Varias ONG se alían para exigir a las autoridades que cumplan con el compromiso expresado ante la ONU con la Ley de Igualdad de Trato

Accem, Asociación Rumiñahui, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Cruz Roja Española, Fundación Cepaim, Fundación Secretariado Gitano, Movimiento por la Paz-MPDL y Red Acoge, todas ellas organizaciones de la sociedad civil referentes en la lucha contra todas las formas de racismo, xenofobia y antigitanismo, han hecho pública su “Alianza por una Ley de Igualdad de Trato”. Con esta iniciativa persiguen que se dé impulso a la tramitación de una Ley integral de Igualdad de Trato y No Discriminación que establezca un régimen de infracciones y sanciones, incluyendo la obligación de reparación de los daños y perjuicios causados a las víctimas, y que se cree una autoridad independiente para velar por su cumplimiento y monitorizar la vulneración de derechos fundamentales.

Una deuda con la igualdad

Numerosas instituciones europeas e internacionales de protección de los derechos humanos llevan muchos años instando a España a dotarse de una Ley integral de Igualdad de Trato y No Discriminación. El Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, ambos de Naciones Unidas, o la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI, por sus siglas en inglés) han incluido en varios de sus informes sobre España la recomendación de aprobar esta norma, imprescindible para consolidar un régimen normativo eficaz que aborde todas las formas de discriminación que sufren muchas personas en nuestro país.

Mientras que el Código Penal ha incorporado muchas mejoras en los últimos tiempos para combatir los delitos de odio, esto es, los ataques racistas más graves, las discriminaciones más habituales y cotidianas que enfrentan las personas pertenecientes a colectivos no mayoritarios siguen sin ser contempladas en la normativa vigente y sin disponer de una ley propia que viene reclamándose desde su primer proyecto de Ley en 2011. Por ello, bajo el hashtag #DeudaConLaIgualdad, las entidades que integran esta alianza quieren incidir en la necesidad de su aprobación ante la ciudadanía. 

Víctimas sin resarcir

Las entidades que impulsan esta Alianza llevan muchos años trabajando con víctimas de distintas formas de racismo, xenofobia y antigitanismo, y conocen de primera mano las consecuencias directas para estas personas de la ausencia de un marco normativo adecuado; muchas han sido las ocasiones en las que personas que sufren vulneraciones de derechos en base a su origen racial o étnico han quedado sin resarcir adecuadamente por no existir un régimen de infracciones y sanciones. Por ejemplo, los casos en los que los superiores jerárquicos de una empresa instan a sus empleados a no dar servicio a personas pertenecientes a determinados grupos, identificaciones por perfil étnico o racial por parte de la policía, o cuando particulares se niegan a alquilar una vivienda a personas gitanas o de origen migrante. Todas estas situaciones no pueden denunciarse, simplemente porque nuestra normativa es insuficiente y dispersa, careciendo de un régimen sancionador para aquellos incidentes no constitutivos de ilícitos penales.

Por otro lado, hay situaciones en las que, a pesar de denunciar por vía penal, ha sido imposible lograr una sentencia condenatoria para el agente discriminador, habida cuenta de lo difícil que es probar en este tipo de procedimientos judiciales las situaciones discriminatorias. Así ha ocurrido en casos de denegación de acceso a personas gitanas o de origen migrante a restaurantes o locales de ocio, de acoso racista por parte de algunos vecinos y vecinas o de hostigamiento por parte de agentes de seguridad privada a mujeres gitanas en centros comerciales o supermercados.

Compromiso del Estado español

Este jueves 16 de julio culminaba ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el tercer Examen Periódico Universal al que se ha sometido el Estado español. Al igual que en las ediciones anteriores, varios han sido los Estados que han incluido, entre sus recomendaciones, la necesidad de aprobar una Ley integral de Igualdad de Trato. En esta ocasión, sin embargo, el Gobierno español ha expresado de manera muy contundente su compromiso con el impulso de esta norma, afirmando su voluntad de “aprobar próximamente la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación”, en la que se “ha previsto la creación de un organismo, que tendría el carácter de Autoridad para la Igualdad, encargado específicamente de promover y velar por la aplicación efectiva de esta legislación”, que contará “con autonomía y con personalidad jurídica, personal y presupuesto propio, que aplicará un régimen de infracciones y sanciones”.

