Discriminación racial y étnica en el acceso a una vivienda

“A inmigrantes no alquilamos”, “a esa gente no la queremos”, “extranjeros no”… y negativas de este tipo se escuchan a diario por personas inmigrantes y solicitantes y/o beneficiarios/as de protección internacional, cuando pretenden alquilar una vivienda o, en el mejor de los casos, se les piden requisitos contrarios a derecho, como solicitud de fianzas de cuatro meses o incluso anuales.

Sevilla, sede territorial de Accem en Andalucía, desde donde se desarrolla también el Programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación por Origen Racial o Étnico, es una de las ciudades de España con más plazas de acogida temporal en la red estatal habilitada en materia de asilo y refugio.

La situación de mayor vulnerabilidad en la que se encuentran las personas refugiadas está siendo aprovechada por propietarios- arrendadores e inmobiliarias- para beneficiarse y alquilar en unas condiciones precarias con precios muy elevados, vulnerando el principio constitucional de igualdad de trato y no discriminación del artículo 14 de la Constitución Española (CE), informador de todo el ordenamiento jurídico vigente.

Del racismo a la diversidad como negocio

No se trata de una situación particular ni de casos puntuales sino de una denuncia que hemos lanzado en multitud de ocasiones.

El pasado año, diferentes organizaciones del tercer sector, entre ellas Accem, nos reunimos con el Defensor del Pueblo Andaluz para denunciar lo que estaba ocurriendo. Un año después, después de conocer los datos sobre la pobreza de la EAPN-A en Sevilla, corroborados por nuestra propia experiencia cotidiana, la situación descrita y denunciada lejos de mejorar… va cada vez peor. El fenómeno de la burbuja turística que azota a otras capitales como Madrid y Barcelona se está acrecentando en Sevilla. Esto ha hecho que las personas busquen vivienda fuera del centro de la ciudad, así como que los precios de los alquileres suban de forma desorbitada, perjudicando en mayor medida a las personas en situación de vulnerabilidad por su condición de inmigrantes y/o refugiados/as.

A ello le sumamos el conocimiento que tanto propietarios particulares como inmobiliarias tienen sobre las ayudas económicas para personas solicitantes de protección internacional. Así, familias sirias refugiadas de cinco o seis miembros están pagando entre 600 y 720 euros al mes de alquiler en zonas muy humildes de la capital andaluza como Los Pajaritos o La Candelaria, donde el alquiler habitual no supera los 400 €.

Se están lucrando empresas e inmobiliarias a costa de colectivos como las personas refugiadas. Tenemos conocimiento de la compra por parte de empresas de bloques enteros de pisos en estas zonas más humildes de la ciudad. Suben los precios de manera desorbitada al ver la demanda y/o excluyen a determinadas nacionalidades (sobre todo a marroquíes o subsaharianos). Hemos constatado que dicen un precio cuando llamamos como ONG y otro diferente cuando nos hacemos pasar por personas particulares, modificando precios y condiciones contractuales del arrendamiento demandado.

La reflexión desde nuestro equipo en Sevilla es clara: estamos creando guetos, zonas de exclusión social, en función del origen, nacionalidad o condición de vulnerabilidad, como en Italia o en Francia. Esta constatación es diametralmente contraria a nuestra política pionera de integración con dispositivos de acogida en barrios normalizados, orientada a generar convivencia social pacífica y ciudadanía inclusiva.

Por todo ello, conviene tener muy presente que tales comportamientos descritos, realizados por propietarios -particulares y/o empresas y portales inmobiliarios-, son cotidianos y, hasta la fecha, exentos de sanción alguna, cuando es notorio su ilicitud.

Vulneración del principio de igualdad de trato y no discriminación

El hecho de aludir al origen de los ocupantes (las personas inmigrantes/refugiadas) como si constituyeran una categoría diferente de inquilinos, como causa de exclusión, unida a las graves dificultades de arrendamiento efectivo de una vivienda y a las modificaciones y abusos contractuales en el caso de poder alquilar, es constitutivo de infracción por vulneración del principio informador del ordenamiento jurídico español contenido en el artículo 14 de la CE, Igualdad de Trato y No discriminación, y de los propios principios rectores de la propia norma aplicable (LAU) sobre el derecho de obligaciones (contratos) vigente en el Código Civil vigente.

Aún más, las inmobiliarias, como prestadoras de servicios públicos, no pueden no alquilar un piso a inmigrantes por ser inmigrantes y/ o abusar en las condiciones contractuales del arrendamiento porque podrían incurrir en un delito de odio, tipificado en el art 512 del Código Penal vigente (de los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución) cuyo tenor literal es rotundo:

“Los que en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales denegaren a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, por razones de género, enfermedad o discapacidad, incurrirán en la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio e inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por un periodo de uno a cuatro años”.

Toda inmobiliaria, en tanto agente privado o particular prestador de un servicio público no puede negar o excluir con condiciones leoninas contrarias a derecho, el alquiler a una persona por su origen, nacionalidad o pertenencia a grupo étnico.

