Actividad de sensibilización sobre discriminación con profesionales en intervención socioeducativa en Asturias

El viernes 20 de noviembre participamos desde Asturias, a través del programa de “Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico” de Accem en la tercera sesión de la asignatura “Derechos Humanos, inmigración y educación intercultural” del Máster Universitario de Intervención e Investigación Socioeducativa, impartiendo la actividad de sensibilización para profesionales “Intervención socioeducativa en igualdad de trato: claves y estrategias de detección y acción”.

Los objetivos de esta actividad eran: proporcionar a las personas asistentes el marco conceptual y normativo sobre la discriminación/delitos de odio; reflexionar sobre las diversas formas de discriminación a las que están expuestas las personas inmigrantes nuestro país y conocer los programas que desarrollamos en Accem de asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico.

La actividad tuvo una duración de dos horas y media y contó con la asistencia de 15 personas: trabajadores/as sociales, pedagogos/as, psicólogos/as, educadores/as sociales, profesorado de educación primaria, etc.

Las temáticas trabajadas fueron las siguientes:

  • Conceptos clave sobre discriminación racial.
  • Grupos vulnerables a la discriminación.
  • Contextualización de la discriminación/delitos de odio.
  • Marco normativo: derecho antidiscriminatorio.
  • Tipos y ámbitos en los que suele producirse la discriminación.
  • Factores que inciden: percepción de la discriminación en las personas inmigrantes.
  • Presentación del programa estatal de asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico de Accem.

Como profesionales en intervención socioeducativa, desempeñando diversas funciones relacionadas con la atención y apoyo a colectivos vulnerables, la atención a la diversidad, la intervención con grupos y comunidad, la sensibilización y capacitación en temas vinculados a la igualdad y a la no discriminación, la impartición de esta actividad ha sido de especial utilidad y relevancia para su práctica profesional y futura, dotándoles de conocimientos teóricos y recursos didácticos para que sepan detectar situaciones de racismo y discriminación por origen racial o étnico, y puedan trabajar desde la sensibilización y la prevención.

La Alianza por una Ley de Igualdad de Trato se reunió con la ministra de Igualdad

Las entidades que conforman la Alianza por una Ley de Igualdad de Trato, entre las que se encuentra Accem, se reunieron el pasado 9 de diciembre con la ministra de Igualdad, Irene Montero, de cara a impulsar la necesaria aprobación de una ley que se encuentra en fase de tramitación desde hace diez años.

Tras los anteriores intentos frustrados de aprobación de la ley en 2011 y 2019, el Estado español se comprometió en el pasado mes de julio ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a aprobar una ley de igualdad de trato lo antes posible.

La Alianza por una Ley de Igualdad de Trato persigue que se impulse una norma que establezca un régimen de infracciones y sanciones, que incluya la obligación de reparar los daños y perjuicios causados a las víctimas, que prevea la creación de una autoridad independiente para velar por su cumplimiento y monitorizar la vulneración de derechos fundamentales.

Distintos organismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, ambos de Naciones Unidas, o la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI, por sus siglas en inglés) han incluido en varios de sus informes sobre España la recomendación de aprobar esta norma, imprescindible para consolidar un régimen normativo eficaz que aborde todas las formas de discriminación que sufren muchas personas en nuestro país.

Mientras que el Código Penal ha incorporado mejoras en los últimos tiempos para combatir los delitos de odio, esto es, los ataques racistas más graves, las discriminaciones más habituales y cotidianas que enfrentan las personas pertenecientes a colectivos no mayoritarios siguen sin ser contempladas en la normativa vigente y sin disponer de una ley propia que viene reclamándose desde su primer proyecto de Ley en 2011.

Las entidades que impulsan la Alianza llevan muchos años trabajando con víctimas de distintas formas de racismo, xenofobia y antigitanismo, y conocen de primera mano las consecuencias directas para estas personas de la ausencia de un marco normativo adecuado; muchas han sido las ocasiones en las que personas que sufren vulneraciones de derechos en base a su origen racial o étnico han quedado sin resarcir adecuadamente por no existir un régimen de infracciones y sanciones.

