La tolerancia, ni indulgencia ni indiferencia: respeto

Bajo este lema se conmemora Día Internacional Para la Tolerancia el próximo 16 de noviembre de 2018. Principio nuclear que cobra una especial relevancia dado los numerosos conflictos y comportamientos xenófobos, y de desigualdad de trato, individual o colectivos, que menosprecian y vulneran los derechos fundamentales reconocidos a las personas.

En 1995, los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) adoptaron la Declaración de Principios sobre la Tolerancia en la que se afirma, entre otras cosas, que “la tolerancia no es indulgencia o indiferencia, sino que es el respeto a la diversidad social”.

La tolerancia implica el reconocimiento de los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los otros/as. Las sociedades del siglo XXI son diversas y plurales. La tolerancia al diferente, garantiza sociedades de acogida inclusivas y no excluyentes. La diversidad social, cultural, lingüística y étnica no debería constituir motivo de conflicto sino un valor añadido parar todos/as.

Por ello, cuando hablamos de respeto y de tolerancia, debemos seguir avanzando hacia una auténtica obligación de cumplimento efectivo y garantista para los Estados e individuos y/o grupos que los conforman, y no circunscribirlo a una mera declaración de voluntad.

La desigualdad de trato, la exclusión social, la violencia, la discriminación, el racismo y la xenofobia son formas comunes de intolerancia, cuyas consecuencias más graves pueden llegar a constituir delitos de odio, previstos tipificados y perseguibles por el derecho penal de los Estados.

La celebración también este año 2018 del 70º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948; es una gran oportunidad para consolidar la corresponsabilidad social, normativa y defender los derechos de todos/as. A su vez, España celebrará el próximo 6 de diciembre el 40º  aniversario de la Constitución de 1978 cuyas normas articulan el respeto a la diversidad, a los derechos fundamentales ajenos, así como la obligación del estado de garantizarlos.

Accem comprometida en la defensa de los derechos fundamentales como herramienta de transformación social; aboga y promueve la igualdad de derechos, deberes y oportunidades con independencia de su origen, sexo, raza, religión opiniones o grupo social; por ello nos unimos a la campaña  Juntos que ha lanzado las Naciones Unidas para promover la tolerancia, el respeto, la seguridad y la dignidad en todo el mundo. Tiene por objetivo reducir las percepciones y actitudes negativas hacia los refugiados y los migrantes, además de fortalecer el contrato social entre los países y las comunidades de acogida y los refugiados y migrantes.

Entidades sociales denuncian las dificultades para encontrar viviendas de alquiler

El pasado 16 de octubre la Defensoría del Pueblo Andaluz recibió a una delegación del Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica, del que Accem forma parte, en una reunión en la que se puso sobre la mesa la problemática que estamos viviendo las organizaciones sociales para encontrar viviendas de alquiler para las personas beneficiarias de los distintos programas de apoyo a la población en situación vulnerable.

La discriminación en el acceso a una vivienda es algo que ha sido denunciado desde las entidades sociales de manera reiterada. Nos referimos con esto a las actitudes y comportamientos de corte racista y discriminatorio a la hora de alquilar o no una vivienda a una persona o una familia de origen migrante o perteneciente a alguna minoría.

En los últimos tiempos, sin embargo, se ha observado una dinámica que sí es más novedosa y que desde el Servicio de Asistencia a Víctimas se quiere visibilizar, en este caso en Andalucía. Una situación que estaría afectando de una manera muy particular a las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional. Así, y según denuncian las organizaciones, propietarios y empresas inmobiliarias estarían alquilando sus viviendas a precios sensiblemente superiores a los del mercado cuando son destinados a personas refugiadas a través de las entidades sociales.

La propiedad de los pisos, sabedora de la cuantía máxima de las ayudas al alquiler que se conceden desde el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, estaría utilizando esta información pública para pedir las máximas cantidades posible, pese a que los pisos ofertados, por su estado o ubicación, deberían tener un precio mucho más bajo de acuerdo a sus características y a los precios del mercado.

