección internacional, porque la trata de seres humanos puede ser causa de asilo y se encuentran actualmente en situación administrativa regular.

No seas cómplice de la trata con fines de explotación sexual.

Este vídeo forma parte del programa de “Atención y acompañamiento a mujeres víctimas de trata y otras formas de violencia contra la mujer”, que Accem desarrolla en Cartagena, financiado por la Dirección General de la Mujer y Diversidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia. 

> Conoce todo el trabajo de Accem en la lucha contra la trata de personas. 

Cine de verano en Ávila para desenredar prejuicios

Más de 80 vecinos y vecinas de Ávila desafiaron al frío el pasado miércoles 14 de junio en el Polideportivo de la Toledana para participar en la iniciativa de Cine de Verano #DesenREDandoPrejuicios.

El objetivo era dedicar esta acción a la diversidad cultural, posibilitando una reflexión en torno a los prejuicios que dificultan la convivencia.

Con este fin se proyectó la película Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho?”, una exitosa comedia del realizador francés Philippe de Chauveron, que destaca, en torno a situaciones cotidianas, lo positivo de la interculturalidad en la sociedad actual.

Accem organizó esta acción de sensibilización desde el programa #EnREDandoBARRIOS, con la finalidad de ayudar a combatir los prejuicios, generalizaciones e imágenes o ideas estereotipadas que, en muchas ocasiones, se atribuyen a la población migrante. 

#EnREDandoBARRIOS es un programa cofinanciado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, y el Fondo de Asilo, Migración e Integración.

Disponibles los vídeos de nuestras jornadas “Hablemos de trata”

Entre mayo y junio tuvimos ocasión de celebrar, desde el  proyecto Novicomnuestras Micro-Jornadas online “Hablemos de Trata”, organizadas por Accem en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid y que tuvieron como objetivo principal sensibilizar sobre la realidad de la trata de personas y hacer visibles las diferentes experiencias de trabajo en la lucha contra la trata y el acompañamiento a las víctimas.

Se inscribieron en las micro-jornadas casi 400 personas, lo que valoramos como un gran éxito desde Accem. Las micro-jornadas han representado una ocasión para el intercambio de prácticas, ideas y retos en el ámbito de la trata, gracias a la participación de distintos profesionales, tanto de España como de Italia y Reino Unido. Esto ha permitido profundizar en algunos aspectos del trabajo y la intervención con víctimas de trata con fines de explotación laboral; en las necesidades de asistencia y protección de los/as niños/as víctimas de trata; y en el conocimiento de las metodologías y prácticas de trabajo en la lucha contra la trata que se llevan a cabo en otros países. La evaluación del desarrollo de las micro-jornadas ha sido enormemente positiva por parte de las personas participantes.

Si no tuviste la oportunidad de seguirlas en su momento, ahora tienes la oportunidad de hacerlo a través de nuestro canal de YouTube.


Hablemos de infancia y adolescencia víctima de trata

La jornada dedicada a infancia y adolescencia víctima de trata se celebró el 19 de mayo y contó con la presencia, entre otros, de expertos como Luis Ángel Ortega Francisco, fiscal delegado de Extranjería en Castilla y León; Verónica Giménez Fos, coordinadora de la Unidad Municipal contra el Tráfico de Seres Humanos del Ayuntamiento de Barcelona; Jennifer Zuppiroli, técnica asesora en Migraciones de Save the Children; y Margarita de la Rasilla, oficial de protección de Acnur.


Hablemos de trata y explotación laboral

La jornada orientada a abordar la trata y explotación laboral, que tuvo lugar el 26 de mayo, contó con la participación de José Nieto, comisario jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía en Valladolid; Antonio Velasco, de la Guardia Civil de Valladolid; Fernando Montes Molero, inspector de trabajo; Carmen Martínez-Rasposo, en representación de la Fundación Cruz Blanca; y Cristina de la Torre, de CC.OO.