Es necesario seguir dando voz, denuncia y visibilidad a hechos discriminatorios tan graves que afectan a un derecho básico como es el acceso a una vivienda en alquiler para colectivos vulnerables, por razón de su origen racial o étnico o nacionalidad. Por ello, reivindicamos una vez más, la pertinencia de la promulgación de la Ley Orgánica en materia de Igualdad de Trato y No Discriminación que posibilite, entre cuestiones de mayor calado social, la sanción de conductas atentatorias contra derechos fundamentales de las personas en situaciones de abuso y exclusión descritas.

Desde Accem creemos fundamental la aprobación de esta ley, como desarrollo del contenido del artículo 14 de la Constitución (prohibición de motivos discriminatorios), cumpliendo el mandato constitucional, contenido en su artículo 9.2, de la obligación de los poderes públicos de remover los obstáculos y promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, como elemento esencial de la dignidad de la persona , como avance hacia la consecución de una democracia plena en una sociedad diversa y plural como la nuestra (art.10).

Actividad de sensibilización sobre discriminación en Asturias con profesionales de la intervención

El 7 de noviembre de 2019 en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo tuvo lugar la actividad de sensibilización con profesionales “Libres de discriminación: intervención socio-educativa en igualdad de trato”, actividad enmarcada dentro del Programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación por Origen racial o Étnico de Accem, en la que participaron doce personas, alumnado del Máster Universitario de Intervención e Investigación Socioeducativa.

A lo largo de la actividad, consistente en una sesión de dos horas de duración, las personas asistentes reflexionaron sobre las diversas formas de discriminación a las que están expuestas las personas inmigrantes y solicitantes de protección internacional en nuestro país.

La finalidad del taller impartido era facilitar herramientas y recursos para la detección de situaciones y/o hechos constitutivos de discriminación y desigualdad de trato por origen racial o étnico, dotando a los participantes de conocimientos teóricos y prácticos para trabajar tanto en prevención como en atención y asistencia a las potenciales víctimas de discriminación racial o étnica.

En el futuro, como profesionales de la intervención social que serán, podrán desempeñar diversas funciones relacionadas con la atención y apoyo a colectivos vulnerables, la atención a la diversidad o la intervención con grupos y comunidades, entre otras. En este sentido, la sensibilización y capacitación de este colectivo en temas vinculados a la igualdad y a la no discriminación podrá ser de especial utilidad y relevancia para su práctica profesional venidera.

Esta sesión formativa sirvió para tomar conciencia acerca de las diversas formas de discriminación e intolerancia a las que están expuestas las personas inmigrantes y refugiadas en nuestro país y para dar a conocer experiencias de intervención social que se están llevando a cabo para la atención a las víctimas.

Acuerdos y declaración de la VII Reunión de la RIOOD

La Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación (RIOOD), de la que Accem forma parte, celebró los pasados días 24 de octubre y 12 de noviembre su VII Reunión Ordinaria.

Accem forma parte de la RIODD desde el año 2016. La misión de esta red consiste en contribuir a la lucha contra todas las formas de discriminación mediante la articulación de sus integrantes, el intercambio y producción de información y la coordinación de acciones individuales y conjuntas que busquen erradicar este fenómeno en todos los ámbitos, públicos y privados.

En esta ocasión, la Secretaría Técnica de la RIODD, presidida por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de México (CONAPRED) y la Presidencia, a cargo de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas de Guatemala (CODISRA), estimaron que, ante la falta de quorum para realizar la reunión presencialmente, se desarrollaría a distancia, con la asistencia de medios tecnológicos adecuados a tal fin, y todo ello de conformidad con lo preceptuado estatutariamente.

Representando a Accem estuvo presente la responsable del Programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación por Origen Racial o Étnico, Esther Peña, desde las instalaciones en Madrid de la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, que también forma parte de la RIODD.

Acuerdos de la Asamblea General de la RIODD

La Asamblea General de la RIODD determinó, con fundamento en los artículos 14, 36, 37 y 38 del Estatuto vigente, la adopción de los siguientes acuerdos:

1.- Se aprueba en lo general la estructura del “Informe Iberoamericano sobre la Atención a la Discriminación” y el “Atlas del Derecho a la No Discriminación en Iberoamérica”.

2.- Se aprueban las propuestas sobre mantener la naturaleza de la RIOOD; la elaboración de una planeación estratégica a largo, mediano y corto plazo, así como las propuestas sobre el equilibrio de temas y mecanismos de participación contenidos en el documento “Análisis del funcionamiento de la RIOOD”, elaborado por la Comisión de Transición. Con base en ello, se insta a la Comisión de Estatutos reactivar sus trabajos a partir del 15 de noviembre de 2019 para que se realicen las adecuaciones y adiciones pertinentes en un plazo no mayor a 3 meses.