La Alianza por una Ley de Igualdad de Trato está formada por las siguientes organizaciones: Accem, Asociación Rumiñahui, CEAR, Cruz Roja Española, Fundación Cepaim, Fundación Secretariado Gitano, Movimiento por la Paz y Red Acoge.

Discriminación en el acceso al instituto de una alumna madrileña por vestir el hiyab

Desde Accem, como entidad integrante del Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica, hemos instado al Consejo Escolar del instituto de enseñanza secundaria infractor, y a la Inspección Educativa de zona, a resolver la cuestión que exponemos a continuación, y a apoyar a la alumna afectada por la medida discriminatoria, motivada en su creencia religiosa.

El pasado 18 de septiembre de 2020 se iniciaba el curso escolar en los ciclos formativos de la Comunidad de Madrid. También en uno de los centros del municipio de Alcorcón, del cinturón sur de la región madrileña, con presencia de población extranjera significativa porcentualmente.

Consecuencia del protocolo sanitario establecido, el alumnado esperaba en la puerta del centro educativo a ser llamado por el personal del mismo quienes les daban entrada, accediendo a las clases, respetando distancias y tiempos.

Al ser nombrada la alumna discriminada, y cuando accedía a las instalaciones, el personal del centro le impide el paso, solicitando que esperase a que acudiera la jefa de estudios responsable de los ciclos formativos. ¿Motivo? Que llevaba hiyab, un elemento fundamental de su identidad cultural y religiosa. La jefa de estudios le informó de una normativa interna del centro que impedía acceder al mismo con la cabeza cubierta. No podía acceder al centro y regresaba a su domicilio.

La respuesta obtenida de los responsables del centro de forma reiterada a través de conversación telefónica mantenida a finales de septiembre con el técnico de Accem de este programa, fue comparar el hiyab con una gorra o visera.

La estudiante afectada, mayor de edad, intentó sin éxito poder explicar a la jefatura de estudios y a la dirección del centro, cuáles eran sus motivos y argumentos para vestir con la hiyab, aferrándose a una razón religiosa y cultural.

Por ello, ante la vulneración de su derecho fundamental a la igualdad de trato, se realizó la oportuna reclamación escrita ante el propio IES discriminador y ante el registro de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

El centro educativo esgrime para impedir su derecho a la educación las “Normas de Convivencia” internas, aprobadas con fecha 30 de junio de 2020 donde se relata “la necesidad de limpieza e higiene en la apariencia y vestimenta del alumnado y comunidad educativa así como la obligación de la cabeza descubierta por gorras y viseras (…)”. Curiosamente, en su artículo 2.1, destaca, entre otros, como finalidad educativa del centro, expresada de modo palmario y, sin embargo, indiciariamente conculcada:

“Desarrollar en los alumnos hábitos de vida saludables, comportamientos respetuosos para con los demás y el medio ambiente y actitudes tolerantes, solidarias e integradoras que favorezcan la convivencia.”

Principio informador no discriminatorio de las propias normas internas esgrimidas por el centro educativo para impedir que la alumna creyente musulmana acceda a sus instalaciones que es notorio no aplica en este supuesto.

La respuesta obtenida de ambos responsables del centro fue comparar su hiyab como si fuese una gorra o una visera, reiterada también al técnico del programa de Accem, a través de una conversación telefónica mantenida a finales de septiembre.

El caso ha continuado ante el Consejo Escolar del IES, mediante escrito motivado en hechos y fundamentos de derecho aplicable (local, regional y estatal). El Consejo Escolar es el órgano competente para dirimir y resolver la cuestión flagrante planteada por la víctima y, sin embargo, este se ha inhibido de respuesta alguna. Es más, el propio centro va a expulsar a la alumna por las faltas de asistencia a las clases.

Ante esta situación discriminatoria, argumentalmente patética, a finales de noviembre se contactó con el inspector educativo de la Comunidad de Madrid, supervisor del centro, exponiendo la situación, y solicitando, mediante la presentación de un escrito motivado, la revocación de la medida discriminatoria y el acceso a la alumna al centro educativo. A la fecha de cierre de la edición de este boletín no hemos recibido respuesta.