Hablemos de buenas prácticas en la lucha contra la trata de seres humanos

Finalmente, en la jornada dedicada a la presentación de buenas prácticas en la lucha contra la trata de personas, que se celebró el 2 de junio, estuvieron presentes Francesca Sguotti y Mercedes Martín Díaz, del proyecto Networking contra la trata de personas para el Véneto (Italia); Rocío Carranza, de la Asociación de Ayuda al Drogodependiente; Lucila Granada, de la organización FLEX (Focus on Labour Exploitation) del Reino Unido; y Teresa De Gasperis, en representación del proyecto Novicom de Accem.

El programa Novicom está destinado a fomentar el conocimiento, la sensibilización y la puesta en marcha de acciones de apoyo social a las víctimas de trata, a personas en riesgo de serlo o personas en situación de vulnerabilidad.

 

 

Recomendación del Consejo a raíz del asesinato de Younes Bilal y otras agresiones racistas en la Región de Murcia

Comunicado del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, del que Accem forma parte.

El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica quiere manifestar su más enérgica condena y dolor por el asesinato de Younes Bilal, el pasado día 13 de junio de 2021, así como por los apuñalamientos sufridos por dos personas de origen migrante, ambos en la Comunidad Autónoma de Murcia. Las circunstancias que rodean los dos primeros ataques apuntan a motivaciones racistas y xenófobas, mientras que del tercero está siendo investigado el posible móvil racista.

Tanto estos hechos como otros con la misma motivación son intolerables en una sociedad democrática como la española, plural y diversa, en la que no deben caber comportamientos basados en prejuicios racistas y xenófobos.

El Consejo ya manifestó en su recomendación para “evitar actitudes y discursos discriminatorios en el actual contexto de crisis sanitaria, social y económica” su preocupación ante el incremento de los incidentes de discriminación, rechazo y odio que se han producido contra determinados grupos étnicos o raciales, apelando además a los medios de comunicación y los representantes públicos, como piezas fundamentales en la conformación de la opinión pública, a ser especialmente cautelosos en sus manifestaciones, evitando una narrativa racista o xenófoba que afecte a la convivencia en nuestro país.

Los redactores de la Convención para la eliminación de la discriminación racial de Naciones Unidas fueron profundamente conscientes de la influencia del discurso en la creación de un clima de odio y discriminación raciales, y reflexionaron detenidamente sobre los peligros que ello planteaba, y teniéndolo en cuenta, el Comité para la eliminación de la discriminación racial en su recomendación general nº 35 sobre la lucha contra el discurso de odio racista señala que los Estados partes han de prestar la debida atención a todas las manifestaciones del discurso de odio racista y adoptar medidas eficaces para combatirlas y ha alentado a los políticos y otros formadores de opinión a adoptar actitudes positivas encaminadas a promover la comprensión y la armonía entre las culturas, y a tener presente que la especial importancia que tiene la libertad de expresión en los asuntos políticos, entraña deberes y responsabilidades especiales en su ejercicio.

Sin embargo, ante los hechos sucedidos, es necesario hacer hincapié en la necesidad de seguir avanzando en la adopción de políticas públicas eficaces, orientadas a eliminar el racismo y otras formas conexas de intolerancia, así como el discurso y los delitos de odio, y promover la igualdad y la diversidad étnica en nuestro país.

Para conocer y analizar los hechos sucedidos en profundidad, así como para fijar vías de colaboración y coordinación en la asistencia de víctimas del racismo, el Consejo se ha puesto en contacto a través de su servicio de atención a víctimas, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de dicha Comunidad Autónoma, así como con la Fiscalía provincial de Delitos de Odio en Murcia.

Con el convencimiento de que la lucha contra los delitos de odio sensibilizando a la sociedad para evitar actitudes racistas y xenófobas es una responsabilidad compartida en la que tienen que estar implicadas las administraciones públicas, los representantes públicos, los partidos políticos, los generadores de opinión y toda la ciudadanía en general, se debe seguir trabajando con especial atención en la asistencia a las víctimas del racismo y en la lucha por la igualdad de trato y no discriminación por su origen racial o étnico en todos los ámbitos de nuestra sociedad.

Entendemos que la diversidad debe tratarse como un valor, a través de un debate serio y sereno dentro de un contexto político no partidista, buscando el consenso entre las distintas fuerzas políticas y sociales, con el fin de que en ningún caso se puedan llegar a provocar enfrentamientos o agresiones en el seno de la ciudadanía.