3.- Se aprueba la conformación de las siguientes comisiones:

  • Comisión de financiamiento, cuyo objetivo será la identificación de recursos o procesos de cooperación para abonar al funcionamiento y productos de la RIOOD. Estará integrada por Accem; el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad del Gobierno de España; la Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior de Colombia; CONAPRED; el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) de Argentina y la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe (ILGA-LAC).
  • Comisión de garantías o de evaluación de ingresos, permanencia y desincorporación, que tendrá como objetivo identificar y proponer los criterios y lineamientos que deberán estipularse en el estatuto para el ingreso, incorporación y desincorporación de integrantes con el fin de garantizar criterios claros y objetivos que no estén en detrimento del espíritu de la RIOOD.
  • Comisión de plan de trabajo, cuyo objetivo será la elaboración de la propuesta de plan de trabajo y presupuestario. Para este fin, la comisión de transición transitará a la conformación de dicha comisión, que será presidida por CONAPRED y que entregará una propuesta a más tardar febrero de 2020. Se instará a los integrantes a sumarse a los trabajos de dicha comisión.
  • Comisión de asistencia técnica, que sustituye a la comisión de casos emblemáticos y que tendrá como objetivo ser un mecanismo de consulta y cooperación entre los integrantes u otros actores que lo soliciten, partiendo de la premisa de que la RIOOD es un espacio especializado en materia de igualdad y no discriminación.

4.-. La comisión del decenio afrodescendiente elaborará una propuesta para llevar a cabo una reunión (virtual o presencial) para identificar acciones conjuntas en el marco del decenio.

5.- Se aprueba la realización de la VII Reunión Extraordinaria en el marco de la Semana de Solidaridad con los Pueblos que Luchan contra el Racismo y la Discriminación Racial, que se llevará a cabo los días 24 y 25 de marzo de 2020 en Guatemala y que será organizada por la CODISRA.

6.- Se aprueba la adopción de la declaración conjunta de la VII Reunión Ordinaria de la RIOOD, aceptando e incorporando en la misma, los cambios y sugerencias propuestos por Accem.

Declaración de la VII Reunión Ordinaria de la RIOOD

A continuación, exponemos el contenido de la Declaración de la VII Reunión Ordinaria de la RIOOD:

1. Estamos conscientes de los retos que aún enfrentan las sociedades contemporáneas en materia de la garantía, respeto, promoción y protección del ejercicio del derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación en la región de Iberoamérica, incluyendo a España y Portugal, y alrededor del mundo;

2. Reconocemos que existen personas y grupos de población que todavía enfrentan dificultades, obstáculos y limitaciones para el ejercicio y goce de sus derechos, tales como las personas migrantes, las personas solicitantes de protección internacional, las mujeres, los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, las niñas, niños y adolescentes, las personas jóvenes, las personas mayores, las personas con discapacidad, las personas con orientaciones sexuales e identidades de género y características sexuales no normativas, las minorías religiosas, entre otras;

3. Tomamos en cuenta la importancia de abordar el fenómeno de la discriminación desde una perspectiva interseccional, integral y estructural para ofrecer alternativas y propuestas de legislación, políticas públicas, iniciativas civiles y acciones de cooperación internacional para el desarrollo eficaces que puedan ser implementadas y evaluadas;

4. Nos sumamos a lo expresado en el marco de la pasada Asamblea General de las Naciones Unidas por diversos mecanismos especiales relativos a la exacerbación de las tensiones sociales y raciales debido a los discursos de odio que incitan ataques con consecuencias letales en el mundo;

5. Sostenemos que el discurso de odio se ha convertido en un problema cada vez más frecuente y difundido en todo el mundo que amenaza la cohesión social, la seguridad humana, los valores democráticos, la estabilidad social y la paz;

6. Advertimos que la libertad de expresión no ampara ninguna expresión, narrativa o discurso de odio, ni la incitación a la discriminación, la xenofobia y formas conexas de intolerancia contra diversos grupos y personas en situación de vulnerabilidad;

7. Condenamos enérgicamente tales expresiones, narrativas y discursos de odio que difundan, inciten, promuevan o justifiquen cualquier forma de discriminación e intolerancia, tales como la xenofobia, el racismo y otras, sea en textos, imágenes, videos o cualquier forma de comunicación en línea y fuera de ella;

8. Conminamos a revisar jurídicamente las posibilidades de incorporar a las legislaciones de los países, en concordancia con los instrumentos internacionales, la tipificación de los delitos de odio como un ilícito penal;

9. Nos comprometemos a realizar todos nuestros esfuerzos, en el marco de nuestras competencias y ámbito de actuación, para:

  • Acompañar e implementar los compromisos internacionales plasmados en diversos instrumentos, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, para garantizar el compromiso de “No dejar a nadie atrás” como premisa para acabar con las inequidades, las desigualdades y la exclusión;
  • Promover acciones en el marco del Decenio Iberoamericano de la lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial (20202030), así como la Implementación de las recomendaciones del Plan de Acción del Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015- 2024) bajo el lema “Reconocimiento, Justicia y Desarrollo”;
  • Visibilizar y atender a las personas o grupos que sufren discriminación múltiple e interseccional, ya que esa discriminación acumulativa afecta a las personas de manera especial y concreta y merece particular consideración y medidas específicas para combatirla;
  • Contrarrestar la propagación de expresiones, narrativas y discursos de odio y mitigar sus consecuencias en la vida cotidiana de las personas;
  • Prevenir la difusión de los discursos o expresiones de odio e impulsar acciones para contrarrestarlos a través de contra narrativas y narrativas alternas;
  • Impulsar las acciones necesarias para promover el respeto en las sociedades y formular y aplicar las medidas que garanticen la libertad de expresión, así como el derecho a vivir una vida libre de violencia, a través de promover la tolerancia, la diversidad y una visión plural.