Susana Larios, técnica de igualdad del programa de asistencia a víctimas de la discriminación de Accem, explica esta perversa dinámica en declaraciones a El Diario: “Muchos arrendadores e inmobiliarias están comprando viviendas en zonas desfavorecidas de Sevilla, como ‘Los Pajaritos’, a unos precios muy bajos para después arrendarlos a los solicitantes de asilo a unos precios desorbitados para esas zonas”.

> Lee aquí la noticia completa publicada en El Diario.

Junto a estos problemas existen otros añadidos, como la exigencia por parte de los arrendadores del pago de antemano de un número superior al habitual de meses de alquiler en concepto de fianza, o como los mayores problemas que se encuentran las familias con menores a cargo y las familias monomarentales, ante la creencia del propietario de que si finalizan las ayudas y se produce una situación de impago les resultará más difícil conseguir el desalojo de la familia.

En la reunión celebrada, recibió a las entidades Luis Pizarro, adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz, asistiendo varios representantes del Servicio de Asistencia a Víctimas, del que forman parte ocho organizaciones: Accem, Fundación Secretariado Gitano, Movimiento contra la Intolerancia, Fundación Cepaim, CEAR, Movimiento por la Paz, Cruz Roja y Red Acoge. Este  servicio depende del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

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Indignación ante los insultos racistas en un vuelo de Ryanair

Comunicado del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica, del que Accem forma parte, ante los insultos racistas que se han producido en un vuelo de Ryanair.

El Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnico mostramos nuestro malestar ante los graves incidentes racistas ocurridos el pasado viernes, en un vuelo de Ryanair de Barcelona-Londres, donde un hombre increpó a una mujer jamaicana diciéndole “no quiero sentarme junto a tu fea cara, tu puta fea cara”, “bastarda negra y fea”.

Este no es un hecho aislado de nuestra sociedad, son actos que se vienen repitiendo una y otra vez, como fue el caso reciente en el metro de Madrid en el que una mujer negó el asiento a una niña, por no ser española y criticó a los inmigrantes que llegaban a nuestro país “a robar el trabajo”.

Se trata de hechos de extrema gravedad que atentan contra las personas por su origen racial o étnico, que ven vulnerados sus derechos y libertades fundamentales como son la dignidad humana, el derecho a la igualdad y la no discriminación y que precisan de respuestas contundentes.

Por ello, lamentamos la falta de una respuesta adecuada por parte de la compañía, que no solo no tomó medidas contra el agresor, sino que decidió cambiar de asiento a la víctima.

Estos comportamientos racistas nos retrotraen a épocas en las que se negaba el acceso a los espacios públicos a las personas por su origen racial como técnicas de segregación racial.

Ante estos hechos racistas que atentan contra derechos fundamentales de las personas solicitamos que se denuncie y se tomen las medidas oportunas por parte de las autoridades, y que se actúe con contundencia para que hechos como éste no vuelvan a repetirse.

Ante la discriminación no te calles, en el Servicio te podemos ayudar

 

La Ley de Igualdad de Trato debe ser una herramienta eficaz para la protección real de las víctimas de discriminación

Desde Accem, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, el pasado mes de marzo, ya manifestamos la necesidad e importancia de aprobar en nuestro país una ley de igualdad de trato y contra las distintas formas de discriminación.

La discriminación por origen racial, étnico o nacional continúa siendo un hecho en España, una realidad que se observa tanto en el ámbito privado como en el público y en todas las esferas de la vida cotidiana: empleo, vivienda, educación, sanidad, medios de comunicación, seguridad ciudadana, acceso a bienes y servicios, etc. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas ya amonestó, en su informe de 2016, a España por no haber aprobado una ley específica que debería ofrecer protección y seguridad jurídica a todas las potenciales víctimas de hechos discriminatorios.

En coherencia con este planteamiento, el pasado 3 de julio participamos, junto a representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil, en la Jornada Parlamentaria que se celebró en el Congreso de los Diputados con motivo de la Proposición de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la Mesa del Congreso en febrero de 2017 con el objetivo de impulsar y complementar el marco legislativo de lucha contra la discriminación.