Por último, desde el Consejo queremos trasladar nuestro más sentido pésame a los familiares de Younes Bilal, así como una pronta recuperación a las víctimas de los ataques en Cartagena.

Teniendo todo lo expuesto en cuenta, el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, recomienda:

1. Que se realice una profunda y rigurosa investigación de los hechos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fiscalías especializadas en delitos de odio y Autoridades Judiciales, que permita esclarecer los hechos y determinar si han existido motivaciones racistas, así como, en su caso, enjuiciar a sus autores.

2. Una firme condena pública de representantes públicos, autoridades y partidos políticos de la región, a los efectos de proyectar un siempre necesario y contundente mensaje de repulsa del racismo y la xenofobia. Demandando a todos los partidos políticos que fomenten un discurso en el que la pluralidad y la diversidad existente en nuestra sociedad no sean utilizadas como elementos que pueda separar y alterar la convivencia, sino desde visiones que fomenten la convivencia pacífica.

3. Un compromiso de las autoridades educativas de la Región de Murcia y del resto las Comunidades y Ciudades Autónomas del Estado por introducir y promover contenidos antirracistas en las aulas que fomenten el respeto a la diversidad y la convivencia, contrarrestando el auge de ideologías discriminatorias entre la juventud.

4. Un compromiso firme por la responsabilidad en las declaraciones de los poderes públicos, políticos y de los medios de comunicación y otros agentes generadores de opinión que evite la perpetuación de prejuicios y la estigmatización de las personas migrantes y racializadas, evitando una narrativa racista o xenófoba que afecte a la convivencia en nuestro país, teniendo presente que la especial importancia que tiene la libertad de expresión en los asuntos políticos, no debe ser excusa para el ataque a colectivos vulnerables, pues entraña deberes y responsabilidades especiales en su ejercicio.

5. Seguir fomentando la denuncia de los actos discriminatorios y los delitos de odio que sufren las personas migrantes y con diversidad de orígenes para combatir la infradenuncia de delitos de odio existente en nuestro país, como han señalado los organismos internacionales, mediante campañas de sensibilización y potenciando una coordinación eficaz y eficiente entre el servicio de atención a víctimas de este Consejo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Administración de Justicia, especialmente las Fiscalías especializadas en delitos de odio y el resto de administraciones públicas y organizaciones defensoras de los derechos humanos y activas en la lucha contra el racismo.

 

Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica

Día Internacional del Orgullo LGTBI – El sistema de asilo debe tener en cuenta las características y necesidades de las personas LGTBI

A día de hoy, en 69 países miembros de Naciones Unidas se siguen persiguiendo y criminalizando las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, según los datos de ILGA World (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex).

Debido a esta realidad, desde 2018 Accem lleva realizando varias investigaciones sobre la situación de las personas LGTBI solicitantes de protección internacional. La más reciente, fruto de un estudio realizado a lo largo de todo el año 2020 y titulada Estudio sobre los condicionantes de salida de los países de origen y pautas de acompañamiento a personas solicitantes de protección internacional y refugiadas LGTBI, está dedicada a las dinámicas de persecución y discriminación a las que se ven sometidas las personas pertenecientes al colectivo LGTBI en sus países de origen y que motivan que tengan que abandonarlos para solicitar protección internacional en países como España.

Esta investigación se ha realizado sobre la base de testimonios de personas procedentes de Colombia, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Gambia, Marruecos, Georgia y Ucrania, que han relatado sus experiencias tras haber sufrido discriminación, violencia o persecución a causa de su orientación sexual o identidad de género en sus países de origen.

“En El Salvador, la situación con las pandillas está muy difícil. Si matas a un homosexual puedes ganar puntos extra o ganar rango dentro de tu pandilla”, apunta una chica lesbiana.

Otro hombre gay, procedente de Georgia, indica la inseguridad e indefensión que sufren las personas trans: “Nadie sale a la calle durante el día, no pueden. Es imposible. Sólo por las noches, cuando no hay mucha gente”.