Las organizaciones que forman parte de la Alianza por una Ley de Igualdad de Trato esperan que, en esta ocasión, el compromiso se materialice realmente. En ese sentido, recuerdan que una primera versión de este texto normativo se remitió al Congreso de los Diputados en 2011, tras más de dos años de trabajos preparatorios en los que participaron muchas organizaciones de la sociedad civil, aunque su tramitación se vio frustrada por la convocatoria prematura de elecciones. Desde entonces, se ha intentado en varias ocasiones retomar su tramitación, sin éxito.

Encuentro digital dedicado al “Refugio, racismo y discriminación ante la emergencia sanitaria”

En el marco de las actividades que Accem realizó por el Día Mundial de las Personas Refugiadas, se desarrollaron diversos Encuentros Digitales, siendo uno de estos el relativo a “Refugio, racismo y discriminación ante la emergencia sanitaria”, con la participación de Ángeles Solanes, presidenta del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica del Ministerio de Igualdad; Elena Arce, responsable del Área de Migraciones e Igualdad de Trato del Defensor del Pueblo; y Ana María Corral Juan, responsable del Departamento Confederal de Migraciones de UGT. La mesa fue moderada por Esther Peña, responsable del programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación por origen racial o étnico de Accem.

Se plantearon de inicio cuestiones tales como:

1- ¿Incremento del racismo y la desigualdad de trato hacia la ciudadanía diversa?

2- ¿Retroceso e involución en derechos civiles y libertades fundamentales?

La constatación de actitudes vulneradoras de derechos y libertades fundamentales, aparentemente consolidadas y reconocidas a la ciudadanía de origen diverso, detectadas con ocasión de la vigencia del estado de alarma, por la rápida propagación a nivel global de la Covid-19.

La contención de la epidemia y la protección de la salud pública de la población afectada, si bien constituye un objetivo relevante, no puede menoscabar ni quebrar ni retroceder en las conquistas sociales y normativas alcanzadas.

Las actitudes y acciones xenófobas contra personas/minorías de origen racial diverso en nuestro país, cuyo aumento es una realidad, están siendo alentadas por discursos políticos excluyentes que no tienen cabida en un estado democrático de derecho, atentatorios contra la dignidad del ser humano y la justicia social.

A la luz de la concienciación mundial sobre la brutalidad del racismo, es imprescindible tratar de valorar el impacto que la epidemia, las medidas normativas excepcionales decretadas o la continuidad en la ‘nueva normalidad’ tienen y tendrán sobre minorías vulnerables, algunas de ellas de origen extranjero. Un reto irrenunciable para que antes, ahora y después de la emergencia sanitaria, avancemos en la construcción de una sociedad plural e inclusiva libre de racismo y discriminación.

Se analizó el impacto que la emergencia sanitaria va a tener en la construcción de la sociedad diversa y/o si supondrá un retroceso, en la ‘nueva normalidad’ para las personas de origen no nacional y diverso en nuestra sociedad de acogida.

La discriminación múltiple que sufre la mujer inmigrante

Participamos en una mesa redonda dentro de las actividades por el Día de la Mujer del Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real).

En el marco de las actividades organizadas por el Día Internacional de la Mujer, dentro del marco del II Plan de Igualdad Municipal (2018- 2021), el Ayuntamiento ciudadrealeño de Valdepeñas organizó la charla “Mujer y Discriminación Múltiple”, que contó con la presencia de la responsable del Programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación por origen racial o étnico de Accem, a la que se sumó la responsable provincial de Fundación Secretariado Gitano de Ciudad Real y la responsable del área de mujer de CERNI.

El Centro Cultural “La Confianza” acogió un interesante debate en el que se expusieron diferentes situaciones discriminatorias que padecen las mujeres de origen no nacional, las mujeres gitanas y las mujeres con discapacidad. La jornada fue inaugurada por María del Mar Marqués, concejala de Servicios Sociales.

En la exposición planteada por la responsable del programa de Accem, Esther Peña, hizo mención a la discriminación múltiple de la mujer extranjera, por su género y origen diverso, y a la importancia de poder plantear medidas que tengan en cuenta la transversalidad de género para superar estas brechas. Dentro del marco contextual que marca la discriminación, en la que se entiende como una práctica ya normalizada en múltiples espacios, poco visible a la sociedad, con un marco normativo desconocido y una obligación del estado de derecho de crear legislación en igualdad de trato, Esther Peña añadió el desconocimiento por parte de las víctimas de las opciones con las que cuentan, la dificultad para reportar los incidentes, el aumento de manifestaciones racistas y las nuevas formas de racismo que se dan con las nuevas tecnologías.