10. Celebramos la ratificación de la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia por parte del Estado mexicano, que se suma a la República Oriental de Uruguay, pues con ello dicho instrumento entrará en vigor y permitirá impulsar acciones para prevenir, eliminar, prohibir y sancionar todos los actos y manifestaciones de discriminación e intolerancia en la región, a fin de garantizar el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

11. Hacemos un llamado respetuoso para que los países de la Organización de Estados Americanos que no se han adherido a la citada Convención y a la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y las Formas Conexas de Intolerancia impulsen procesos de difusión, análisis y reflexión para la firma y ratificación de a ambos instrumentos y fortalecer nuestros marcos normativos para prevenir y eliminar la discriminación.

12. Exhortamos a los Estados de América para que, en el marco del año internacional de las lenguas indígenas, sigan implementando acciones tendientes a la recuperación y valorización de los idiomas de los pueblos indígenas. Asimismo, en el ámbito de las Naciones Unidas, exhortamos a los Estados de América a acompañar la iniciativa de establecer el decenio de las lenguas indígenas del mundo, propuesto en el 18 período de sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas.

13. Nos congratulamos con la iniciativa de establecer el Instituto Iberoamericano de las Lenguas Indígenas cuya propuesta será elaborada por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la Ciencia y la Cultura y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Latinoamérica y el Caribe (FILAC), que fortalecerá los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas en concordancia con la normativa regional e internacional.

Accem apoya a un joven víctima de una agresión xenófoba en Madrid

En la madrugada del 27 de octubre en torno a las cuatro de la madrugada, en el barrio madrileño de Aluche, se produjo una grave agresión a un joven de origen guineano. En su camino de regreso a casa, fue agredido por cinco individuos encapuchados al grito de “negro de mierda, ¿dónde vas negrito?”, que le dieron varios puñetazos y le rompieron dos botellas en la cabeza, dejándolo inconsciente tirado en la calle.

Una patrulla de la Policía Nacional se encargó de llamar a los servicios de emergencia, que le atendieron en el lugar de los hechos. Tuvo que ser hospitalizado por las diversas contusiones y cortes sufridos, necesitando puntos de sutura en la cabeza y en la mano derecha.

La víctima de estos hechos, constitutivos de un delito de odio por motivos racistas, previsto y penado en nuestro Código Penal, no quería denunciarlos por temor a que afectara de manera negativa a su situación administrativa en España, al desconocimiento de sus derechos como víctima de un delito y del apoyo y asesoramiento que organizaciones como Accem pueden brindarle en aras de evitar la invisibilidad e impunidad de agresiones intolerables como esta.

Nuestra entidad trabaja en el apoyo y asesoramiento a víctimas de actos de discriminación racial o étnica a través del Programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial y/o Étnica y del Servicio de Asistencia a Víctimas.

En este caso, desde Accem se le ofreció apoyo, asesoramiento legal y psicológico, al tiempo que se le informó de la transcendencia y gravedad de lo acontecido y su pertinencia de denuncia ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, siempre acompañado y asistido legalmente por el técnico y la responsable del programa de Accem de asistencia a víctimas.

La denuncia fue formulada y en la actualidad, y pese a lo complicado que pueda resultar localizar a las personas que le agredieron, los agentes policiales competentes han iniciado la investigación a través de la Brigada Provincial de Información.

Este caso es un buen ejemplo de las buenas prácticas realizadas tanto en el seno de Accem, con colaboración y actuación transversal entre los distintos dispositivos de la organización en Madrid y el programa estatal de asistencia a víctimas de discriminación, pero también por la rapidez y eficacia en la atención y asistencia a la víctima por parte de las fuerzas de seguridad y de la sanidad pública.

La respuesta dada no sólo evitará la infradenuncia y contribuirá a una resolución que no permita la impunidad de los agresores de este tipo de delitos sino, también, posibilitará el empoderamiento, conocimiento y confianza de las víctimas en la sociedad civil de acogida y en los mecanismos para su efectiva protección en derechos y libertades con independencia de su origen o nacionalidad.

Accem consigue revertir un caso de discriminación en el acceso al bono social eléctrico

Nuestros esfuerzos en la lucha contra la discriminación racial y/o étnica se dirigen a garantizar el derecho a la igualdad de trato de aquellas personas que, por razón de su origen racial o no nacional, constituyen colectivos vulnerables. Tal es el caso en el siguiente ejemplo de discriminación indirecta a una mujer migrante, relacionado con una mayor exigencia de requisitos para acceder al bono social de energía por parte de la compañía eléctrica Iberdrola.