La gravedad, la trascendencia social y legal de los hechos producidos, siendo la víctima una alumna creyente musulmana, a quien se le ha impedido el acceso al centro, negándole el desempeño de su curso escolar; ha propiciado que haya perdido la oportunidad de acceder al inicio de las clases y perder el curso escolar, con el consiguiente perjuicio formativo y curricular objetivable. Ha sido imposible, además, comenzado el curso, que pueda inscribirse en otro centro educativo.

Desde Accem, enfatizamos el grave quebranto producido en la función de velar por la protección de los derechos del alumnado, principio nuclear del derecho a la educación en España, por quienes deben, precisamente, ser garantes del mismo sin discriminación alguna ni desigualdad de trato amparada en supuestas “normas de convivencia”, a todas luces contrarias al fin primordial de su mandato y aplicabilidad en la actual sociedad madrileña y española.

Por ello, se hace aún más necesaria una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación que ampare y asista a la víctima, dotándola de seguridad jurídica en una sociedad diversa y plural, y sancionando conductas discriminatorias institucionales como esta.

 

Tolerancia cero a la desigualdad por origen diverso

Comunicado de Accem con motivo del Día Internacional para la Tolerancia.

En 1995, la ONU estableció el Día Internacional para la Tolerancia, y la UNESCO adoptó la Declaración de Principios sobre la Tolerancia, que afirma, entre otras cosas, que la tolerancia reconoce los derechos humanos universales, las libertades fundamentales de los demás y la diversidad de los pueblos. La Declaración describe la tolerancia no solo como un deber moral, sino como un requerimiento político y legal para las personas, los grupos y los Estados.

En la semana del 16 al 20 de noviembre de 2020 se celebra su conmemoración anual, constituyendo este aniversario de notoria relevancia en su difusión, alcance e impacto: tolerancia cero a la desigualdad por origen diverso.

La discriminación, el racismo y los delitos de odios son formas comunes de intolerancia en nuestra sociedad.

La situación de emergencia sanitaria iniciada en 2020, como consecuencia de la pandemia global de la Covid-19, ha supuesto un impacto sin precedentes, por su rapidez e intensidad, en las estructuras sociales, económicas y laborales de los Estados afectados y su población.

Se han multiplicado los episodios discriminatorios en los espacios públicos y privados, y en distintos ámbitos cotidianos (sanitario, educativo, laboral, de vivienda, de seguridad ciudadana, de ocio, etc..) a nivel mundial, y España no es una excepción.

En este sentido, y aun cuando las necesidades sanitarias de la población se atenúen en un futuro todavía incierto, es relevante cómo actuemos ante la emergencia de otras necesidades de carácter socioeconómico del conjunto de la sociedad y, muy especialmente, de los grupos de población más vulnerables que puedan ahondar en su exclusión social y negación de los derechos y libertades ya consolidados.

En estos tiempos tan difíciles, la prioridad deberían ser los mensajes que hablen de la solidaridad entre las personas, la responsabilidad como sociedad diversa y los cuidados comunitarios. Estamos asistiendo a discursos excluyentes, a mensajes racistas y de odio, a cuestionamientos de la sociedad plural y a la estigmatización del diferente como fuente de contagio o dispersión del mismo. La Covid-19 tiene como aliados la desinformación, las noticias falsas, los estereotipos, los prejuicios, en definitiva, la intolerancia hacia personas y colectivos vulnerables.

El virus no conoce fronteras. La desigualdad y discriminación motivada por el origen diverso o condición de las personas afectadas por esta crisis, constituye un grave retroceso para TODOS los seres humanos y los Estados.

Por ello, ante situaciones tan extraordinarias como la actual, las entidades de la sociedad civil, la ciudadanía y, los Estados, debemos realizar, también, un esfuerzo extraordinario, en no invisibilizar y abandonar a quienes son más vulnerables. Antes, ahora y después de la emergencia sanitaria, debe constituir el núcleo de nuestras reivindicaciones en la celebración del Dia Internacional de la Tolerancia 2020.