Desde esta premisa, la apuesta de Accem bajo el amparo del 8 de marzo nos lleva a enfocar nuestra mirada sobre la mujer en su diversidad de origen y condición (refugiada, víctima de trata, menor no acompañada…) analizando distintas situaciones en la sociedad de acogida, y abogando por la igualdad real y efectiva de derechos y libertades de estas como sujeto individual, corrigiendo la invisibilidad, logrando una ciudadanía inclusiva de todas ellas.

La realidad estadística señala que casi la mitad de la población inmigrante son mujeres (46%). De esta población, muchas de las mujeres que trabajan lo hacen en el servicio doméstico, cuidando mayores y menores, alejadas del espacio publico y siendo más vulnerables a sus derechos como trabajadoras, en muchas ocasiones con cargas familiares (tanto en España y/o en sus países de origen, o incluso en otros países) y con múltiples obstáculos y dificultades administrativas para su incorporación laboral.

Siguiendo con las estadísticas, la pobreza en España indica que tiene rostro de mujer inmigrante, que los cuidados siguen estando confinados en el ámbito privado, dándose episodios de abusos laborales y sexuales en algunas situaciones.

Desde esta realidad, Accem, además de la atención integral que desarrolla con la población inmigrante, de los servicios de mediación intercultural y las acciones de participación comunitaria, lleva a cabo el Programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación por origen racial o étnico, que ofrece apoyo, información, asesoramiento y defensa legal ante situaciones discriminatorias y/o constitutivas de delitos de odio. Durante la charla, se ejemplificaron situaciones de discriminación por origen racial, atravesadas por la condición de mujer y las dificultades a las que se enfrentan.

Jornadas de Formación y Sensibilización en Delitos de Odio de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Asturias

El martes 11 de febrero de 2020, desde el Programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación por Origen Racial o Étnico de Accem participamos en las Jornadas de Formación y Sensibilización en Delitos de Odio organizadas por la Jefatura Superior de Policía Nacional de Asturias a través de las Delegaciones de Participación Ciudadana y Formación.

El objetivo general de estas Jornadas era establecer y fomentar capacidades para mejorar la sensibilización y formación de los/as policías en el reconocimiento, capacitación e investigación de los delitos de odio, así como acrecentar la cooperación y colaboración con las asociaciones sociales y ONG implicadas en la lucha y sensibilización contra este tipo de delitos.

Las Jornadas se desarrollaron a lo largo de tres días (del 10 al 12 de febrero) teniendo una duración de 17 horas, y contaron con la asistencia de 56 personas: agentes de Policía Nacional de todas las comisarías de Asturias.

Las temáticas trabajadas fueron las siguientes: normativa reguladora; legislación sobre discriminación y delitos de odio; aspectos de interés de las organizaciones del tercer sector en relación con los delitos de odio; programa TACLE.

Para abordarlas se contó con la presencia de los/as siguientes especialistas relevantes en la materia, entidades y organizaciones sociales: Fiscal Delegado en Asturias de Delitos de Discriminación y Odio y Delitos Informáticos; Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo; Inspector de Policía y Jefe de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio dependiente del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad; Inspector de Policía y Delegado de Participación Ciudadana de la Jefatura Superior de Asturias; Fundación Secretariado Gitano; Plena Inclusión; Xega; Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social- EAPN-AS y Accem.

Nuestra intervención se centró en dar a conocer a todos los participantes el desarrollo del cometido social y legal del programa de Accem en materia de lucha contra la discriminación racial o étnica y los delitos motivados por el odio a la diversidad racial. Presentamos nuestro Programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación por Origen Racial o Étnico, así como los ámbitos en los que mayoritariamente se encuentra presente esta discriminación, destacando en el ámbito del acceso a la vivienda el rechazo creciente de las comunidades de propietarios a inquilinos de origen no nacional; el desconocimiento de instituciones y profesional sanitario del derecho establecido a la asistencia sanitaria gratuita de las personas de origen no nacional; los problemas para detectar la discriminación (normalización e infradenuncia) y las claves y estrategias para fomentar el trabajo en red.