Fue en septiembre de este año, a través del programa de “Asistencia a víctimas de discriminación racial o étnica” de Accem, cuando recibimos la consulta de una mujer, de origen no nacional, con tres menores a cargo, siendo ella la única referente familiar y económica. Nos trasladó la denegación sistemática del bono social de Iberdrola en los dos últimos años ya que le exigían el libro de familia de su país de origen para demostrar el carácter monomarental de su unidad familiar.

La discriminación indirecta sufrida era palmaria toda vez que, ante la insistencia de la solicitante de no disponer de tal documento, al no existir en su país de procedencia el elemento libro de familia, y tras haber aportado toda documentación requerida en la que se constataba fehacientemente, sin género de dudas, su condición monomarental, la eléctrica Iberdrola había concluido la denegando de la petición por insuficiencia documental.

La mujer afectada por este caso de discriminación es beneficiaria de protección internacional. Según la normativa aplicable, el empadronamiento y la documentación de los hijos, en la que se refleja la protección internacional subsidiaria extendida también a los menores, es suficiente y bastante en orden a la acreditación del citado requisito del carácter monomarental de la unidad familiar, sin que quepa pedir o inventar un requisito documental adicional por su condición de persona inmigrante con protección internacional reconocida.

Tras tres reclamaciones en las que se acreditó y se subrayó la situación de especial vulnerabilidad de la familia y su correcta y suficiente acreditación, se recibió la rectificación por parte de Iberdrola y la corrección y compensación económica de lo que se le debía haber aplicado en las facturas de los dos últimos años.

El caso descrito tuvo resultado positivo. El Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnico, del que Accem es parte integrante, logró revertir la situación discriminatoria contraria a derecho, apoyando, orientando, asistiendo social y legalmente a la víctima, aplicando las normas que garantizan, en el acceso a prestaciones y servicios públicos, la ausencia de discriminación alguna, haciendo efectivo el derecho fundamental a la igualdad de trato garantizado en nuestro ordenamiento jurídico.

En este punto, nos gustaría reflejar que la discriminación indirecta se produce cuando un criterio, práctica o disposición, aparentemente neutras, genera una desventaja particular hacia un colectivo que consideramos vulnerable de sufrir una discriminación.

En este caso, la normativa era clara en sus requisitos (Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica), pero la petición documental adicional e interpretación discriminatoria de la acreditación de una de las condiciones constituyó el obstáculo a la hora de acceder a un servicio público subvencionado por el que cumplía todos los requisitos.

Todas estas actuaciones se llevaron a cabo en el marco del trabajo del Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación por origen racial o étnico de Accem, dependiente del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, que financia el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.

 

 

 

“No quiero hacerlo, tengo miedo”

Con esta frase, una mujer marroquí, residente regularizada en España desde hace catorce años y residente en un barrio de la periferia de Madrid desde hace más de diez años, víctima de dos agresiones verbales contra su dignidad como persona, motivadas por el odio al diferente, expresaba su temor en su entrevista con el equipo del programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica de Accem.

En un primer episodio, esta mujer recibió de un viajero joven insultos racistas mientras ambos accedían al vestíbulo de la estación madrileña de Sol. Al llegar al vestíbulo, buscó a personal de Cercanías-Renfe o de seguridad de la estación, sin resultado positivo. La víctima responsabiliza al miedo y bloqueo que tenía, pero lo cierto es que no pudo localizar a nadie ni nadie le prestó atención.

Pensando que había podido zafarse de él, se metió en el ascensor para salir a la calle, pero instantes antes de que cerrase la puerta, el agresor se introdujo también en el elevador y continuaron los insultos. Antes de que volviese a cerrarse la puerta, la víctima salió del ascensor y decidió subir por las escaleras, escapando de su agresor sin que ningún otro viajero/a le auxiliara. No quiso realizar la oportuna comunicación/reclamación al Servicio de Viajeros de Cercanías y al Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid.

Varios días más tarde, la víctima, cuando se dirigía al trabajo que tiene por las tardes, como profesora de idiomas en las clases extraescolares del colegio donde estudian sus hijos, en una de las calles aledañas al centro educativo, uno de los padres de un compañero de su hijo mayor, le profirió presuntamente graves insultos racistas, la arrinconó en la calle, siguió insultándola y haciendo comentarios vejatorios por su origen no nacional. Cuando de nuevo pudo zafarse del agresor, este le escupió en la espalda. Pese al pánico vivido y el nerviosismo, no comentó nada en su centro laboral ni ninguna trabajadora reparó en ello.

Ante este último episodio, y conociendo al nuevo agresor, esta mujer, doblemente agredida en el espacio público por su origen, acudió a Accem y desde nuestro programa de asistencia a víctimas se le informó acerca de sus derechos y de la asistencia que se le podía ofrecer.

