Desde Accem, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, el pasado mes de marzo, ya manifestamos la necesidad e importancia de aprobar en nuestro país una ley de igualdad de trato y contra las distintas formas de discriminación.

La discriminación por origen racial, étnico o nacional continúa siendo un hecho en España, una realidad que se observa tanto en el ámbito privado como en el público y en todas las esferas de la vida cotidiana: empleo, vivienda, educación, sanidad, medios de comunicación, seguridad ciudadana, acceso a bienes y servicios, etc. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas ya amonestó, en su informe de 2016, a España por no haber aprobado una ley específica que debería ofrecer protección y seguridad jurídica a todas las potenciales víctimas de hechos discriminatorios.

En coherencia con este planteamiento, el pasado 3 de julio participamos, junto a representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil, en la Jornada Parlamentaria que se celebró en el Congreso de los Diputados con motivo de la Proposición de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la Mesa del Congreso en febrero de 2017 con el objetivo de impulsar y complementar el marco legislativo de lucha contra la discriminación.

A partir del cuerpo normativo europeo, es necesario aprobar una ley que sea eficaz para todas las personas que sufren discriminación. Una ley que se apruebe desde las organizaciones, desde la ciudadanía diversa y que se constituya como una herramienta útil de reconocimiento y garantía para el ejercicio y disfrute de derechos. La ley que se ha presentado y que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria debe reconocer que la dificultad de la lucha contra la discriminación no radica únicamente en el reconocimiento del problema sino también en la protección real y efectiva de las víctimas.

La ley que se apruebe debe ser una ley de auténtico derecho antidiscriminatorio, y no una mera transposición de los objetivos y fines de las Directivas europeas 2000/43/CE y 2000/78/CE, relativas a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas con independencia de su origen racial o étnico, y al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y ocupación. La futura Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación debe ser ambiciosa e ir más allá de una adecuada incorporación de las normas comunitarias (de obligada aplicación en cada estado miembro).

En este momento, y concretamente a partir del próximo mes de septiembre, la proposición de ley entra en una fase de análisis crítico, en la que las organizaciones sociales, como Accem, podrán participar a través de propuestas de mejora que contribuyan a mejorar la eficacia de este instrumento normativo.

Desde Accem creemos fundamental la aprobación de esta ley, que desarrolla el contenido del artículo 14 de la Constitución Española dedicado a garantizar el derecho a la igualdad y el mandato constitucional que señala que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que esa igualdad sea real y efectiva, como elemento esencial de la dignidad de la persona, como avance hacia la consecución de una democracia plena en una sociedad diversa y plural como la nuestra. La Ley Integral deberá ser una respuesta amplia y eficaz para garantizar el ejercicio y disfrute de los derechos y libertades fundamentales de cada ser humano.