A partir del cuerpo normativo europeo, es necesario aprobar una ley que sea eficaz para todas las personas que sufren discriminación. Una ley que se apruebe desde las organizaciones, desde la ciudadanía diversa y que se constituya como una herramienta útil de reconocimiento y garantía para el ejercicio y disfrute de derechos. La ley que se ha presentado y que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria debe reconocer que la dificultad de la lucha contra la discriminación no radica únicamente en el reconocimiento del problema sino también en la protección real y efectiva de las víctimas.

La ley que se apruebe debe ser una ley de auténtico derecho antidiscriminatorio, y no una mera transposición de los objetivos y fines de las Directivas europeas 2000/43/CE y 2000/78/CE, relativas a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas con independencia de su origen racial o étnico, y al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y ocupación. La futura Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación debe ser ambiciosa e ir más allá de una adecuada incorporación de las normas comunitarias (de obligada aplicación en cada estado miembro).

En este momento, y concretamente a partir del próximo mes de septiembre, la proposición de ley entra en una fase de análisis crítico, en la que las organizaciones sociales, como Accem, podrán participar a través de propuestas de mejora que contribuyan a mejorar la eficacia de este instrumento normativo.

Desde Accem creemos fundamental la aprobación de esta ley, que desarrolla el contenido del artículo 14 de la Constitución Española dedicado a garantizar el derecho a la igualdad y el mandato constitucional que señala que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que esa igualdad sea real y efectiva, como elemento esencial de la dignidad de la persona, como avance hacia la consecución de una democracia plena en una sociedad diversa y plural como la nuestra. La Ley Integral deberá ser una respuesta amplia y eficaz para garantizar el ejercicio y disfrute de los derechos y libertades fundamentales de cada ser humano.

Taller para prevenir y atajar la discriminación en la atención sanitaria

El pasado 21 de mayo estuvimos en León desarrollando un taller sobre igualdad de trato y no discriminación dirigido a los/as profesionales de la sanidad pública de los servicios de Urgencias del Hospital Universitario de la ciudad.

Esta actividad, que se enmarca en el “Programa de asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico”, surgió como consecuencia de algunos episodios preocupantes detectados en este centro hospitalario. Estos casos pusieron sobre la mesa la necesidad de incidir en la labor informativa y de sensibilización en materia de igualdad de trato y no discriminación en el sistema público de salud. El desarrollo de un taller específico ayudó a acercar a los/as profesionales sanitarios la realidad que sufren las personas refugiadas y migrantes que, en ocasiones, reciben un trato desfavorable, consecuencia de su origen racial o étnico, de su situación administrativa, de la falta de información adecuada y del desconocimiento de sus derechos.

Es una realidad recurrente, y más común de lo que pudiera parecer, que se detecten casos en los que personas inmigrantes y solicitantes de protección internacional, si bien no se les niega el acceso a la asistencia, sí se les factura o intenta facturar el importe de la prestación recibida como pacientes de los servicios de urgencias hospitalarias, quebrantando las normas que amparan el derecho a recibir esta atención así como el principio de igualdad de trato.

Concretamente, desde Accem detectamos un caso de estas características en el que a una persona, con su solicitud admitida para obtener protección internacional a través de la figura de la apatridia, se le estaba reclamando el importe de la asistencia recibida. Su derecho a la prestación de asistencia sanitaria mientras permanezca en esta situación legal está reconocida por la Ley 12/2009, reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria.

Desde Accem, en este caso, actuamos en dos direcciones complementarias. Por una parte se formuló el oportuno recurso administrativo frente a la decisión de facturar la asistencia sanitaria prestada a esta persona, demandando la gratuidad del servicio, ante el Hospital Universitario de León, que reclamaba el importe. Nuestra petición fue estimada, dejando sin efecto la reclamación de la deuda (la factura). La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León nos solicitó la emisión de un informe jurídico sobre la cuestión, para poderlo trasladar a los profesionales.