Una vez concretada la cita para acompañar y asistir a la víctima a la comisaría de policía para interponer la denuncia, la víctima decidió no hacerlo, no denunciaría los hechos. Según su relato, tenía miedo a que su último agresor pudiera tomar represalias contra ella, ya que tiene muy claro que ambos se conocen y coinciden en el centro educativo de sus hijos/as.

Este caso pone de manifiesto la realidad de la infradenuncia y sus causas diversas. Siendo muy importante que las víctimas de delitos de odio e incidentes discriminatorios conozcan sus derechos, se sientan acompañadas y asistidas por el equipo profesional experto, es aún insuficiente para combatir el miedo, el desconocimiento y la desconfianza de la víctima ante posibles represalias por parte de los/as agresores/as que pudieran afectar a su cotidianeidad personal y laboral.

Es por ello relevante seguir realizando acciones de sensibilización como los talleres dirigidos a potenciales víctimas de discriminación, para conocer las herramientas y mecanismos de protección disponibles, la legislación existente, ejemplos y experiencias de otras víctimas, nuestra metodología de trabajo y para reforzar la autonomía de sus decisiones, todo encaminado a su paulatino empoderamiento.

Consideramos que es importante la labor transversal de estas acciones de sensibilización y capacitación en derechos y libertades en nuestra organización, porque las personas pertenecientes a un colectivo vulnerable, como son las personas migrantes, en cualquier circunstancia, condición y lugar, pueden ser víctimas de discriminación o de hechos delictivos motivados por el odio a lo diverso, el odio al ‘otro/a’.

Taller sobre discriminación y trato igualitario con la Guardia Civil en León

El pasado 31 de octubre realizamos en la sede de la Comandancia de la Guardia Civil en León un taller sobre “Igualdad de trato y no discriminación: actuación frente a los delitos de odio”, dirigido a los miembros del instituto armado en León.

La celebración de esta jornada se enmarcó dentro de las acciones de sensibilización dirigidas a profesionales concernidos en la lucha contra la discriminación y los delitos de odio que están siendo impulsadas desde el programa de “Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico”, que desde Accem desarrollamos con la financiación del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI).

Mediante esta actividad, se pretendía visibilizar conceptos como ‘discriminación’ y ‘trato Igualitario’; mejorar la comprensión del fenómeno de la discriminación en general y la discriminación racial/ étnica en particular; e interactuar y compartir experiencias en el desempeño de las respectivas funciones entre las fuerzas de seguridad del estado y las organizaciones sociales.

Durante la jornada se pusieron en común herramientas y estrategias utilizadas para hacer frente a la discriminación racial o étnica, así como se resaltó la importancia de detectar, registrar y actuar ante los casos de discriminación e incidentes motivados por el odio al diferente.

La duración de la actividad fue de dos horas, en las que se presentó el programa de Accem, que actualmente se ejecuta en cuatro comunidades autónomas, se distinguieron los distintos tipos de discriminación racial o étnica, los ámbitos en los que se produce, se analizó el marco normativo existente y se abordó el incremento -jurídico y mediático- tanto de los delitos de odio con respecto al año anterior, a través de agresiones de naturaleza racista o xenófoba, como del discurso de odio en internet y las redes sociales.

Se hizo especial hincapié en la necesidad de delimitar el alcance del derecho a la libertad de expresión para calificar penalmente como hecho antijurídico los denominados delitos de odio, la protección y tutela de los derechos fundamentales de las personas y grupos susceptibles de padecer alguna forma de discriminación por motivos racistas, y la adecuación del reproche penal –tipicidad- transcendencia y gravedad punitiva (código penal vigente).

El objetivo de todo ello era, finalmente, conseguir una interlocución constante entre las fuerzas de seguridad y las organizaciones del tercer sector representativas de víctimas y/o colectivos vulnerables; mejorar el conocimiento y tratamiento policial en los incidentes de odio y poner sobre la mesa la relevancia del trato dado a las víctimas.

En la jornada participaron la técnica del programa de Accem de asistencia a víctimas en León, Teresa Álvarez Oría, y la responsable estatal del mismo, Esther Peña, que centraron sus intervenciones en los incidentes y delitos de odio, la aplicación de la norma penal sustantiva sobre la materia y la importancia de su correcta identificación, registro y actuación. El taller contó con la asistencia de 48 personas de diferentes rangos y escalas.

Desde el programa de “Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico” de Accem cabe destacar la relevancia de acciones de esta naturaleza entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE) y la sociedad civil, representada en organizaciones como la nuestra, por ser ambos actores en contacto permanente con colectivos vulnerables por razón de su nacionalidad y/o origen racial, susceptibles de ser víctimas reales y/o potenciales de discriminación y odio.

Ponencia dirigida al equipo de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delito

El pasado 9 de octubre, estuvimos presentes en el curso de “Asistencia a las víctimas especialmente vulnerables con particular referencia a las víctimas de delitos de odio”, organizado en Madrid por el Ministerio de Justicia y dirigido al equipo multidisciplinar de profesionales de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito.

