I Jornada sobre Delitos de Odio

Desde el Servicio para la Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnico y el Programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación por origen racial o étnico participamos en la I Jornada sobre Delitos de Odio “La Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los Delitos de Odio” organizadas por la Guardia Civil de Oviedo el pasado 14 de noviembre.

Durante la jornada realizada en la Comandancia de la Guardia Civil en Oviedo, dimos a conocer cómo trabajamos desde Accem la discriminación, los ámbitos en los que mayoritariamente se encuentra presente la discriminación, los problemas que tienen para detectarla, así como las claves y estrategias para fomentar el trabajo en red, para finalizar se realizó la presentación de los datos informe discriminación.

Uno de los puntos en los que se ha incidido, ha sido el de la necesidad de identificar correctamente las conductas de odio, recopilar e incluir en los atestados realizados los indicadores o indicios suficientes que permitan su imputación como tales por fiscales y jueces.

El fenómeno “ciberodio” que aprovecha Internet y las redes sociales para difundir masivamente discursos de odio y que en Accem trabajamos a través de la campaña #SaveAHater también ha sido un tema a tratar durante la I Jornada sobre Delitos de Odio.

Especialmente se ha instruido a los asistentes en la atención, protección y orientación a las víctimas de estos delitos, que sufren agresiones, discriminación y ataques a su dignidad y derechos por la mera pertenencia o apoyo a un grupo basado en una característica común (raza, nacionalidad, lenguaje, etnia, color, religión, edad, discapacidad, orientación sexual) o cualquier otro factor similar.

Retos para la asistencia a las víctimas de discriminación

Con la finalidad de sensibilizar e informar en materia de la lucha contra la discriminación y atención a la diversidad cultural, con especial atención en la población gitana y la población migrante de Murcia, hemos participado en la jornada llamada “Mecanismos de asistencia a las víctimas de discriminación racial o étnica. Retos para el futuro”.

La actividad, que se realizó el 6 de noviembre en Murcia, ha estado dirigida especialmente a los cuerpos de Policía local, así como el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y a  empleados públicos implicados en el principio de igualdad y no discriminación.

En total participaron un total de 63 personas, 47 pertenecientes a la administración pública (principalmente fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado) y 16 a entidades de tercer sector. La jornada sirvió para el fortalecimiento de la relación y el conocimiento mutuo entre el Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación, concretamente de la mesa territorial de Murcia, con el Fiscal de delitos de Odio y Discriminación de la Comunidad de Murcia y el Inspector Delegado de Participación Ciudadana de la Dirección General de Policía y La Guardia Civil.

Este encuentro ha sido organizado por la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública) con el Servicio de Asistencia y Orientación a Victimas de Discriminación Racial o Étnica y contó con la colaboración de la Mesa Territorial en Murcia del Servicio de Asistencia y Orientación a Victimas de Discriminación Racial o Étnica: Fundación Secretariado Gitano (FSG), Accem, Fundación Cepaim, Red Acoge y Cruz Roja Española.

En funcionamiento el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica

Doña Ángeles Solanes ha sido nombrada nueva presidenta del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, organismo de Igualdad adscrito a la Secretaría de Estado de Igualdad, a través de la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad. La Dirección de Accem estuvo presente en el acto de nombramiento que se celebró el día 25 de octubre de 2018, durante el cual el Gobierno recupera el normal funcionamiento del Consejo.

Las competencias del Consejo consisten en ejercer con independencia la prestación de asistencia a las víctimas de discriminación por su origen racial o étnico, promoviendo medidas que contribuyan a eliminar la discriminación de las personas por el origen racial o étnico, formulando, en su caso, recomendaciones sobre cualquier cuestión relacionada con dicha discriminación y la realización de estudios y publicación de informes relativos a esta materia.

Ángeles Solanes ha destacado la relevancia del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica como referente social en la lucha contra el racismo y la xenofobia. Para ello es necesario dotarle de la independencia necesaria para el buen desarrollo de sus funciones y fomentar la colaboración entre todos sus integrantes para la lucha efectiva contra el racismo.

 

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Juicio a la discriminación racial en el IES Lope de Vega

Hemos llevado a cabo un taller de sensibilización dirigido a alumnos y alumnas del cuarto curso de educación secundaria obligatoria del IES Lope de Vega de Madrid titulado “Juicio contra la discriminación racial o étnica”. Mediante la escenificación del acto de un juicio oral en el orden jurisdiccional penal de nuestro ordenamiento procesal criminal vigente, se pretendió hacer ver la relevancia de la Igualdad ante la Ley, la igualdad de las personas con independencia de su origen y/o condición en el ámbito de la Administración de Justicia. Asimismo, se buscó promover la empatía con la diversidad y la eliminación de los prejuicios y estereotipos que provocan situaciones discriminatorias.