 

 

 

 

 

La Alianza por una Ley de Igualdad de Trato urge al Gobierno a cumplir con su compromiso de tramitar una nueva ley

En el Día Internacional para la Tolerancia volvemos a reclamar la tramitación de una Ley Integral de Igualdad de Trato, instando a las autoridades competentes a poner en marcha todos los mecanismos necesarios para su promulgación.

Tras varios intentos fallidos para la aprobación de una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, las entidades que nos hemos unido en la Alianza por una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, volvemos a urgir a los poderes públicos a que cumplan su compromiso con la Organización de Naciones Unidas (ONU) de aprobar esta ley imprescindible para asegurar el disfrute de todos los derechos sin discriminación. El pasado mes de julio el Estado se comprometió con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sin embargo, todavía no se ha avanzado en su promulgación, dejando a España aún en deuda con la igualdad.

Compromiso del Estado español ante la ONU

El pasado mes de julio el Estado español se comprometió ante el Consejo de Derechos Humanos para impulsar esta ley, afirmando su voluntad de “aprobar próximamente la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación”. Sin embargo, las entidades que formamos parte de la Alianza aún no hemos tenido conocimiento de que haya ninguna propuesta legislativa trabajándose en el Congreso. Tampoco contamos con información de que vaya a crearse un proceso de consulta a fin de que esta ley incorpore un enfoque interseccional que incluya todas las mejoras necesarias para que las víctimas de discriminación encuentren la respuesta que vienen esperando.

Consideramos fundamental que este compromiso se materialice con carácter urgente. En ese sentido, recordamos que una primera versión de este texto normativo se remitió al Congreso de los Diputados en 2011, tras más de dos años de trabajos preparatorios en los que participaron muchas organizaciones de la sociedad civil, aunque su tramitación se vio frustrada por la convocatoria prematura de elecciones.

Avances insuficientes

Las ocho organizaciones especializadas en la lucha contra todas las formas de racismo que formamos parte de esta Alianza hemos remitido una carta al Gobierno de España para urgir al cumplimiento del compromiso adquirido con la aprobación de esta ley tan necesaria que se encuentra estancada desde hace más de 10 años.

En la carta, las entidades destacan “las situaciones de discriminación a las que se enfrentan en su día a día las personas con las que trabajan, que sufren vulneraciones diarias de sus derechos y que, en la mayoría de las ocasiones, no pueden responderse de manera efectiva, simplemente porque no existe un marco normativo específico que las sancione o que las aborde de manera adecuada”.

Víctimas sin resarcir

Las entidades que impulsan esta Alianza llevan muchos años trabajando con víctimas de distintas formas de racismo, xenofobia y antigitanismo, y conocen de primera mano las consecuencias directas para estas personas de la ausencia de un marco normativo adecuado; muchas han sido las ocasiones en las que personas que sufren vulneraciones de derechos en base a su origen racial o étnico han quedado sin resarcir adecuadamente por no existir un régimen de infracciones y sanciones. Por ejemplo, los casos en los que los superiores jerárquicos de una empresa instan a sus empleados a no dar servicio a personas pertenecientes a determinados grupos, o cuando particulares se niegan a alquilar una vivienda a personas gitanas o de origen migrante. Todas estas situaciones no pueden denunciarse, simplemente porque nuestra normativa no las sanciona.

 

> Descarga el Dossier Informativo

Un informe recoge los incidentes discriminatorios y racistas ocurridos durante el estado de alarma

El pasado 2 de octubre asistimos al webinar “Racismo y xenofobia durante el estado de alarma”, organizado por el Equipo de Implementación del Decenio Afrodescendiente y Rights International Spain (RIS), en el que se presentó un informe sobre la “Crisis sanitaria Covid-19: Racismo y xenofobia durante el estado de alarma en España”.