Por otra parte, se diseñó el citado taller dirigido a profesionales sanitarios, que consiguió una buena aceptación y acogida por parte del personal, con la participación de una veintena de profesionales del personal médico, de enfermería y administrativo del hospital. Con esta acción cumplimos con nuestro objetivo nuclear: sensibilizar sobre las dificultades que afrontan algunos colectivos vulnerables en el acceso a la salud; generar conciencia y conocimiento sobre la discriminación racial e involucrar a instituciones sanitarias en la lucha contra la discriminación por origen, aplicando y respetando las normas vigentes de igualdad de trato en la prestación sanitaria: el acceso, y gratuidad, a la asistencia sanitaria de urgencia con independencia del origen y condición del paciente.

Los hechos descritos y que propiciaron la intervención de Accem constituían una situación de discriminación institucional que afortunadamente pudimos revertir. Hay que recordar que la exclusión de la atención sanitaria de las personas inmigrantes en función de su situación administrativa en España—con la excepción de menores, embarazadas y atención en urgencias— entró en vigor por el real decreto 16/2012. Recientemente se ha anunciado la supresión de este real decreto y la aprobación de uno nuevo que recupera el carácter universal del Sistema Nacional de Salud. Deberemos de permanecer atentos/as para detectar y evitar que se reproduzcan este tipo de situaciones discriminatorias en el acceso a la salud y a la asistencia sanitaria.

En 2017 fueron atendidos 646 incidentes discriminatorios por el Servicio de Asistencia a Víctimas

El pasado 13 de junio, tuvo lugar en Valladolid y con la participación de Accem, una jornada dedicada a presentar la labor del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica, a través de los datos recogidos sobre su actividad en 2017.

Así, en 2017, la Memoria Anual de este instrumento de lucha contra la discriminación racial del que Accem forma parte, recoge 646 casos e incidentes discriminatorios (370 individuales y 276 colectivos). El 71% de ellos afectan a población menor de 45 años. El 35% afectan únicamente a mujeres; el 27% únicamente a hombres y el 38% conjuntamente a mujeres y hombres.

Los principales ámbitos en los que se producen estos incidentes, por este orden, son: acceso a bienes y servicios, medios de comunicación, empleo, vivienda y educación. En el 85% de las veces se trató de casos de discriminación directa.

Entre octubre de 2015 y octubre de 2017 fueron atendidos 1.214 casos discriminatorios, de los que 98 tuvieron lugar en Valladolid, ciudad anfitriona de esta presentación, que contó con amplia cobertura de los medios de comunicación locales.

La jornada permitió debatir sobre aspectos como los actores clave en la lucha contra la discriminación racial o étnica, la metodología de trabajo utilizada y los retos de futuro que se presentan. El intercambio de opiniones y la exposición de los datos sirvió para concluir que tanto a nivel estatal como local la mayor parte de situaciones e incidentes discriminatorios (penales, laborales, administrativos), continúan permaneciendo ocultos, impidiendo una mayor visibilidad de las víctimas y la aplicación efectiva de la normativa.

La “Jornada sobre Discriminación: Presentación del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica. Retos de futuro por la Igualdad” fue ocasión para dar a conocer a la ciudadanía, administraciones públicas y agentes profesionales clave el contexto de discriminación racial o étnica sobre el que el Servicio actúa, así como concienciar a la ciudadanía sobre la realidad del racismo y la importancia de denunciar los casos de discriminación.

La organización anfitriona de la jornada fue Red Acoge, entidad de referencia regional del Servicio en Valladolid, y tuvo lugar en el Patio Herreriano del Museo de Arte Contemporáneo. Se contó con la participación en sendas mesas redondas, de carácter institucional y de análisis de resultados, de la entidad coordinadora del Servicio a nivel estatal, Fundación Secretariado Gitano (FSG); de representantes de ONG como el Movimiento Contra la Intolerancia (MCI), Cruz Roja y Accem, así como de otros agentes clave como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (a través del responsable de Delitos de Odio en la Comandancia de la Guardia Civil de zona); el Colegio de Abogados de Valladolid y el Observatorio para la Igualdad de la Universidad de Valladolid.

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Se publica el quinto informe de ECRI sobre el estado de la lucha contra la intolerancia en España

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) ha publicado su nuevo informe referido a España, en el que analiza la situación de nuestro país en relación a la lucha contra el racismo y la intolerancia.