“Cuando en una familia se sabe que una chica es lesbiana o un chico es gay, incluso lo matan desde el principio para que no se convierta en eso. Como mi madre, que desde pequeñita dijo que, si yo me convertía en lesbiana, me mataría. Ahora se encuentra enferma y me dijeron que, si moría, sería por mi culpa”, relata esta otra mujer lesbiana que llegó a España desde Gambia.

Conforme a estos testimonios, el informe incide en una serie de recomendaciones y claves para mejorar el acompañamiento. Entre estas medidas encontramos la necesidad de tener en cuenta las necesidades y características propias de las personas LGTBI –y especialmente de las personas trans– y establecer espacios de atención individualizada que perciban como seguros.

También destaca el estudio la conveniencia de flexibilizar las etiquetas que suponen las siglas LGTBI, para que puedan abarcar otras realidades, expresiones y alternativas de identidad y orientación sexuales de personas procedentes de otras culturas que no se ajusten a estas categorías construidas desde una perspectiva occidental.

Finalmente, la investigación recomienda que, si la persona solicitante no ha participado en espacios de activismo o no ha sido abiertamente visible en su país de origen, esto no sea un criterio determinante en la credibilidad de su relato, remarcando que, en todo caso, “el activismo siempre es un derecho, no un deber”.

> Conoce la historia de Dimitri, que tuvo que huir y convertirse en refugiado al ser perseguido por su orientación sexual.

Seis ONG estatales instan a reformar el Reglamento de Extranjería para garantizar la protección de las personas migrantes

Más de medio millón de personas no pueden ejercer sus derechos por el simple hecho de no cumplir con un requisito administrativo.

En la reunión mantenida esta mañana con Santiago Yerga, director general de Migraciones (dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones), representantes de las entidades sociales de ámbito estatal que acompañan a las personas extranjeras residentes en España en sus procesos de inserción y autonomía, entre ellas Accem, le han trasladado una propuesta conjunta para que la proyectada reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería (RELOEX) dé respuesta urgente a la creciente situación de desprotección de miles de personas extranjeras que viven en nuestro país y que se ha visto agudizada a causa de la Covid-19.

La Ley de extranjería (LOEX) y su Reglamento (RELOEX) establecen un sistema progresivo de acceso a los derechos y libertades, que reconoce, en todo caso, el derecho de todas las personas extranjeras que viven en España a la libre circulación por territorio nacional, la salud, la educación y la protección social, por ejemplo.

Medio millón de personas no pueden ejercer sus derechos

Actualmente, en nuestro país se estima que más de medio millón de personas no pueden ejercer sus derechos por el simple hecho de no cumplir con un requisito administrativo, como no tener más de tres años de residencia en España o no contar con un contrato de trabajo de más de un año de duración a jornada completa.

Los principales problemas que, en la práctica, detectamos desde las organizaciones sociales se refieren al desarrollo del RELOEX, que condiciona la regularidad administrativa al cumplimiento de unos criterios que no responden a la realidad social, laboral y económica que tenemos, que deja en situación de exclusión a un alto porcentaje de la población migrante, truncando sus procesos de integración e incorporación a la sociedad española.

El vigente Reglamento de Extranjería se aprobó en el año 2011. Muchas cosas han cambiado desde entonces en la realidad social, económica, en el escenario laboral y también en la interpretación jurisprudencial de la norma.

Flexibilizar y simplificar varios supuestos del Reglamento

Durante la reunión con el director general de Migraciones, las organizaciones sociales hemos señalado la urgencia de simplificar y flexibilizar determinados supuestos del Reglamento para dar respuesta a la creciente desprotección que sufren miles de personas extranjeras, con mayor motivo en el contexto actual de crisis socioeconómica derivada de la pandemia, que está teniendo un impacto mucho más profundo en la población migrante.

Esta modificación de la normativa de extranjería es necesaria para:

  • Adecuar la norma a los estándares de derechos humanos.
  • Facilitar que las personas extranjeras puedan llegar España desde su país de origen con las autorizaciones de residencia y trabajo necesarias.
  • Garantizar que las personas extranjeras que están en el territorio español obtengan las autorizaciones de residencia y trabajo necesarias.
  • Asegurar que las personas extranjeras que ya cuentan con las autorizaciones no las pierdan.