La responsable del programa de Accem de “Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico”, Esther Peña, participó en la mesa redonda dedicada a “La perspectiva del tejido social y su experiencia en la atención social y defensa de las víctimas”, compartiendo debate con representantes de organizaciones también especializadas en sus respectivos ámbitos de actuación, como la Fundación Secretariado Gitano, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Hogar Sí y la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). Estuvo moderada por Karoline Fernández de la Hoz, presidenta del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE).

Durante el desarrollo del debate se expuso la experiencia de Accem con personas que son víctimas de incidentes discriminatorios y/o de delitos de odio. Se afirmó que la atención y asistencia a personas y colectivos especialmente vulnerables por razón de su origen no nacional/racial/étnico ha permitido que, en muchas ocasiones, las agresiones hayan podido llegar a los tribunales de justicia, y una vez judicializadas, se haya podido realizar un seguimiento acreditativo de su motivación discriminatoria, evitando la impunidad de los supuestos agresores.

Si se da visibilidad y voz a las personas en situación más vulnerable, se defienden sus derechos y sus libertades más fundamentales, se propicia una sociedad más inclusiva y diversa y se crea un motor de cambio social.

Esther Peña se reafirmó en su intervención en que las personas a las que se atiende son muy vulnerables al posible riesgo de exclusión en la sociedad española, comparten dificultades de integración y en la consolidación de sus derechos, tanto en el ámbito público como en el privado. “Las personas a las que se atiende están indefensas, tienen miedo y acuden con cierta cautela, temen perder aquello que han conseguido o que puedan conseguir en la sociedad española, lo que justifica el nivel de infradenuncia de los episodios de discriminación. Es por ello que se hace muy necesario el empoderamiento de estas víctimas para garantizar su eficaz asistencia y protección”.

Como entidad, el principal valor con el que cuenta Accem para trabajar con las víctimas de delitos de odio son la escucha activa, la información, el apoyo, la atención, el asesoramiento y defensa legal y rigurosa ante hechos indiciariamente discriminatorios y constitutivos de calificarse como ilícitos penales por razón de su diversidad. “La brevedad en la respuesta que se les ofrece, y si además es eficaz, permitirá no sólo una resolución acorde a la situación detectada sino también posibilitar el empoderamiento, conocimiento y confianza de las víctimas en la sociedad civil de acogida y los mecanismos para su efectiva protección”, aseveró Peña.

La exposición finalizó con varios ejemplos de casos de discriminación que desde el programa de “Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico” se han atendido y no estuvo exenta de polémica en el turno de palabra otorgado a los/as profesionales de las citadas oficinas, toda vez que, en algunas intervenciones, se responsabilizó a las víctimas de etnia gitana y a las personas migrantes de alguna determinada nacionalidad de dificultar y frustrar el desempeño laboral de los equipos profesionales de estas oficinas. Hechos que nos permiten concluir que es aún más necesario seguir avanzando en la sensibilización y capacitación en igualdad de trato y no discriminación, con acciones como esta, dirigidas a los agentes sociales y profesionales de la Administración Pública concernidos.

Avances con la consecución del Estatuto de la Víctima de Delito

Esta jornada, celebrada en la sede de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, dependiente del Ministerio del Interior, sirvió para hacer balance de la realidad jurídica que inaugura la aprobación hace seis meses de la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima de Delito, de 27 de abril, consecuencia del mandato imperativo de transposición de la Directiva Europea D2012/29/UE, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, al ordenamiento jurídico español. Esta ley reconoce no solo derechos en el ámbito del proceso penal sino, también, un catálogo general de derechos extraprocesales comunes a todas las víctimas.

Es cierto que España ya contaba con normativa propia para la protección de determinados colectivos de víctimas de delitos violentos, en distintas leyes con rango de orgánicas, relativas a la libertad sexual, de protección integral a las víctimas de violencia de género, del terrorismo y de protección jurídica al menor. Normas de obligada aplicación sustantiva y procesal desde el año 1996 a la actualidad más reciente que otorgaban a este tipo de victimas un tratamiento asistencial especifico y un nítido reconocimiento de derechos en el ámbito del procedimiento penal, si bien con resultados diversos. Pero no existía una norma procesal general para todas las víctimas de los delitos tipificados en el Código Penal, esto es, un estatuto general para las víctimas de todos los delitos, y, por tanto, que también incluyera a las víctimas susceptibles de sufrir ilícitos penales calificados como delitos de odio, es decir, hechos ilícitos cometidos contra personas y/o contra la propiedad por su pertenencia a una determinada religión, etnia, origen, sexo, enfermedad u orientación sexual, siendo éste el elemento nuclear de su comisión delictiva.

La Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima de Delito se refiere tanto a los servicios de apoyo como a los de justicia reparadora, que va desde el derecho a la protección, información, asistencia lingüística gratuita, traducción e interpretación, apoyo, asistencia jurídica, psicológica y social, a ser parte activa en el proceso penal y a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde el inicio, durante y con posterioridad al proceso, con independencia de si es parte o no en ese proceso e incluso con anterioridad al comienzo de este.