En este informe, ECRI realiza dos recomendaciones de carácter prioritario a las autoridades españolas. Por una parte, pide que se establezca un organismo independiente de promoción de la igualdad, con el fin de que se asegure que el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica goce de una real independencia y esté dotado de las facultades necesarias para que sea efectivo. Por otra parte, ECRI recomienda que se conciban y se lleven a cabo las actividades precisas para garantizar un rápido incremento del porcentaje de niños y niñas de etnia gitana que finalizan la enseñanza obligatoria. ECRI afirma que realizará un seguimiento específico del recorrido de estas dos recomendaciones prioritarias.

El ECRI, en el marco de sus actividades estatutarias, lleva a cabo una labor de supervisión de los países miembros, analizando progresos y debilidades y formulando sugerencias y propuestas para abordar los problemas detectados. Este cometido lo realiza en ciclos de cinco años. El quinto ciclo comenzó en noviembre de 2012 y ha terminado en el mes de junio de este año. En el quinto informe sobre España, desde ECRI se acogen con agrado los cambios positivos detectados desde la adopción del cuarto informe (2010), si bien se ponen sobre la mesa algunas cuestiones que suscitan preocupación. Destacan las siguientes:

1.- La Constitución Española restringe el derecho de los extranjeros a la igualdad; las disposiciones relativas a los delitos motivados por el odio no mencionan explícitamente los motivos del color, el idioma o la nacionalidad. Las disposiciones existentes relativas a la lucha contra la discriminación están ocultas y prácticamente no se han presentado casos de discriminación ante los tribunales.

2.- No se ha promulgado un proyecto de ley de 2011 relativo a una nueva legislación contra la discriminación. El organismo de lucha contra la discriminación -CERED- no es independiente, no tiene una infraestructura propia y han cesado prácticamente todas sus actividades.

3.- Las estadísticas de la policía sobre los delitos motivados por el odio se caracterizan por la notificación insuficiente y por las incoherencias en la recopilación de datos y no están suficientemente vinculadas con las estadísticas judiciales. Así pues, no proporcionan una visión realista del alcance de este tipo de delitos y no pueden utilizarse totalmente para mejorar su investigación. El discurso de incitación al odio en internet y en las redes sociales ha aumentado de manera notable.

4.- Se han adoptado pocas medidas desde 2015 para prevenir el racismo y el discurso de incitación al odio.

5.- Los mecanismos autorreguladores para los medios de comunicación apenas contribuyen a prevenir la publicación de contenido xenófobo y racista.

Asimismo, en el presente informe, ECRI pide a las autoridades españolas que adopten medidas en diversos ámbitos. Para ello, formula una serie de recomendaciones:

1.- Tipificar como delito toda discriminación en el ejercicio de los cargos públicos de una persona.

2.- Adoptar una legislación nueva y amplia para combatir la discriminación.

3. Actualizar la estrategia de lucha contra el racismo y sensibilizar acerca de la existencia de códigos éticos y de organismos autorreguladores destinados a los medios de comunicación y a mejorar su competencia a la hora de afrontar el discurso de incitación al odio. Iniciar investigaciones, impartir formación e incitar a la reflexión a los profesionales de los medios de comunicación sobre maneras de evitar el discurso de incitación al odio en los medios de comunicación.

4.- Mejorar el sistema de registro y vigilancia del discurso de incitación al odio y de otros delitos conexos.

5.- Intensificar e institucionalizar el diálogo sostenible con los grupos vulnerables.

6.- Dada la escasa información sobre el uso de la legislación civil o administrativa contra la difusión del discurso de incitación al odio, ECRI considera que, además de las actividades de formación de los colegios de abogados, un organismo efectivo de promoción de la igualdad ayudaría a mejorar las respuestas al discurso de incitación al odio en este ámbito.

 

Sobre la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI)

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), establecida por el Consejo de Europa, es un organismo de supervisión independiente en materia de derechos humanos especializado en cuestiones relativas al racismo y la intolerancia. Está compuesta por miembros independientes e imparciales designados sobre la base de su autoridad moral y de sus conocimientos técnicos reconocidos en la lucha contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia.

El Comité de Ministros del Consejo de Europa, a propuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad español, nombró a principios de año como nueva representante española a la abogada Sara Giménez Giménez, de la Fundación Secretariado Gitano (FSG).