En el documento de propuestas trasladado por las organizaciones sociales al director general se abordan reformas en cuatro apartados concretos: adecuación de la normativa interna a los estándares internaciones de derechos humanos; el establecimiento de vías legales y seguras; las autorizaciones de residencia y trabajo; y el problema de la irregularidad sobrevenida.

Este conjunto de propuestas permitiría actualizar la legislación de extranjería conforme a los cambios sociales, económicos, laborales y jurídicos producidos desde 2011. Con ello se facilitaría, además, la resolución, de forma adecuada, de la situación de miles de personas extranjeras que ya están en España y que, al carecer de estas autorizaciones, quedan expuestas a situaciones de explotación laboral, exclusión social y residencial.

Ninguna sociedad puede desarrollar su verdadero potencial cuando hay obstáculos jurídicos o políticos que impiden a sectores enteros de la población contribuir a esa sociedad, como es el caso de la población migrante.

 

*Las entidades sociales que han participado en esta iniciativa son: Accem, Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Fundación Cepaim y Red Acoge. 

 

 

Dimitri tuvo que huir de su país al sufrir persecución por su orientación sexual

Dimitri lleva un año y medio viviendo en España. Dimitri vivía en San Petersburgo, Rusia. Dimitri tenía familia, amigos, un buen trabajo. Pero Dimitri tuvo que dejar todo y marcharse. “Como soy LGTB+, es muy difícil vivir en Rusia una vida feliz. Tienes que ocultar todo, tienes que vivir dos vidas diferentes”, afirma este joven que ha buscado refugio en España.

“Nosotros entramos aquí a España como solicitantes de protección internacional y asilo, como refugiados”, explica en el vídeo de la campaña “Ódiame” de Accem, en la que ha participado para denunciar la discriminación que le afecta tanto como refugiado como miembro del colectivo LGTB+.

Dimitri evita poner fotografías en las redes sociales por no tener que soportar los mensajes de odio por su orientación sexual. Dimitri no olvida los motivos que le obligaron a escapar, los chantajes, las amenazas: Yo voy a buscarte, yo voy a matarte, yo sé dónde vives, yo sé tu dirección.“Esto ocurrió con nosotros en 2019. Había personas que quisieron matarnos o hacernos algo malo. Después, cuando fuimos a la policía, la policía no nos ayudó. En este momento, entendemos que en este país no hay lugar para nosotros”.

Dimitri se vio en la necesidad de convertirse en refugiado al sufrir persecución por su orientación sexual y no encontrar protección de manera efectiva por parte del Estado.

A día de hoy, en 69 países miembros de Naciones Unidas se siguen persiguiendo y criminalizando las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, según los datos de ILGA World (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex).

Con motivo de la celebración del Día del Orgullo LGTB+ el próximo lunes 28 de junio, desde Accem queremos llamar la atención sobre la persecución que muchas personas en el mundo sufren por su orientación sexual y/o por su identidad de género. Muchas de ellas se ven obligadas a huir y a convertirse en refugiadas. Como Dimitri, cuya historia hoy queremos compartir.

Declaración del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes contra los delitos de odio

Declaración del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, del que Accem forma parte, aprobada en el Pleno del 23 de junio de 2021 contra los delitos de odio.

El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes quiere expresar ante la sociedad española y ante sus representantes políticos su más absoluta condena y repulsa ante los delitos de odio y episodios racistas acaecidos en los últimos días en la Región de Murcia y su solidaridad con las víctimas y sus familiares.

Asistimos con enorme preocupación, a un crecimiento de mensajes racistas y xenófobos contra las personas inmigrantes, incentivados desde determinadas posiciones políticas y sociales, que buscan generar miedo en la ciudadanía, rechazo y odio hacia los vecinos y vecinas de origen inmigrante, a la vez que enfrentamiento entre personas en situación de vulnerabilidad por el acceso a los recursos.  Mensajes racistas y de odio que, de no atajarlos, se convierten en comportamientos racistas y en delitos de odio, como el asesinato de un vecino de origen marroquí en el municipio murciano de Mazarrón, por el mero hecho de ser inmigrante, así como la agresión a una vecina de origen ecuatoriano residente en Cartagena cuando acudía a un punto de recogida de alimentos.