El informe documenta más de 70 incidentes racistas y prácticas institucionales discriminatorias ocurridas en España entre el 15 de marzo y el 2 de mayo de 2020, las primeras ocho semanas del estado de alarma. Entre ellas, “paradas policiales por perfil racial, hostigamientos, ataques racistas y discursos de odio” que han afectado sobre todo a personas negras y afrodescendientes, árabe-musulmanas, gitanas, latinoamericanas, así como a personas migrantes especialmente vulnerables, como aquellas con enfermedades mentales, empleadas de hogar y cuidadoras, manteros y vendedores ambulantes, temporeros agrícolas y mujeres víctimas de trata sexual. Estos incidentes discriminatorios han afectado tanto a personas inmigrantes en situación administrativa irregular, como a aquellas en proceso de pedir protección internacional y también a personas inmigrantes con su situación administrativa regularizada. De hecho, el informe presentado indica que el 40 % de las personas denunciantes tenían sus papeles en regla. “Tener una situación administrativa regular no exime de sufrir violencia racial”, señalan desde las organizaciones convocantes de la jornada.

Con la lectura de este informe se reafirma la necesidad y la urgencia de actuar para la eliminación de la discriminación racial. Para su equipo redactor, la discriminación racial se incrementa con las medidas adoptadas a raíz de la lucha contra la Covid-19, por lo que plantean la necesidad de añadir una perspectiva de género y racial en aquellas acciones sanitarias, legales, sociales y económicas que se adopten como planes de respuesta y de recuperación superada la crisis sanitaria.

En la presentación del informe estuvieron presentes Paula Guerra Cáceres, ex presidenta de SOS Racismo Madrid; Spitou Mendy Rodona, del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y el Sindicato de Obreros del Campo (SOC); Edith Espínola, portavoz de Servicio Doméstico Activo (SEDOAC) y la campaña #RegularizaciónYa; Emilio Israel Cortés, co-fundador y director de Juristas Gitanos; Gemma Ferreón, portavoz y responsable de Incidencia Social y Política en SOS Racisme Catalunya;  y Felipe González Morales, Relator Especial sobre Derechos Humanos de los Migrantes de Naciones Unidas. Participaron también y moderaron la jornada las personas autoras del informe: Esther Mamadou, Youssef M. Ouled,  Isabelle Mamadou y Lydia Vicente Márquez.

Durante el debate, se intercambiaron opiniones sobre el camino a seguir para abordar la catarsis de las estructuras que perpetúan la discriminación racial. Se puso sobre la mesa, asimismo, que es el momento de reconstruir una sociedad más inclusiva, solidaria, más fuerte y más igualitaria para todas las personas que las formamos. El informe incluye una serie de recomendaciones que el Equipo de Implementación y RIS creen que pueden servir para promover un progreso concreto hacia este objetivo.

La data elegida para la presentación no fue casualidad, el 2 de octubre es la fecha decretada por la ONU para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia.

> Puedes descargar el informe aquí.

> Puedes consultar el webinar aquí.

> Accede aquí a todas las noticias que publicamos sobre igualdad de trato y no discriminación.

Varias ONG se alían para exigir a las autoridades que cumplan con el compromiso expresado ante la ONU con la Ley de Igualdad de Trato

Accem, Asociación Rumiñahui, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Cruz Roja Española, Fundación Cepaim, Fundación Secretariado Gitano, Movimiento por la Paz-MPDL y Red Acoge, todas ellas organizaciones de la sociedad civil referentes en la lucha contra todas las formas de racismo, xenofobia y antigitanismo, han hecho pública su “Alianza por una Ley de Igualdad de Trato”. Con esta iniciativa persiguen que se dé impulso a la tramitación de una Ley integral de Igualdad de Trato y No Discriminación que establezca un régimen de infracciones y sanciones, incluyendo la obligación de reparación de los daños y perjuicios causados a las víctimas, y que se cree una autoridad independiente para velar por su cumplimiento y monitorizar la vulneración de derechos fundamentales.

Una deuda con la igualdad

Numerosas instituciones europeas e internacionales de protección de los derechos humanos llevan muchos años instando a España a dotarse de una Ley integral de Igualdad de Trato y No Discriminación. El Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, ambos de Naciones Unidas, o la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI, por sus siglas en inglés) han incluido en varios de sus informes sobre España la recomendación de aprobar esta norma, imprescindible para consolidar un régimen normativo eficaz que aborde todas las formas de discriminación que sufren muchas personas en nuestro país.