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Visita de Naciones Unidas para evaluar la situación de las personas afrodescendientes

Accem participó en la reunión con el grupo de trabajo de personas expertas de Naciones Unidas que, con motivo del Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes, visitaron distintas ciudades españolas, entre ellas Madrid, el pasado mes de febrero.

Durante la visita, evaluaron la situación de los derechos humanos de los/las afrodescendientes que viven en nuestro país, incluidas las personas migrantes y solicitantes de protección internacional, y recabaron información sobre las distintas formas de racismo, discriminación racial, xenofobia, afrofobia y demás formas conexas de intolerancia a las que se enfrentan. Los expertos y expertas de Naciones Unidas partieron del estudio de las medidas oficiales adoptadas y de los mecanismos de prevención y protección de las víctimas ante la discriminación racial sistemática.

Fue en este marco en el que se celebró en el pasado mes de febrero un encuentro de trabajo con distintas organizaciones de la sociedad civil, expertas en esta materia, y entre las que se encontraba Accem, en la que se abordó la realidad de las personas afrodescendientes como potenciales víctimas de discriminación por origen racial o étnico.

La aportación de Accem consistió en la presentación de un informe sobre la “Protección y defensa jurídica efectiva de las víctimas de discriminación racial o étnica”, abogando por la necesidad y oportunidad de legislar una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación.

En posterior rueda de prensa, el grupo de trabajo agradeció la colaboración y aportaciones de las entidades e interlocutores varios, Gobierno e instituciones locales al tiempo que efectuó una declaración preliminar a las conclusiones definitivas y recomendaciones finales que se presentarán al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el próximo mes de septiembre de 2018.

Así, se destacó la importancia de la existencia de un compromiso institucional en participar en el diálogo, la cooperación y la acción contra la discriminación racial, involucrando a las organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y afrodescendientes, y de proporcionar a esas organizaciones los fondos financieros adecuados para desarrollar su labor.

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Accem estuvo presente en la VI Asamblea de la RIOOD

Del 15 al 18 de mayo de 2018 tuvo lugar la VI Asamblea Ordinaria de la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación (RIOOD) en Cartagena de Indias (Colombia), de la que Accem forma parte desde el año 2016.

En las distintas sesiones de sexta reunión anual, se adoptaron diversos acuerdos tanto de carácter orgánico como declarativo. En este sentido, la RIOOD abogó por la necesidad de:

  1. Redoblar los esfuerzos por reconocer a la población afrodescendiente y su contribución histórica al desarrollo, así como a implementar condiciones equitativas para su acceso efectivo a derechos humanos.
  2. Fortalecer el reconocimiento y promoción del derecho a los pueblos indígenas en sus aportes en la vida económica, social, cultural y política de los países que conforman la RIOOD. Es necesario destacar sus formas de ver y entender el cosmos, culturales, así como su mística de relacionamiento con la madre naturaleza, lo que motiva a que luchen por la defensa del territorio, sus propias formas de organización y aplicación de la justicia en las comunidades.
  3. Remover los obstáculos y barreras que dificultan e incluso impiden el pleno ejercicio de derechos de las personas migrantes.
  4. Reconocer las dificultades que enfrentan las personas pertenecientes a comunidades roma para reconocerles como sujetos de derechos en los países en que transitan y residen.
  5. Instamos a condenar los discursos de odio, fundamentalismos y violencias hacia personas LGBTI, a generar e impulsar políticas y legislaciones que combaten toda discriminación, a reconocer el ejercicio igualitario de todos los derechos y a asegurar la urgente protección de la orientación sexual, identidad de género, expresión de género y diversidad corporal de las personas en consonancia con los principios de igualdad y no discriminación.
  6. Promover procesos que incidan en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, sumando voluntades para erradicar todas las formas de discriminación y promover la inclusión social plena en la vida comunitaria con dignidad, autonomía e independencia.
  7. Considerar las diferentes etapas de vida de las personas en las estrategias focalizadas de lucha contra la discriminación, poniendo especial atención en la niñez, adolescencia, etapa reproductiva y aquella de las personas adultas mayores.
  8. Continuar impulsando actuaciones para promover y consolidar la igualdad de derechos de las mujeres y las niñas en condiciones de dignidad y libertad, libres de violencia de género.