Las palabras que han acompañado estos delitos: “no quiero moros aquí”, “qué haces sentada con estos moros de mierda” o “nos estáis quitando la comida”, ponen de relieve que algunos mensajes falsos basados en generalizaciones, prejuicios y estereotipos están calando en la sociedad. Es necesario que nos activemos desde todos los ámbitos y a todos los niveles para condenarlos, cuestionarlos y rebatirlos. Frente a estos hechos no vale el silencio, ni mirar hacia otro lado. No se trata de coexistir, sino de convivir y la convivencia no se improvisa, se planifica y se impulsa con comportamientos, estrategias y políticas de integración decididas y avaladas por todo el espectro político y social.

Nos equivocamos si consideramos estos actos como hechos puntuales y aislados o fruto de comportamientos de personas enfermas, sin darnos cuenta de que son un claro reflejo de esa tendencia al incremento del racismo, la xenofobia, la discriminación y los delitos de odio que se está produciendo en toda Europa y en España. Así lo refleja el informe 2020 de la Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, mostrando preocupación por el incremento del discurso de odio en países como España; la investigación sobre la percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas, impulsada por el  Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica; o el  último Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España, del Ministerio del Interior,  que muestra un claro incremento de los delitos ocasionados por el racismo y la xenofobia.

Ante estos hechos el Foro quiere poner de manifiesto que combatir el racismo, la xenofobia y la discriminación por origen racial o étnico exige cumplir y hacer cumplir la legislación internacional y nacional antidiscriminatoria existente y ampliarla.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales condenan sin paliativos toda discriminación en el ejercicio de los derechos humanos en ellos consagrados. La Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, estipula que todo acto de violencia motivado por el odio racial debe ser considerado como delito sancionable, y afirma que los Estados tienen el deber de respetar, proteger y desarrollar el derecho a la seguridad personal y a la protección contra todo delito de odio.

La Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea defiende que este tipo de delitos no deben tratarse como cualquier otro, sino que deben catalogarse como una categoría específica que requieren una respuesta penal concreta.

El Foro recuerda que la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia ha insistido a las autoridades españolas sobre la urgencia de adoptar a la mayor brevedad una ley general contra la discriminación y atender a su Recomendación de Política General, que insta a penalizar el apoyo a grupos que promueven el racismo y la xenofobia o inciten con sus mensajes a los delitos de odio, sancionando toda discriminación racial en el ejercicio de un cargo o de una ocupación de carácter público.

Los delitos de odio no solo afectan a la víctima, sino que impactan sobre el colectivo con el que dicha víctima se identifica. No se ejerce violencia sobre la víctima bajo una motivación individual, sino por lo que esta simboliza o representa. Se trata de hechos delictivos que atentan contra la cohesión social y la convivencia pacífica y, por ese motivo, ponen en situación de peligro a la sociedad en su conjunto.

Los delitos de odio atacan a la persona, a un colectivo y a la sociedad, erosionan normas fundamentales del derecho internacional y exigen una respuesta contundente, rápida y eficaz por parte del Estado, que está obligado a ofrecer recursos eficaces a las víctimas y sus familiares para lograr una reparación adecuada, así como prevenir estos hechos delictivos en el futuro.

Ante estos hechos, debemos apostar por respuestas políticas y sociales claras, concretas y precisas como recuperar la prioridad de las políticas de integración, con la inmediata aprobación de una estrategia nacional de ciudadanía e integración que apueste por la convivencia intercultural en nuestras ciudades y barrios, a la vez que por la gestión positiva de la diversidad.

El Foro considera necesario crear un organismo independiente responsable de la promoción de la igualdad de trato entre todas las personas, sin discriminación por motivo de su origen racial o étnico, como establece el artículo 13 de la Directiva 2000/43/CE que, de acuerdo con lo recomendado por La ECRI del Consejo de Europa, en su informe sobre España de 2018, se rija por las Recomendaciones núms. 2 y 7 de política general de la ECRI, fundamentalmente en lo tocante a su independencia, señalando que el gobierno no debería tener una influencia decisiva en la selección de las personas que ocupan puestos de liderazgo en el organismo, y que el organismo debería tener su propio presupuesto e instalaciones separadas.