Se incidió asimismo en el asesoramiento social y la defensa legal a las potenciales víctimas de discriminación racial que se proporciona desde el programa, ante el caso concreto sea discriminatorio y/o constitutivo de delito de odio, destacando de igual modo, a pesar de la infradenuncia, el incremento paulatino de casos e incidentes.

Estas jornadas constituyeron un punto de partida muy importante que nos permitió visibilizar nuestro trabajo y establecer vínculos que potencian el trabajo en red. Cabe destacar el gran interés mostrado por los/as asistentes a lo largo de nuestra intervención, resaltando la importancia de continuar estableciendo estrategias de cooperación y colaboración para mejorar y reforzar la lucha y sensibilización contra los delitos de odio.

Derechos de las víctimas: nueva estrategia para empoderar a las víctimas

Comunicado de la Comisión Europea 

La Comisión Europea ha presentado la primera estrategia de la UE sobre los derechos de las víctimas para garantizar que todas las víctimas de delitos puedan invocar plenamente sus derechos, con independencia del lugar de la Unión en que se haya cometido el delito.

La estrategia establece una serie de acciones para los cinco próximos años, centrándose en dos objetivos: en primer lugar, empoderar a las víctimas para que denuncien los delitos, reclamen una indemnización y, en última instancia, se recuperen de las consecuencias del delito; en segundo lugar, colaborar con todos los interlocutores pertinentes en materia de derechos de las víctimas.

A la vista de la reciente pandemia de COVID-19 y de las medidas de confinamiento subsiguientes, que influyeron en un aumento de la violencia doméstica, el abuso sexual infantil, la ciberdelincuencia y los delitos de odio racista y xenófobo, es especialmente importante que el marco de apoyo y protección a las víctimas sea también resiliente en situaciones de crisis.

La vicepresidenta de Valores y Transparencia, Věra Jourová, ha declarado lo siguiente: «Demasiadas víctimas de delitos quedan sin escuchar, sin acceso a la justicia y sin un apoyo adecuado. La Unión Europea está del lado de las víctimas y la estrategia de hoy tiene por objeto empoderarlas, especialmente a las más vulnerables, como las víctimas de la violencia de género o de los delitos motivados por el odio. Tenemos que movilizar a los Estados miembros para que apliquen plenamente las normas de la UE en materia de derechos de las víctimas, sin condiciones ni objeciones».

El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha declarado: «Una Unión de la igualdad que proteja a sus ciudadanos debe garantizar el apoyo, la protección y el acceso no discriminatorio a la justicia para todas las víctimas de delitos. Nos vamos a esforzar por lograrlo mediante la nueva estrategia, en colaboración con los Estados miembros y la sociedad civil».

La UE ya dispone de un sólido conjunto de normas para garantizar los derechos de las víctimas. Sin embargo, las víctimas de delitos todavía no pueden confiar plenamente en los derechos concedidos por la UE. El punto de partida debe ser una mejor aplicación de las normas de la UE en la práctica. Cuando proceda, la Comisión presentará propuestas para reforzar estas normas de aquí a 2022. A tal fin, la nueva estrategia presentada hoy presenta una serie de acciones centradas en cinco prioridades clave:

  1. Comunicar eficazmente con las víctimas y proporcionarles un entorno seguro para que denuncien los delitos

Demasiado a menudo las víctimas no son conscientes de sus derechos o temen denunciar el delito por miedo al delincuente o a las consecuencias negativas. La Comisión, entre otras cosas, pondrá en marcha una campaña de la UE para difundir los derechos de las víctimas y promover un apoyo y protección especializados a las víctimas con necesidades específicas. La Comisión también seguirá supervisando la aplicación de las normas pertinentes de la UE, incluidas las disposiciones de la Directiva sobre los derechos de las víctimas.

  1. Mejorar la protección y el apoyo a las víctimas más vulnerables

Todas las víctimas son vulnerables y, en particular, los niños, los ancianos y las víctimas de la violencia de género, la violencia doméstica, los delitos racistas u homófobos y el terrorismo, además de las víctimas con discapacidades. La Comisión estudiará el refuerzo de la protección a las víctimas mediante la introducción de normas mínimas sobre su protección física. Los Estados miembros deben crear servicios de apoyo especializados para las víctimas más vulnerables, tales como casas seguras para los menores, las familias y las personas LGBTI+.