Mientras que el Código Penal ha incorporado muchas mejoras en los últimos tiempos para combatir los delitos de odio, esto es, los ataques racistas más graves, las discriminaciones más habituales y cotidianas que enfrentan las personas pertenecientes a colectivos no mayoritarios siguen sin ser contempladas en la normativa vigente y sin disponer de una ley propia que viene reclamándose desde su primer proyecto de Ley en 2011. Por ello, bajo el hashtag #DeudaConLaIgualdad, las entidades que integran esta alianza quieren incidir en la necesidad de su aprobación ante la ciudadanía. 

Víctimas sin resarcir

Las entidades que impulsan esta Alianza llevan muchos años trabajando con víctimas de distintas formas de racismo, xenofobia y antigitanismo, y conocen de primera mano las consecuencias directas para estas personas de la ausencia de un marco normativo adecuado; muchas han sido las ocasiones en las que personas que sufren vulneraciones de derechos en base a su origen racial o étnico han quedado sin resarcir adecuadamente por no existir un régimen de infracciones y sanciones. Por ejemplo, los casos en los que los superiores jerárquicos de una empresa instan a sus empleados a no dar servicio a personas pertenecientes a determinados grupos, identificaciones por perfil étnico o racial por parte de la policía, o cuando particulares se niegan a alquilar una vivienda a personas gitanas o de origen migrante. Todas estas situaciones no pueden denunciarse, simplemente porque nuestra normativa es insuficiente y dispersa, careciendo de un régimen sancionador para aquellos incidentes no constitutivos de ilícitos penales.

Por otro lado, hay situaciones en las que, a pesar de denunciar por vía penal, ha sido imposible lograr una sentencia condenatoria para el agente discriminador, habida cuenta de lo difícil que es probar en este tipo de procedimientos judiciales las situaciones discriminatorias. Así ha ocurrido en casos de denegación de acceso a personas gitanas o de origen migrante a restaurantes o locales de ocio, de acoso racista por parte de algunos vecinos y vecinas o de hostigamiento por parte de agentes de seguridad privada a mujeres gitanas en centros comerciales o supermercados.

Compromiso del Estado español

Este jueves 16 de julio culminaba ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el tercer Examen Periódico Universal al que se ha sometido el Estado español. Al igual que en las ediciones anteriores, varios han sido los Estados que han incluido, entre sus recomendaciones, la necesidad de aprobar una Ley integral de Igualdad de Trato. En esta ocasión, sin embargo, el Gobierno español ha expresado de manera muy contundente su compromiso con el impulso de esta norma, afirmando su voluntad de “aprobar próximamente la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación”, en la que se “ha previsto la creación de un organismo, que tendría el carácter de Autoridad para la Igualdad, encargado específicamente de promover y velar por la aplicación efectiva de esta legislación”, que contará “con autonomía y con personalidad jurídica, personal y presupuesto propio, que aplicará un régimen de infracciones y sanciones”.

Las organizaciones que forman parte de la Alianza por una Ley de Igualdad de Trato esperan que, en esta ocasión, el compromiso se materialice realmente. En ese sentido, recuerdan que una primera versión de este texto normativo se remitió al Congreso de los Diputados en 2011, tras más de dos años de trabajos preparatorios en los que participaron muchas organizaciones de la sociedad civil, aunque su tramitación se vio frustrada por la convocatoria prematura de elecciones. Desde entonces, se ha intentado en varias ocasiones retomar su tramitación, sin éxito.

Encuentro digital dedicado al “Refugio, racismo y discriminación ante la emergencia sanitaria”

En el marco de las actividades que Accem realizó por el Día Mundial de las Personas Refugiadas, se desarrollaron diversos Encuentros Digitales, siendo uno de estos el relativo a “Refugio, racismo y discriminación ante la emergencia sanitaria”, con la participación de Ángeles Solanes, presidenta del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica del Ministerio de Igualdad; Elena Arce, responsable del Área de Migraciones e Igualdad de Trato del Defensor del Pueblo; y Ana María Corral Juan, responsable del Departamento Confederal de Migraciones de UGT. La mesa fue moderada por Esther Peña, responsable del programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación por origen racial o étnico de Accem.