Urge la aprobación de la Ley integral de igualdad de trato y no discriminación que se encuentra en tramitación. Una ley integral contra la discriminación que debe enumerar todos los motivos de discriminación prohibidos que se recogen en el art. 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; que defina la discriminación múltiple; que prohíba la discriminación tanto en el ámbito público, como en el privado y que prevea mecanismos de reparación administrativos y judiciales.

La Estrategia Integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia fue aprobada en 2011 y se mantiene en vigor, pero es preciso abordar una actualización que la adecúe al contexto social, político y económico actual.

Debemos situar como reto fundamental de país la lucha contra la pobreza y la exclusión social en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en la Agenda 2030, siendo necesaria una estrategia nacional de sensibilización social que ponga en valor la convivencia intercultural, que incluya un compromiso de las autoridades educativas por introducir y promover contenidos antirracistas en las aulas que fomenten el respeto a la diversidad y la convivencia, contrarrestando el auge de ideologías discriminatorias entre la juventud, a la vez que se impulsa el OBERAXE y el Consejo para la eliminación de la discriminación racial o étnica.

Es inaplazable que la sociedad española en su conjunto denuncie con todas las herramientas que nos facilita nuestro marco normativo y el estado de derecho, a quienes, desde posicionamientos políticos y sociales de corte racista y xenófobo, están alimentando el odio y generando contextos propicios para que se den hechos tan lamentables como los que estamos denunciando.

Foro para la Integración Social de los Inmigrantes

Declaración del Foro de la Inmigración de Murcia ante las últimas agresiones racistas

Declaración del Foro de la Inmigración de la Región de Murcia, del que Accem forma parte, en relación a las agresiones racistas de las que han sido víctimas ciudadanos/as de origen extranjero.

El Foro de la Inmigración de la Región de Murcia quiere expresar ante la sociedad murciana su rotunda condena de los episodios racistas acaecidos en los últimos días en la Región.

Estamos asistiendo con gran preocupación, a un crecimiento de los discursos racistas y xenófobos contra los vecinos y vecinas de origen inmigrante en diferentes municipios de la Región de Murcia, que lamentablemente se han traducido en episodios de delitos de odio que han ocasionado el asesinato de un vecino de origen marroquí del municipio de Mazarrón, y la agresión de una vecina de origen ecuatoriano residente en Cartagena cuando acudía a un punto de recogida de alimentos. Con exclamaciones del tipo de “¡Qué mierda hacéis aquí todos los moros!”, “¡Muerte a los moros!”, o “¡…los inmigrantes nos quitan la comida!”, el odio hacia las personas inmigrantes, ha mostrado su rostro más despiadado. Se ha pasado del discurso del odio, del rechazo del diferente, al asesinato y a la agresión.

Ha pasado más de un año desde el inicio de la pandemia y hemos podido ver cómo las manifestaciones de racismo y xenofobia, han acompañado a la pandemia, asociando el origen de la enfermedad, con una determinada nacionalidad y culpabilizando de su propagación, a trabajadores y trabajadoras extranjeros/as, que han sido fundamentales para el mantenimiento de sectores productivos esenciales para el sustento y bienestar del conjunto de la ciudadanía.

Hemos podido observar cómo la crisis social y económica asociada a la sanitaria, está propiciando un contexto de “competencia” por los recursos entre los colectivos más vulnerables de la sociedad, enfrentando a personas contra personas. Una confrontación provocada e impulsada desde determinados discursos que defienden la idea de que los derechos de las personas autóctonas, han de prevalecer frente a los de los otros vecinos/as, olvidando que la convivencia democrática es la que ha propiciado el periodo de mayor estabilidad política, económica y social de este país y de esta región. Las desigualdades y las situaciones de pobreza y exclusión, están en la base de los contextos que dan lugar a estos delitos de odio que hoy denunciamos públicamente. Pero también determinadas posiciones políticas y sociales que provocan el miedo hacia las personas inmigrantes y refugiadas, con discursos estereotipados basados en generalizaciones y falsedades.