  1. Facilitar el acceso de las víctimas a una indemnización

En muchos Estados miembros, el acceso de las víctimas a una indemnización resulta difícil. En el marco de la estrategia, la Comisión supervisará y evaluará la legislación de la UE sobre indemnizaciones, incluidas las estatales, y la Decisión marco sobre el reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias. En caso necesario, la Comisión propondrá medidas para complementar este marco de aquí a 2022.

  1. Reforzar la cooperación y la coordinación entre los interlocutores en materia de derechos de las víctimas

Para garantizar un planteamiento más horizontal sobre los derechos de las víctimas a escala de la UE, la Comisión creará una plataforma de derechos de las víctimas, que reunirá a todos los interlocutores pertinentes. Por su parte, los Estados miembros deben establecer estrategias nacionales sobre los derechos de las víctimas. Un coordinador de derechos de las víctimas velará también por la coherencia y la eficacia de las diferentes actuaciones relacionadas con la política en materia de derechos de las víctimas.

  1. Reforzar la dimensión internacional de los derechos de las víctimas

El Plan de acción para los derechos humanos y la democracia, adoptado recientemente, reafirma el compromiso de la UE de promover, proteger y observar los derechos humanos en todo el mundo. La UE y sus Estados miembros seguirán dialogando con las Naciones Unidas y el Consejo de Europa, y también en el seno de estas instituciones, para promover los derechos de las víctimas en los países socios e intercambiar mejores prácticas. La UE seguirá colaborando estrechamente con los países candidatos y los países candidatos potenciales para reforzar los derechos de las víctimas y apoyar las acciones de desarrollo de capacidades para los países socios prioritarios en relación con el apoyo a las víctimas del terrorismo.

Contexto

Cada año, millones de personas en la Unión Europea son víctimas de delitos. En 2017, alrededor de 15 millones de personas fueron víctimas de delitos graves, como homicidios, abusos sexuales de menores o secuestros. La violencia de género en la UE es alarmante: una de cada tres mujeres (el 33 %) ha sufrido violencia física o sexual a partir de los quince años. Tan solo alrededor de un tercio de las mujeres víctimas de abusos físicos o sexuales, principalmente por parte de sus parejas o familiares cercanos, recurre a las autoridades. El confinamiento de la sociedad durante la pandemia de COVID-19 coincidió con un aumento de la violencia doméstica, el abuso sexual infantil y la ciberdelincuencia, así como de los delitos de odio racista y xenófobo.

Aunque la UE dispone de un sólido conjunto de normas, estos instrumentos aún no han alcanzado todo su potencial, sobre todo debido a la incorporación incompleta o incorrecta de las normas de la UE a los ordenamientos jurídicos nacionales. La Comisión seguirá evaluando los instrumentos de la UE y sus posibles deficiencias y, en caso necesario, presentará de aquí a 2022 propuestas legislativas encaminadas a reforzar los derechos de las víctimas.

La aplicación de esta estrategia se supervisará periódicamente, también a través de reuniones periódicas de la Plataforma de los Derechos de las Víctimas, a fin de actualizar las acciones bajo la responsabilidad de las distintas partes interesadas. Además, la Comisión hará balance de las acciones de la estrategia a medio plazo y la actualizará cuando sea necesario.

Más información

 

El racismo, aquí, en Estados Unidos y la U.E., urge erradicarlo

Comunicado de organizaciones de la sociedad civil comprometidas en la lucha contra la discriminación racial o étnica en España.

Las entidades firmantes, implicadas todas ellas en la promoción de la igualdad de trato y en la atención a las víctimas de todas las formas de racismo en España, ante el brutal asesinato de George Floyd por parte de la policía y las reacciones sociales que se han producido en Estados Unidos, manifestamos lo siguiente:

1. Aunque nos encontremos a miles de kilómetros, nos unimos a las voces que reclaman justicia para esta víctima, así como para todas aquellas personas afroamericanas que han muerto de manera injusta a manos de la policía. Es intolerable que las instituciones que han de velar por el ejercicio efectivo de los derechos humanos y del principio de no discriminación sean precisamente las que cometen estas atrocidades. Hacemos un llamamiento al sistema de justicia estadounidense para que garanticen una investigación pronta e imparcial de esta muerte que permita a la familia de George Floyd acceder a la justicia, verdad, reparación y no repetición. Nos preocupa también la respuesta política incendiaria del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump; las autoridades políticas, en su condición de garantes de derechos, deberían ejercer su responsabilidad para abordar esta situación y luchar contra el racismo.