Para ello, se elaboró un caso “ad hoc” notoriamente conculcador del principio constitucional de Igualdad ante la Ley que se facilitó al alumnado participante, con la asignación y explicación de los papeles de los distintos operadores jurídicos intervinientes en el proceso (Tribunal, Ministerio Fiscal, Defensa, Acusados/as y Jurado). Cada operador jurídico escenificó muy bien el papel que tenía asignado, y se logró una actividad que fue valorada positivamente, tanto por el alumnado como por el propio profesorado

El IES Lope de Vega de Madrid está ubicado en el barrio de Universidad, dentro del distrito Centro. Esta ubicación se caracteriza por una gran diversidad de nacionalidades que se refleja en las aulas de los Centros Educativos.

Es la primera ocasión que Accem acude a este Centro Educativo, y pretende poder seguir una línea de acción que continúe a lo largo del curso escolar. El objetivo de esta actividad es contribuir a educar y fomentar en el alumnado actitudes, y compromisos encaminados a luchar por la igualdad de trato y la no discriminación.

La importancia de trabajar con esta edad es muy relevante. En la adolescencia se tiene una visión clara y amplia del racismo y sus implicaciones, y son capaces de distinguir y narrar experiencias en torno a él. Así mismo, reclaman que se hable de racismo, que se trate abiertamente, que sus vivencias y percepciones se tengan en cuenta y reciban algún tipo de respuesta por parte de la población adulta.

En total, se impartieron dos sesiones de dos horas de duración cada una a finales de octubre de 2018, con dos grupos de alumnos y alumnas de edades comprendidas entre los 14 y 17 años. Asistieron 64 participantes, con origen diverso, además del profesorado y el equipo de orientación.

El taller se impartió a través del “Programa de asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico”, financiado por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), y tuvo una muy buena acogida por parte del alumnado y del profesorado.

La tolerancia, ni indulgencia ni indiferencia: respeto

Bajo este lema se conmemora Día Internacional Para la Tolerancia el próximo 16 de noviembre de 2018. Principio nuclear que cobra una especial relevancia dado los numerosos conflictos y comportamientos xenófobos, y de desigualdad de trato, individual o colectivos, que menosprecian y vulneran los derechos fundamentales reconocidos a las personas.

En 1995, los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) adoptaron la Declaración de Principios sobre la Tolerancia en la que se afirma, entre otras cosas, que “la tolerancia no es indulgencia o indiferencia, sino que es el respeto a la diversidad social”.

La tolerancia implica el reconocimiento de los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los otros/as. Las sociedades del siglo XXI son diversas y plurales. La tolerancia al diferente, garantiza sociedades de acogida inclusivas y no excluyentes. La diversidad social, cultural, lingüística y étnica no debería constituir motivo de conflicto sino un valor añadido parar todos/as.

Por ello, cuando hablamos de respeto y de tolerancia, debemos seguir avanzando hacia una auténtica obligación de cumplimento efectivo y garantista para los Estados e individuos y/o grupos que los conforman, y no circunscribirlo a una mera declaración de voluntad.

La desigualdad de trato, la exclusión social, la violencia, la discriminación, el racismo y la xenofobia son formas comunes de intolerancia, cuyas consecuencias más graves pueden llegar a constituir delitos de odio, previstos tipificados y perseguibles por el derecho penal de los Estados.

La celebración también este año 2018 del 70º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948; es una gran oportunidad para consolidar la corresponsabilidad social, normativa y defender los derechos de todos/as. A su vez, España celebrará el próximo 6 de diciembre el 40º  aniversario de la Constitución de 1978 cuyas normas articulan el respeto a la diversidad, a los derechos fundamentales ajenos, así como la obligación del estado de garantizarlos.

Accem comprometida en la defensa de los derechos fundamentales como herramienta de transformación social; aboga y promueve la igualdad de derechos, deberes y oportunidades con independencia de su origen, sexo, raza, religión opiniones o grupo social; por ello nos unimos a la campaña  Juntos que ha lanzado las Naciones Unidas para promover la tolerancia, el respeto, la seguridad y la dignidad en todo el mundo. Tiene por objetivo reducir las percepciones y actitudes negativas hacia los refugiados y los migrantes, además de fortalecer el contrato social entre los países y las comunidades de acogida y los refugiados y migrantes.