Los servicios de apoyo mencionados en el texto jurídico se traducen en la mejor regulación del cometido y naturaleza de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, entendidas como un espacio multidisciplinar de atención a las víctimas, con carácter público y gratuito, bajo la competencia del Ministerio de Justicia, creando para ello una red de oficinas de asistencia a las personas perjudicadas por la comisión delictiva que están localizadas en todas las comunidades autónomas y en casi todas las capitales provinciales, dentro de las sedes judiciales. El objetivo de estas oficinas es prestar una asistencia integral, coordinada y especializada a las víctimas como consecuencia del delito y dar respuesta a las necesidades específicas en el ámbito jurídico, psicológico y social.

 

Día de la Tolerancia – Accem reafirma su compromiso con una sociedad diversa e inclusiva

Con motivo del Día Internacional para la Tolerancia, que se celebra cada 16 de noviembre, desde Accem queremos reafirmar nuestro compromiso con una sociedad diversa e inclusiva como herramienta de transformación social.

El 12 de diciembre de 1996 fue proclamado, por la Asamblea General de las Naciones Unidas y por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el 16 de noviembre como Día Internacional para la Tolerancia. En la Declaración de Principios se afirma que “la tolerancia no es indulgencia o indiferencia, es el respeto y el reconocimiento de los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los otros”.

En Accem compartimos los valores y principios motores de la Declaración, como organización en defensa de la igualdad de derechos, deberes y oportunidades para todas las personas, con independencia del origen, género, origen nacional o étnico, orientación e identidad sexual, religión, opinión o grupo social.

La intolerancia conlleva formas de exclusión social y política, marginación de personas y/o grupos vulnerables, odio a todo lo diverso y discriminación. Por ello, y a pesar del tiempo transcurrido desde el origen declarativo, sigue siendo oportuno y necesario promover acciones positivas para garantizar la seguridad jurídica, la Igualdad de trato y no discriminación en derechos y oportunidades de los individuos y grupos socialmente vulnerables, como son la población refugiada y las personas inmigrantes.

Palabras y expresiones como xenofobia, discriminación, discurso de odio, agresión racista, expulsión inmigrantes… aparecen con frecuencia en los titulares de los medios de comunicación escritos y orales. Hemos escuchado de determinados partidos políticos, con ocasión de las sucesivas campañas electorales habidas en nuestro país recientemente, la intensificación de la intolerancia, la atribución de culpas y responsabilidades a las personas migrantes y refugiadas, a quienes se utiliza como chivo expiatorio de los distintos problemas y conflictos sociales. En definitiva, hemos asistido a cómo se fomenta un discurso de odio, xenófobo y discriminatorio, contrario al respeto de la diversidad social de nuestro país.

Desde Accem queremos decir que en ningún caso puede utilizarse tal argumentario para justificar el quebrantamiento y vulneración de los valores fundamentales que sustentan los derechos humanos, las libertades, el pluralismo político, la democracia y el estado de derecho. La tolerancia han de practicarla las personas, los grupos sociales y políticos y los estados.

La intolerancia constituye una amenaza real ante los ODS 

El XIV Encuentro Estatal de Accem tuvo este año como hilo conductor los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para transformar nuestro mundo: la Agenda 2030. La convivencia y promoción de los ODS, cuya meta es conseguir que la puesta en práctica de la Agenda para el Desarrollo afiance valores y principios universales como la solidaridad mundial, la inclusión social, la lucha contra la discriminación y la intolerancia, la igualdad de género, el fin de la pobreza, etc., constituye un eje fundamental de actuación presente y futura para quienes formamos parte de la entidad.

Desde Accem levantamos la voz contra cualquier forma de discriminación, difundimos y fomentamos la participación activa de la diversidad social, cultural, lingüística y étnica, y seguiremos contribuyendo a propiciar alianzas inclusivas a nivel local, regional y nacional entre los gobiernos y la sociedad civil responsable. Sigamos fortaleciendo los avances hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Accem informa de agresión racista en Madrid

Accem confirma que a través de su servicio gratuito de atención a víctimas de discriminación ha prestado asistencia a un hombre víctima de una agresión racista el pasado día 27 de octubre en el madrileño barrio de Aluche.

El joven fue atacado por un grupo de hombres encapuchados que le interpelaron al grito de “negro de mierda, ¿dónde vas negrito?” y después le agredieron con botellas de cerveza y puñetazos. La víctima perdió la conciencia hasta que llegaron los servicios de emergencia. Fue trasladado a un centro hospitalario donde recibió varios puntos de sutura.

La denuncia por la agresión racista se formalizó el jueves 7 de noviembre en una comisaría de policía de Madrid. El joven denunciante tiene 21 años, es de origen subsahariano y solicitante de protección internacional. En la actualidad se encuentra bien y está recibiendo seguimiento psicológico por parte de Accem.

Desde Accem queremos mostrar públicamente nuestro más contundente rechazo a cualquier agresión de carácter racista y xenófobo.

Accem forma parte de un servicio gratuito de orientación y asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico. Sus responsables subrayan la importancia de dar a conocer este servicio para luchar contra la discriminación y frenar los delitos de odio.