2. Lo ocurrido en Estados Unidos también debería servirnos para reflexionar acerca de las distintas manifestaciones de racismo, xenofobia, afrofobia, islamofobia y antigitanismo que también se dan en nuestro país. Si bien es cierto que en España no existe un problema generalizado de brutalidad policial extrema contra las personas que no son blancas, como ocurre en Estados Unidos, es innegable que existe un racismo estructural en todos los ámbitos de la sociedad. Denegación de bienes y servicios basada en el color de la piel de las personas, políticas de control migratorio discriminatorias, discurso de odio racista en redes sociales, malas prácticas policiales como el uso de perfiles étnicos y raciales en las identificaciones, estigmatizaciones racistas en algunos medios de comunicación, declaraciones racistas, xenófobas, islamófobas y antigitanas por parte de personas que ejercen cargos públicos… Todos ellos son ejemplos cotidianos de lo que enfrentan las personas que pertenecen a minorías raciales o étnicas en España, que se agravan cuando interseccionan con otros factores como el género, y que impiden el ejercicio de la ciudadanía en condiciones de igualdad para todas las personas.

3. Es importante que la sociedad en su conjunto tome conciencia de este racismo estructural y cultural, enraizado y normalizado, no sólo para abstenerse de ejercerlo, sino también para combatirlo de manera activa. La sociedad española es mayoritariamente tolerante y cada vez más avanzada en el reconocimiento de los derechos, lo que ha permitido en avanzar en las políticas de igualdad, pero vemos que no acaba de interiorizar la lucha frente a todas las formas de discriminación racial o étnica. Tenemos que asumir que la población española es diversa, multirracial y multicultural y que es inadmisible, en un Estado democrático, que el color de la piel o el origen étnico condicionen el disfrute de los derechos humanos. Para combatir todas estas formas de racismo necesitamos el compromiso decidido de toda la ciudadanía, del tejido empresarial, de los medios de comunicación, de las organizaciones del tercer sector y de todas las instituciones públicas.

4. En este sentido, la primera medida que debería adoptarse, con carácter de urgencia, es la aprobación de una Ley integral de igualdad de trato y no discriminación que establezca un régimen sancionador y una autoridad independiente que permita acceder a la justicia a las personas que sufran cualquier manifestación de racismo y discriminación. Esta ley lleva en tramitación más de 10 años y es inadmisible que todavía no esté en vigor. Es cierto que el cambio que necesita nuestro país para superar la discriminación racial o étnica es mucho más profundo que una reforma legislativa, pero este es un primer paso absolutamente indispensable. Mientras esto no ocurra, mientras no se garanticen todos los derechos en condiciones de igualdad, la calidad democrática del Estado español seguirá en entredicho y los derechos fundamentales seguirán siendo un privilegio de las personas que pertenecen a la sociedad mayoritaria.

 

Listado de entidades que suscriben este comunicado:

Accem

Asociación Rumiñahui

Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)

Fundación Cepaim

Fundación Secretariado Gitano

Movimiento por la Paz – MPDL

Red Acoge

Incidentes discriminatorios detectados en la actuación policial durante el período de alarma

Comunicado de la Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad, de la que Accem forma parte.

Ante el Estado de Alarma derivado de la situación de crisis sanitaria creada por la pandemia de la COVID-19, y ante el conocimiento de algunos casos de mala gestión de la diversidad, deseamos manifestar lo siguiente:

– En primer lugar, remarcar las dificultades con las que los Servicios Policiales se han encontrado en el momento de la interpretación y aplicación de las diferentes restricciones a las que nos hemos visto sometidos todos y todas, en aras de preservar nuestra salud y nuestra seguridad, por lo que creemos necesario reconocer el trabajo que están desempeñando los servicios policiales. Esta situación ha supuesto un reto para la actividad de estos servicios y su esfuerzo, junto con el realizado por la población, ha sido fundamental para garantizar la convivencia y el cumplimiento del confinamiento en este escenario tan complejo, contribuyendo de manera esencial a la salud pública.