Ante estos hechos, no vale el silencio o la indiferencia. Mientras sigamos banalizando las palabras y actos que deshumanizan a la población migrante o refugiada o que la discriminan por su origen cultural o étnico, estos hechos podrán volver a ocurrir en cualquier municipio de esta región. Recordemos que el racismo, la discriminación, las desigualdades y la injusticia, destruyen la convivencia, la cohesión social, la integración y el desarrollo regional. Y en ocasiones límites como la vivida en Mazarrón o en Cartagena, pueden llegar terminar con la vida, los anhelos y los sueños de un ser humano de forma irracional.

Ante estos hechos desde el Foro de la Inmigración de la Región de Murcia planteamos la urgente necesidad de poner en marcha una serie de medidas:

Recuperar el protagonismo de las políticas de integración de la población inmigrante y refugiada en la agenda política y social, apostando por la gestión positiva de la diversidad en los centros educativos, en los barrios, en las empresas y en las organizaciones.

Que el Gobierno Regional y los Ayuntamientos lideren procesos orientados a la corrección de las desigualdades sociales, con una estrategia regional que aborde las situaciones de pobreza y exclusión social que tanto daño están haciendo a esta Región.

Se hace inaplazable el diseño y desarrollo de una estrategia de inclusión, convivencia e integración de las personas inmigrantes en la Región de Murcia, en la que el Foro Regional, como espacio de participación y consulta, tenga un papel activo.

Es necesaria una inversión sostenida en políticas de convivencia intercultural en nuestros barrios y municipios, el lugar donde se materializan las relaciones, la vida de los vecinos y las vecinas.

Es necesario, que se acometa la elaboración de una estrategia regional contra el racismo y la xenofobia, que integre medidas de sensibilización social, en la cual el Foro Regional de la Inmigración de la Región de Murcia, debe tener una participación activa.

Es inaplazable que la sociedad murciana en su conjunto, denuncie con todas las herramientas que nos facilita nuestro marco normativo y el estado de derecho, a quienes, desde posicionamientos políticos y sociales de corte racista y xenófobo, están alimentando el odio y generando contextos propicios para que se den hechos tan lamentables como los que estamos denunciando.

Apostamos por poner en valor el respeto a los derechos humanos; porque creemos firmemente en el valor positivo de la diversidad cultural, generando espacios que nos permitan convivir, espacios donde poder acercarnos los unos a los otros. Solo así, podremos conseguir una sociedad que no permita que el racismo, la xenofobia y la discriminación paseen a sus anchas por nuestras calles.

Foro de la Inmigración de la Región de Murcia

Accem participa en el XXX Maratón de los Cuentos de Guadalajara

Este mes de junio en Guadalajara hemos vuelto a impulsar la celebración del Maratón de las Mil y Una Culturas en la plaza del barrio Los Manantiales, una iniciativa enmarcada en el Maratón de los Cuentos de Guadalajara, que cumplía este año su trigésima edición.

En la iniciativa de Accem, a través del programa #EnREDandoBARRIOS han participado alrededor de 130 personas, entre el alumnado del CEIP Isidro Almazán, residentes del Centro Ocupacional Virgen de la Salud y vecinos y vecinas del barrio, junto a la narradora uruguaya Soledad Felloza, compartiendo relatos que desmontan los estereotipos y prejuicios racistas y favorecen la convivencia intercultural.

Por otro lado, el 12 de junio, en el Palacio del Infantado, un grupo de mujeres que participan en el citado programa, procedentes de Marruecos, Perú y Brasil, narraron en el escenario principal del maratón el popular cuento “¿A que sabe la luna?”, relato que ensalza la generosidad y la convivencia.

Tanto con la acción en Los Manantiales, que formaba parte del llamado Maratón Viajero, como con la narración en el Palacio del Infantado, Accem se ha unido al 30 Maratón de los Cuentos, una de las citas culturales más importantes de la ciudad, que desde el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil y la Biblioteca Pública de Dávalos se hace posible cada año.

El programa #EnREDandoBARRIOS de Accem está cofinanciado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo de Asilo, Migración e Integración.