Entidades sociales denuncian las dificultades para encontrar viviendas de alquiler

El pasado 16 de octubre la Defensoría del Pueblo Andaluz recibió a una delegación del Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica, del que Accem forma parte, en una reunión en la que se puso sobre la mesa la problemática que estamos viviendo las organizaciones sociales para encontrar viviendas de alquiler para las personas beneficiarias de los distintos programas de apoyo a la población en situación vulnerable.

La discriminación en el acceso a una vivienda es algo que ha sido denunciado desde las entidades sociales de manera reiterada. Nos referimos con esto a las actitudes y comportamientos de corte racista y discriminatorio a la hora de alquilar o no una vivienda a una persona o una familia de origen migrante o perteneciente a alguna minoría.

En los últimos tiempos, sin embargo, se ha observado una dinámica que sí es más novedosa y que desde el Servicio de Asistencia a Víctimas se quiere visibilizar, en este caso en Andalucía. Una situación que estaría afectando de una manera muy particular a las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional. Así, y según denuncian las organizaciones, propietarios y empresas inmobiliarias estarían alquilando sus viviendas a precios sensiblemente superiores a los del mercado cuando son destinados a personas refugiadas a través de las entidades sociales.

La propiedad de los pisos, sabedora de la cuantía máxima de las ayudas al alquiler que se conceden desde el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, estaría utilizando esta información pública para pedir las máximas cantidades posible, pese a que los pisos ofertados, por su estado o ubicación, deberían tener un precio mucho más bajo de acuerdo a sus características y a los precios del mercado.

Susana Larios, técnica de igualdad del programa de asistencia a víctimas de la discriminación de Accem, explica esta perversa dinámica en declaraciones a El Diario: “Muchos arrendadores e inmobiliarias están comprando viviendas en zonas desfavorecidas de Sevilla, como ‘Los Pajaritos’, a unos precios muy bajos para después arrendarlos a los solicitantes de asilo a unos precios desorbitados para esas zonas”.

> Lee aquí la noticia completa publicada en El Diario.

Junto a estos problemas existen otros añadidos, como la exigencia por parte de los arrendadores del pago de antemano de un número superior al habitual de meses de alquiler en concepto de fianza, o como los mayores problemas que se encuentran las familias con menores a cargo y las familias monomarentales, ante la creencia del propietario de que si finalizan las ayudas y se produce una situación de impago les resultará más difícil conseguir el desalojo de la familia.

En la reunión celebrada, recibió a las entidades Luis Pizarro, adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz, asistiendo varios representantes del Servicio de Asistencia a Víctimas, del que forman parte ocho organizaciones: Accem, Fundación Secretariado Gitano, Movimiento contra la Intolerancia, Fundación Cepaim, CEAR, Movimiento por la Paz, Cruz Roja y Red Acoge. Este  servicio depende del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

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Indignación ante los insultos racistas en un vuelo de Ryanair

Comunicado del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica, del que Accem forma parte, ante los insultos racistas que se han producido en un vuelo de Ryanair.

El Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnico mostramos nuestro malestar ante los graves incidentes racistas ocurridos el pasado viernes, en un vuelo de Ryanair de Barcelona-Londres, donde un hombre increpó a una mujer jamaicana diciéndole “no quiero sentarme junto a tu fea cara, tu puta fea cara”, “bastarda negra y fea”.

Este no es un hecho aislado de nuestra sociedad, son actos que se vienen repitiendo una y otra vez, como fue el caso reciente en el metro de Madrid en el que una mujer negó el asiento a una niña, por no ser española y criticó a los inmigrantes que llegaban a nuestro país “a robar el trabajo”.

Se trata de hechos de extrema gravedad que atentan contra las personas por su origen racial o étnico, que ven vulnerados sus derechos y libertades fundamentales como son la dignidad humana, el derecho a la igualdad y la no discriminación y que precisan de respuestas contundentes.

Por ello, lamentamos la falta de una respuesta adecuada por parte de la compañía, que no solo no tomó medidas contra el agresor, sino que decidió cambiar de asiento a la víctima.

Estos comportamientos racistas nos retrotraen a épocas en las que se negaba el acceso a los espacios públicos a las personas por su origen racial como técnicas de segregación racial.

Ante estos hechos racistas que atentan contra derechos fundamentales de las personas solicitamos que se denuncie y se tomen las medidas oportunas por parte de las autoridades, y que se actúe con contundencia para que hechos como éste no vuelvan a repetirse.