Se plantearon de inicio cuestiones tales como:

1- ¿Incremento del racismo y la desigualdad de trato hacia la ciudadanía diversa?

2- ¿Retroceso e involución en derechos civiles y libertades fundamentales?

La constatación de actitudes vulneradoras de derechos y libertades fundamentales, aparentemente consolidadas y reconocidas a la ciudadanía de origen diverso, detectadas con ocasión de la vigencia del estado de alarma, por la rápida propagación a nivel global de la Covid-19.

La contención de la epidemia y la protección de la salud pública de la población afectada, si bien constituye un objetivo relevante, no puede menoscabar ni quebrar ni retroceder en las conquistas sociales y normativas alcanzadas.

Las actitudes y acciones xenófobas contra personas/minorías de origen racial diverso en nuestro país, cuyo aumento es una realidad, están siendo alentadas por discursos políticos excluyentes que no tienen cabida en un estado democrático de derecho, atentatorios contra la dignidad del ser humano y la justicia social.

A la luz de la concienciación mundial sobre la brutalidad del racismo, es imprescindible tratar de valorar el impacto que la epidemia, las medidas normativas excepcionales decretadas o la continuidad en la ‘nueva normalidad’ tienen y tendrán sobre minorías vulnerables, algunas de ellas de origen extranjero. Un reto irrenunciable para que antes, ahora y después de la emergencia sanitaria, avancemos en la construcción de una sociedad plural e inclusiva libre de racismo y discriminación.

Se analizó el impacto que la emergencia sanitaria va a tener en la construcción de la sociedad diversa y/o si supondrá un retroceso, en la ‘nueva normalidad’ para las personas de origen no nacional y diverso en nuestra sociedad de acogida.

La discriminación múltiple que sufre la mujer inmigrante

Participamos en una mesa redonda dentro de las actividades por el Día de la Mujer del Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real).

En el marco de las actividades organizadas por el Día Internacional de la Mujer, dentro del marco del II Plan de Igualdad Municipal (2018- 2021), el Ayuntamiento ciudadrealeño de Valdepeñas organizó la charla “Mujer y Discriminación Múltiple”, que contó con la presencia de la responsable del Programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación por origen racial o étnico de Accem, a la que se sumó la responsable provincial de Fundación Secretariado Gitano de Ciudad Real y la responsable del área de mujer de CERNI.

El Centro Cultural “La Confianza” acogió un interesante debate en el que se expusieron diferentes situaciones discriminatorias que padecen las mujeres de origen no nacional, las mujeres gitanas y las mujeres con discapacidad. La jornada fue inaugurada por María del Mar Marqués, concejala de Servicios Sociales.

En la exposición planteada por la responsable del programa de Accem, Esther Peña, hizo mención a la discriminación múltiple de la mujer extranjera, por su género y origen diverso, y a la importancia de poder plantear medidas que tengan en cuenta la transversalidad de género para superar estas brechas. Dentro del marco contextual que marca la discriminación, en la que se entiende como una práctica ya normalizada en múltiples espacios, poco visible a la sociedad, con un marco normativo desconocido y una obligación del estado de derecho de crear legislación en igualdad de trato, Esther Peña añadió el desconocimiento por parte de las víctimas de las opciones con las que cuentan, la dificultad para reportar los incidentes, el aumento de manifestaciones racistas y las nuevas formas de racismo que se dan con las nuevas tecnologías.

Desde esta premisa, la apuesta de Accem bajo el amparo del 8 de marzo nos lleva a enfocar nuestra mirada sobre la mujer en su diversidad de origen y condición (refugiada, víctima de trata, menor no acompañada…) analizando distintas situaciones en la sociedad de acogida, y abogando por la igualdad real y efectiva de derechos y libertades de estas como sujeto individual, corrigiendo la invisibilidad, logrando una ciudadanía inclusiva de todas ellas.