– Las entidades sociales que formamos parte de la Plataforma hemos tenido conocimiento de casos de malas prácticas por parte de algunos miembros de los servicios policiales, donde ha habido un uso excesivo de la fuerza, un trato maleducado o vejatorio, o una aplicación del perfil étnico o basado en otros sesgos discriminatorios en las identificaciones. Queremos recordar una vez más que la defensa de la seguridad ciudadana debe hacerse siempre respetando la legalidad, lo que incluye los derechos humanos y el principio de igualdad de trato y no discriminación. Del mismo modo que los comportamientos aislados de algunas personas que han incumplido el confinamiento no representan a la inmensa mayoría de la ciudadanía respetuosa con las restricciones establecidas, estos incidentes, si bien no mayoritarios, ponen de manifiesto la dificultad en la adecuada gestión policial de la diversidad social.

– Hemos detectado también casos de malas prácticas relacionadas con la atención a personas en situación de pobreza y exclusión social en concreto casos en los que se ha sancionado a personas en situación de sinhogarismo que no podían cumplir la instrucción de confinamiento por carecer de un lugar donde hacerlo. Entendemos que es necesaria la coordinación entre los servicios sociales y policiales a la hora de realizar este tipo de intervenciones y que las personas en situación de pobreza no deben ser tratadas como un problema de orden público.

– La gestión policial de la diversidad es uno de nuestros objetivos como Plataforma; la policía debe aplicar la ley y sancionar su incumplimiento, pero sin cometer excesos de autoridad motivados por el origen o condición de las personas y, actuando en sus intervenciones de mantenimiento de la seguridad ciudadana conforme a los derechos, libertades y garantías de la sociedad diversa.

Asimismo, recordamos que no se debe utilizar el perfil étnico o basado en otros sesgos discriminatorios en las identificaciones policiales, que en España se aplica de forma desproporcionada a personas racializadas (gitanas, magrebíes y afrodescendientes, entre otras), como método para hacer cumplir las normas aplicables de confinamiento de la población. Estas prácticas, además de ineficaces y discriminatorias, dañan la confianza en la policía por parte de las personas afectadas, vulnerando un principio constitucional rector de la actuación y competencia en materia de protección y garantía de nuestra seguridad como ciudadanía.

– Una buena gestión de la diversidad exige conocimientos especializados y una buena formación en esta materia. Por ello queremos recordar a las autoridades competentes la necesidad de impulsar y mejorar la formación en gestión de la diversidad dentro de los servicios policiales. También serían útiles recomendaciones más precisas de las autoridades a los servicios policiales sobre cómo aplicar las disposiciones que regulan el Estado de Alarma, ya que tenemos constancia de que, en muchas ocasiones, la libertad de interpretación de dichas disposiciones ha provocado situaciones injustas en las interactuaciones con la ciudadanía; con directrices más claras, hay más seguridad jurídica para los propios agentes y menos lugar para la arbitrariedad y la discriminación.

– Insistimos asimismo en la necesidad de crear autoridades independientes de investigación y supervisión de las actuaciones policiales, con potestades para recibir quejas, realizar investigaciones de oficio y emitir recomendaciones vinculantes a los servicios policiales afectados.

– Asimismo, recomendamos la creación de mesas de trabajo integradas por servicios policiales y entidades ciudadanas que trabajen en el campo de la gestión de la diversidad y los servicios sociales cuando el caso lo requiera, para revisar las propuestas de sanción que pudieran ser fruto de una mala práctica y anularlas en el caso de que se constate que son fruto de una práctica inadecuada.

 

Nuevo servicio online de Accem para atender a víctimas de discriminación racial o étnica

Desde el programa de “Asistencia a víctimas de la discriminación por origen racial o étnico” de Accem hemos puesto en marcha un nuevo servicio de atención telefónica y online a través de WhatsApp.

Para cualquier consulta, si tienes dudas, necesitas ayuda o quieres contarnos un hecho concreto, llámanos o envíanos un mensaje al siguiente número de teléfono:

637 719 287

 

Desde Accem ofrecemos información, orientación, apoyo y asesoramiento jurídico gratuito a las personas inmigrantes víctimas de situaciones discriminatorias y/o delitos de odio.

Este nuevo servicio, junto a un folleto informativo de difusión, se han implementado para hacer posible la atención y asistencia online a víctimas de discriminación racial o étnica, durante este difícil periodo de vigencia del estado de alarma en nuestro país y mientras permanezcamos en emergencia sanitaria, con las medidas que se dicten. Era necesario habilitar este nuevo cauce dirigido a las potenciales víctimas y estar alerta ante la posibilidad de su mayor invisibilidad.  

El programa de “Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico” de Accem está financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea.