Ante la discriminación no te calles, en el Servicio te podemos ayudar

 

La Ley de Igualdad de Trato debe ser una herramienta eficaz para la protección real de las víctimas de discriminación

Desde Accem, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, el pasado mes de marzo, ya manifestamos la necesidad e importancia de aprobar en nuestro país una ley de igualdad de trato y contra las distintas formas de discriminación.

La discriminación por origen racial, étnico o nacional continúa siendo un hecho en España, una realidad que se observa tanto en el ámbito privado como en el público y en todas las esferas de la vida cotidiana: empleo, vivienda, educación, sanidad, medios de comunicación, seguridad ciudadana, acceso a bienes y servicios, etc. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas ya amonestó, en su informe de 2016, a España por no haber aprobado una ley específica que debería ofrecer protección y seguridad jurídica a todas las potenciales víctimas de hechos discriminatorios.

En coherencia con este planteamiento, el pasado 3 de julio participamos, junto a representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil, en la Jornada Parlamentaria que se celebró en el Congreso de los Diputados con motivo de la Proposición de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la Mesa del Congreso en febrero de 2017 con el objetivo de impulsar y complementar el marco legislativo de lucha contra la discriminación.

A partir del cuerpo normativo europeo, es necesario aprobar una ley que sea eficaz para todas las personas que sufren discriminación. Una ley que se apruebe desde las organizaciones, desde la ciudadanía diversa y que se constituya como una herramienta útil de reconocimiento y garantía para el ejercicio y disfrute de derechos. La ley que se ha presentado y que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria debe reconocer que la dificultad de la lucha contra la discriminación no radica únicamente en el reconocimiento del problema sino también en la protección real y efectiva de las víctimas.

La ley que se apruebe debe ser una ley de auténtico derecho antidiscriminatorio, y no una mera transposición de los objetivos y fines de las Directivas europeas 2000/43/CE y 2000/78/CE, relativas a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas con independencia de su origen racial o étnico, y al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y ocupación. La futura Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación debe ser ambiciosa e ir más allá de una adecuada incorporación de las normas comunitarias (de obligada aplicación en cada estado miembro).

En este momento, y concretamente a partir del próximo mes de septiembre, la proposición de ley entra en una fase de análisis crítico, en la que las organizaciones sociales, como Accem, podrán participar a través de propuestas de mejora que contribuyan a mejorar la eficacia de este instrumento normativo.

Desde Accem creemos fundamental la aprobación de esta ley, que desarrolla el contenido del artículo 14 de la Constitución Española dedicado a garantizar el derecho a la igualdad y el mandato constitucional que señala que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que esa igualdad sea real y efectiva, como elemento esencial de la dignidad de la persona, como avance hacia la consecución de una democracia plena en una sociedad diversa y plural como la nuestra. La Ley Integral deberá ser una respuesta amplia y eficaz para garantizar el ejercicio y disfrute de los derechos y libertades fundamentales de cada ser humano.

Taller para prevenir y atajar la discriminación en la atención sanitaria

El pasado 21 de mayo estuvimos en León desarrollando un taller sobre igualdad de trato y no discriminación dirigido a los/as profesionales de la sanidad pública de los servicios de Urgencias del Hospital Universitario de la ciudad.

Esta actividad, que se enmarca en el “Programa de asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico”, surgió como consecuencia de algunos episodios preocupantes detectados en este centro hospitalario. Estos casos pusieron sobre la mesa la necesidad de incidir en la labor informativa y de sensibilización en materia de igualdad de trato y no discriminación en el sistema público de salud. El desarrollo de un taller específico ayudó a acercar a los/as profesionales sanitarios la realidad que sufren las personas refugiadas y migrantes que, en ocasiones, reciben un trato desfavorable, consecuencia de su origen racial o étnico, de su situación administrativa, de la falta de información adecuada y del desconocimiento de sus derechos.

Es una realidad recurrente, y más común de lo que pudiera parecer, que se detecten casos en los que personas inmigrantes y solicitantes de protección internacional, si bien no se les niega el acceso a la asistencia, sí se les factura o intenta facturar el importe de la prestación recibida como pacientes de los servicios de urgencias hospitalarias, quebrantando las normas que amparan el derecho a recibir esta atención así como el principio de igualdad de trato.

Concretamente, desde Accem detectamos un caso de estas características en el que a una persona, con su solicitud admitida para obtener protección internacional a través de la figura de la apatridia, se le estaba reclamando el importe de la asistencia recibida. Su derecho a la prestación de asistencia sanitaria mientras permanezca en esta situación legal está reconocida por la Ley 12/2009, reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria.