La realidad estadística señala que casi la mitad de la población inmigrante son mujeres (46%). De esta población, muchas de las mujeres que trabajan lo hacen en el servicio doméstico, cuidando mayores y menores, alejadas del espacio publico y siendo más vulnerables a sus derechos como trabajadoras, en muchas ocasiones con cargas familiares (tanto en España y/o en sus países de origen, o incluso en otros países) y con múltiples obstáculos y dificultades administrativas para su incorporación laboral.

Siguiendo con las estadísticas, la pobreza en España indica que tiene rostro de mujer inmigrante, que los cuidados siguen estando confinados en el ámbito privado, dándose episodios de abusos laborales y sexuales en algunas situaciones.

Desde esta realidad, Accem, además de la atención integral que desarrolla con la población inmigrante, de los servicios de mediación intercultural y las acciones de participación comunitaria, lleva a cabo el Programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación por origen racial o étnico, que ofrece apoyo, información, asesoramiento y defensa legal ante situaciones discriminatorias y/o constitutivas de delitos de odio. Durante la charla, se ejemplificaron situaciones de discriminación por origen racial, atravesadas por la condición de mujer y las dificultades a las que se enfrentan.

Jornadas de Formación y Sensibilización en Delitos de Odio de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Asturias

El martes 11 de febrero de 2020, desde el Programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación por Origen Racial o Étnico de Accem participamos en las Jornadas de Formación y Sensibilización en Delitos de Odio organizadas por la Jefatura Superior de Policía Nacional de Asturias a través de las Delegaciones de Participación Ciudadana y Formación.

El objetivo general de estas Jornadas era establecer y fomentar capacidades para mejorar la sensibilización y formación de los/as policías en el reconocimiento, capacitación e investigación de los delitos de odio, así como acrecentar la cooperación y colaboración con las asociaciones sociales y ONG implicadas en la lucha y sensibilización contra este tipo de delitos.

Las Jornadas se desarrollaron a lo largo de tres días (del 10 al 12 de febrero) teniendo una duración de 17 horas, y contaron con la asistencia de 56 personas: agentes de Policía Nacional de todas las comisarías de Asturias.

Las temáticas trabajadas fueron las siguientes: normativa reguladora; legislación sobre discriminación y delitos de odio; aspectos de interés de las organizaciones del tercer sector en relación con los delitos de odio; programa TACLE.

Para abordarlas se contó con la presencia de los/as siguientes especialistas relevantes en la materia, entidades y organizaciones sociales: Fiscal Delegado en Asturias de Delitos de Discriminación y Odio y Delitos Informáticos; Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo; Inspector de Policía y Jefe de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio dependiente del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad; Inspector de Policía y Delegado de Participación Ciudadana de la Jefatura Superior de Asturias; Fundación Secretariado Gitano; Plena Inclusión; Xega; Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social- EAPN-AS y Accem.

Nuestra intervención se centró en dar a conocer a todos los participantes el desarrollo del cometido social y legal del programa de Accem en materia de lucha contra la discriminación racial o étnica y los delitos motivados por el odio a la diversidad racial. Presentamos nuestro Programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación por Origen Racial o Étnico, así como los ámbitos en los que mayoritariamente se encuentra presente esta discriminación, destacando en el ámbito del acceso a la vivienda el rechazo creciente de las comunidades de propietarios a inquilinos de origen no nacional; el desconocimiento de instituciones y profesional sanitario del derecho establecido a la asistencia sanitaria gratuita de las personas de origen no nacional; los problemas para detectar la discriminación (normalización e infradenuncia) y las claves y estrategias para fomentar el trabajo en red.

Se incidió asimismo en el asesoramiento social y la defensa legal a las potenciales víctimas de discriminación racial que se proporciona desde el programa, ante el caso concreto sea discriminatorio y/o constitutivo de delito de odio, destacando de igual modo, a pesar de la infradenuncia, el incremento paulatino de casos e incidentes.

Estas jornadas constituyeron un punto de partida muy importante que nos permitió visibilizar nuestro trabajo y establecer vínculos que potencian el trabajo en red. Cabe destacar el gran interés mostrado por los/as asistentes a lo largo de nuestra intervención, resaltando la importancia de continuar estableciendo estrategias de cooperación y colaboración para mejorar y reforzar la lucha y sensibilización contra los delitos de odio.