Para saber más sobre sobre el trabajo de Accem en favor de la igualdad de trato y la no discriminación, pincha aquí.

Covid-19: declaración para subrayar la necesidad y voluntad de aplicar el Convenio de Estambul

El Comité de las Partes del Consejo de Europa para el Convenio de Estambul emitió el pasado 20 de abril una declaración en la que expresa la voluntad y la determinación de los Estados parte de la convención para cumplir con los estándares contenidos en el propio Convenio de Estambul como guía y fuente de orientación para la acción gubernamental en el contexto de la actual pandemia provocada por el Covid-19.

Ante el alarmante aumento del número de casos registrados de violencia contra las mujeres y/o violencia doméstica provocados en todo el mundo por la epidemia, incluidos numerosos estados miembros del Consejo de Europa, esta declaración afirma la relevancia y vigencia de seguir los principios y requisitos establecidos en el Convenio de Estambul en las áreas de prevención, protección, persecución y políticas integrales en la lucha contra la violencia de género en las excepcionales circunstancias actuales.

El Comité adopta esta declaración en su papel de órgano intergubernamental con la misión de impulsar los estándares contenidos en el Convenio de Estambul y asegurar su implementación por parte de los Estados que han suscrito este documento.

>>> Accede aquí al texto completo de la declaración del Comité de las Partes del Consejo de Europa para el Convenio de Estambul.

El convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y violencia doméstica, conocido como Convenio de Estambul, fue presentado en 2011 y está en vigor desde 2014. España ratificó el Convenio de Estambul en el mismo año 2014.

>>> Para más información sobre el Comité de las Partes del Consejo de Europa para el Convenio de Estambul pincha aquí.

 

Covid-19: El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica denuncia “numerosos” casos de “discriminación, rechazo y odio”

El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, del que Accem forma parte, ha expresado en un comunicado su preocupación ante los “numerosos” casos “de discriminación, rechazo y odio” que se han producido contra determinados grupos étnicos o raciales, en especial contra el pueblo gitano y la comunidad asiática, en el actual contexto de crisis sanitaria, social y económica producida por la pandemia del coronavirus.

Según informa este organismo, dependiente del Ministerio de Igualdad y adscrito a la Secretaría de Estado de Igualdad, se han documentado “ataques e insultos racistas y xenófobos en la vía pública a personas que pertenecen a grupos nacionales, étnicos o raciales minoritarios”, así como “se ha detectado una gran difusión de discursos de odio racistas, antigitanos y xenófobos en redes sociales”.

En el comunicado, recogido aquí por la agencia Europa Press, se denuncia asimismo “el tratamiento mediático racista, antigitano y xenófobo por parte de algunos medios de comunicación con noticias sobre el origen de la propagación de la enfermedad o supuestos incumplimientos de la cuarentena que aluden al origen étnico, racial o nacional de las personas implicadas”. Se lamentan igualmente las “manifestaciones de representantes públicos en las que se alude al origen étnico, racial o nacional de las personas infectadas o fallecidas”, lo que contribuye “al estigma y al rechazo hacia determinados grupos”.

Ante todos estos hechos observados, desde el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, ha hecho públicas las siguientes recomendaciones:

– Evitar discursos discriminatorios y la estigmatización de los colectivos, especialmente desde los medios de comunicación y los representantes públicos.

– Frenar la difusión de noticias falsas y del discurso del odio, siendo especialmente importante informarse únicamente a través de fuentes fiables, y contrastar la información antes de compartirla.

– Garantizar la igualdad de trato por parte de las administraciones públicas a todas las personas independientemente de su origen racial o étnico y su situación administrativa.

– Prestar especial atención a los colectivos más vulnerables y a la discriminación interseccional por razones de género, edad, discapacidad, orientación sexual o identidad de género, entre otros.

– Crear redes de solidaridad antirracistas tejiendo redes de apoyo mutuo e impulsar la igualdad como política de Estado, instando a todos los actores implicados a defender la igualdad y seguir impulsando el compromiso real con la lucha contra el racismo y la xenofobia.

– Denunciar cualquier situación de discriminación tanto propia como ajena ante el Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica.

 

Puedes contactar con el Servicio de Asistencia y Orientación a las Víctimas de Discriminación Racial o Étnica por los siguientes medios:

Tel.- 900 203 041

info@asistenciavictimasdiscriminacion.org