Desde Accem, en este caso, actuamos en dos direcciones complementarias. Por una parte se formuló el oportuno recurso administrativo frente a la decisión de facturar la asistencia sanitaria prestada a esta persona, demandando la gratuidad del servicio, ante el Hospital Universitario de León, que reclamaba el importe. Nuestra petición fue estimada, dejando sin efecto la reclamación de la deuda (la factura). La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León nos solicitó la emisión de un informe jurídico sobre la cuestión, para poderlo trasladar a los profesionales.

Por otra parte, se diseñó el citado taller dirigido a profesionales sanitarios, que consiguió una buena aceptación y acogida por parte del personal, con la participación de una veintena de profesionales del personal médico, de enfermería y administrativo del hospital. Con esta acción cumplimos con nuestro objetivo nuclear: sensibilizar sobre las dificultades que afrontan algunos colectivos vulnerables en el acceso a la salud; generar conciencia y conocimiento sobre la discriminación racial e involucrar a instituciones sanitarias en la lucha contra la discriminación por origen, aplicando y respetando las normas vigentes de igualdad de trato en la prestación sanitaria: el acceso, y gratuidad, a la asistencia sanitaria de urgencia con independencia del origen y condición del paciente.

Los hechos descritos y que propiciaron la intervención de Accem constituían una situación de discriminación institucional que afortunadamente pudimos revertir. Hay que recordar que la exclusión de la atención sanitaria de las personas inmigrantes en función de su situación administrativa en España—con la excepción de menores, embarazadas y atención en urgencias— entró en vigor por el real decreto 16/2012. Recientemente se ha anunciado la supresión de este real decreto y la aprobación de uno nuevo que recupera el carácter universal del Sistema Nacional de Salud. Deberemos de permanecer atentos/as para detectar y evitar que se reproduzcan este tipo de situaciones discriminatorias en el acceso a la salud y a la asistencia sanitaria.

En 2017 fueron atendidos 646 incidentes discriminatorios por el Servicio de Asistencia a Víctimas

El pasado 13 de junio, tuvo lugar en Valladolid y con la participación de Accem, una jornada dedicada a presentar la labor del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica, a través de los datos recogidos sobre su actividad en 2017.

Así, en 2017, la Memoria Anual de este instrumento de lucha contra la discriminación racial del que Accem forma parte, recoge 646 casos e incidentes discriminatorios (370 individuales y 276 colectivos). El 71% de ellos afectan a población menor de 45 años. El 35% afectan únicamente a mujeres; el 27% únicamente a hombres y el 38% conjuntamente a mujeres y hombres.

Los principales ámbitos en los que se producen estos incidentes, por este orden, son: acceso a bienes y servicios, medios de comunicación, empleo, vivienda y educación. En el 85% de las veces se trató de casos de discriminación directa.

Entre octubre de 2015 y octubre de 2017 fueron atendidos 1.214 casos discriminatorios, de los que 98 tuvieron lugar en Valladolid, ciudad anfitriona de esta presentación, que contó con amplia cobertura de los medios de comunicación locales.

La jornada permitió debatir sobre aspectos como los actores clave en la lucha contra la discriminación racial o étnica, la metodología de trabajo utilizada y los retos de futuro que se presentan. El intercambio de opiniones y la exposición de los datos sirvió para concluir que tanto a nivel estatal como local la mayor parte de situaciones e incidentes discriminatorios (penales, laborales, administrativos), continúan permaneciendo ocultos, impidiendo una mayor visibilidad de las víctimas y la aplicación efectiva de la normativa.

La “Jornada sobre Discriminación: Presentación del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica. Retos de futuro por la Igualdad” fue ocasión para dar a conocer a la ciudadanía, administraciones públicas y agentes profesionales clave el contexto de discriminación racial o étnica sobre el que el Servicio actúa, así como concienciar a la ciudadanía sobre la realidad del racismo y la importancia de denunciar los casos de discriminación.

La organización anfitriona de la jornada fue Red Acoge, entidad de referencia regional del Servicio en Valladolid, y tuvo lugar en el Patio Herreriano del Museo de Arte Contemporáneo. Se contó con la participación en sendas mesas redondas, de carácter institucional y de análisis de resultados, de la entidad coordinadora del Servicio a nivel estatal, Fundación Secretariado Gitano (FSG); de representantes de ONG como el Movimiento Contra la Intolerancia (MCI), Cruz Roja y Accem, así como de otros agentes clave como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (a través del responsable de Delitos de Odio en la Comandancia de la Guardia Civil de zona); el Colegio de Abogados de Valladolid y el Observatorio para la Igualdad de la Universidad de Valladolid.

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