 

La RIOOD pretende consolidarse como un referente en la lucha e instrumentación de estrategias para la reducción de la desigualdad y el combate a la discriminación estructural en la región.

A nivel orgánico, en la VI Asamblea Ordinaria se renovaron los cargos ejecutivos de la red, por el periodo desde el 18 de mayo de 2018 al 31 de mayo de 2019. La presidencia en este periodo la ostentará Guatemala, a través del organismo gubernamental de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas (CODISRA), con el apoyo en la secretaría técnica de México, por medio del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en México (COPRED).

Se creó una Comisión de Transición de naturaleza jurídica de la que Accem es integrante, con fecha límite de actuación hasta el 31 de marzo de 2019, en orden a poder resolver, optimizar y ordenar el marco normativo y económico interno de referencia. Accem también tiene presencia en la Comisión Estatutaria, en suspenso hasta la finalización de los trabajos de la Comisión de Transición, así como en la Comisión de Casos Emblemáticos.

 

Sobre la RIOOD

La RIOOD está integrada por organismos públicos, organizaciones regionales, internacionales, multilaterales; organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, que comparten los mismos objetivos en la búsqueda del respeto al derecho a la igualdad y la no-discriminación en Iberoamérica.

Fue creada el 24 de septiembre de 2007 en el marco del “Encuentro Iberoamericano: Desarrollo Social, Democracia y No Discriminación”, y tiene como misión coadyuvar en la lucha contra todas las formas de discriminación mediante la articulación de sus integrantes, el intercambio y producción de información, así como la coordinación de acciones individuales y conjuntas que busquen erradicar este fenómeno en todos los ámbitos, públicos y privados.

Sus objetivos nucleares son los siguientes:

  • Propiciar procesos de reflexión, acercamiento y cooperación entre sus integrantes a fin de impulsar acciones conjuntas para combatir la discriminación en toda la región iberoamericana.
  • Promover e incidir en la inclusión de la problemática de la discriminación como prioritaria en las agendas de acción de los Estados.
  • Impulsar el seguimiento de las recomendaciones internacionales emitidas por los diferentes organismos internacionales relativas a la no-discriminación y ratificación de instrumentos internacionales que defiendan los derechos humanos.
  • Promover la generación de información y estudios relacionados con la discriminación como insumos para incidir en las políticas de la región.

 

Accem en el I Congreso Andaluz de Criminología

Los pasados días 6, 7 y 8 de marzo tuvo lugar, en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, el I Congreso Andaluz de Criminología, con más de 250 personas asistentes y 50 comunicaciones presentadas. El C.A.C. fue organizado por la Asociación Andaluza de Criminólogos (AndaCrim), en colaboración con la Universidad Pablo de Olavide y el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, y contó con la participación de Accem.

Desde Accem participamos en la tercera mesa de debate que llevaba por título “El criminólogo al servicio de la atención a las víctimas de delito”, donde compartimos espacio con la coordinadora del Servicio Telefónico de Atención y Protección a las Víctimas de la Violencia de Género (ATENPRO) y el coordinador del Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía (SAVA).

Durante casi dos horas tuvimos ocasión de presentar nuestro trabajo en el campo de atención a las víctimas de discriminación por origen racial o étnico, debatiendo el tipo de atención que se ofrece a las mismas y las aportaciones que la criminología puede ofrecer en nuestro trabajo diario. Como conclusión destacamos la importancia del papel del criminólogo en la elaboración del perfil del agente discriminador más que en el perfil de la víctima.

AndaCrim, organizadora del congreso, nace en julio de 2015 como asociación profesional formada por licenciados y graduados en Criminología provenientes de diferentes puntos de la geografía andaluza, con la aspiración de representar al colectivo de criminólogos de la comunidad autónoma.

La participación de Accem en este importante congreso se realizó en el marco del “Programa de asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico”, que Accem desarrolla con la financiación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Dirección General de Migraciones, y el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), y del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.