Comunicado de la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación

Accem forma parte de la Alianza por una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación.

Las entidades que conformamos la Alianza por una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, referentes en la lucha contra todas las formas de racismo, xenofobia y antigitanismo, expresamos nuestra satisfacción por la tramitación parlamentaria de la norma en el Congreso, con la presentación de una Proposición de Ley el pasado 21 de enero. Esperamos que en esta ocasión la tramitación culmine con su aprobación definitiva, dado que se trata de un proyecto legislativo que llevamos reclamando desde hace más de 12 años, tal y como han venido instando a España numerosos organismos internacionales y europeos de protección de los derechos humanos.

Como ya hemos manifestado en varias ocasiones, esta normativa debe aprobarse con carácter de urgencia, dado que muchas de las situaciones de discriminación que enfrentan en su día a día las personas con las que trabajamos no encuentran un encaje en la legislación vigente, y por lo tanto, no pueden denunciarse.

Desde la Alianza valoramos que, aunque hay aspectos mejorables que esperamos que se aborden durante la tramitación de forma dialogada, la proposición registrada el pasado 21 de enero incorpora elementos básicos para la lucha contra la discriminación, en consonancia con los estándares internacionales y europeos, como el establecimiento de un régimen sancionador y la creación de un organismo independiente de igualdad.

Por todo ello, esperamos que esta Ley tenga el mayor consenso posible; las víctimas de discriminación no merecen menos. En este sentido, hacemos un llamamiento a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, para que, realizando aportaciones constructivas de mejora, apoyen esta Ley y de esta manera se sumen a la defensa del principio de igualdad de trato y no discriminación, pieza angular de nuestro Estado de Derecho.

Finalmente, anunciamos que desde la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato seguiremos trabajando para realizar aportaciones de mejora, entendiendo que la sociedad civil debe continuar participando en nutrir esta ley, también durante el trámite parlamentario.

Resultados del servicio online de atención a víctimas de discriminación por origen racial o étnico

Cuando se decretó el Estado de Alarma, durante su vigencia y hasta la actualidad, tuvimos que adaptar nuestra metodología de trabajo para poder seguir dando respuesta a las  acciones y objetivos propuestos. Desde el programa de “Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico” estudiamos e implementamos la forma de adaptar el desarrollo del programa a la realidad de emergencia sanitaria. Este análisis concluyó con la puesta en marcha de un servicio online de asistencia a potenciales víctimas.

La imposibilidad de atenderlas de una forma presencial en nuestras oficinas podía suplirse con un servicio eficaz, eficiente y efectivo que las pudiera atender a través de una linea telefónica. Esta situación puso a prueba el grado de avance del programa en términos de transformación digital, ofreciendo la oportunidad de poder seguir atendiendo a las víctimas también en este complejo escenario.

El éxito del servicio online radicó en la difusión, por diversos y variados medios (equipo de Accem, redes sociales, apoyo de otras entidades y administraciones, etc.) que facilitaron esta información a las personas que lo pudieron necesitar. Así, contactaron con esta nueva herramienta personas de especial vulnerabilidad, entidades sociales y agentes concernidos, recabando apoyo, asistencia, planteando y despejando dudas en materia de igualdad de trato y no discriminación, de espacios y localizaciones diversas.

Las potenciales víctimas recibieron llamadas del equipo técnico del programa, en sus distintas localizaciones territoriales, informando y atendiendo ante las situaciones discriminatorias que podían enfrentar así como las alternativas de resolución ante la diferencia de trato recibida. Se les facilitó los recursos con los que cuenta el programa y las acciones que se desarrollan para ello.

Desde que se puso en marcha el servicio online, en la primavera, hasta el comienzos de diciembre de 2020, se han realizado y respondido más de 150 llamadas telefónicas y se han mantenido casi 100 conversaciones a través de aplicaciones de mensajería instantánea.

La valoración del servicio de asistencia online es muy positiva. Habilitar una nueva vía de comunicación con las potenciales víctimas de discriminación incide en el propósito nuclear del programa: conocer la realidad de la discriminación, cómo detectarla y qué estrategias pueden utilizarse para combatirla.

Este servicio es un lazo más con la sociedad diversa y plural, evitando en la medida de nuestras posibilidades como sociedad civil implicada, la vulneración de un derecho fundamental como es la igualdad de trato y no discriminación por origen racial o étnico de las personas inmigrantes, objetivo de las acciones de sensibilización y asistencia ante este escenario prolongado de emergencia sanitaria en España.

El número de teléfono que se ha habilitado es 637 719 287 y se atiende en horarios de mañana de 8:30 h. a 15:30 h. de lunes a viernes.

Fructífera colaboración entre Accem e Inercia Digital en Sevilla

A comienzos de 2020, Accem e Inercia Digital firmaron un convenio en Sevilla que ha posibilitado la colaboración mutua en varios proyectos europeos, centrados en la mejora continua de la formación, la innovación en competencias digitales y de emprendimiento, para así contribuir a los retos digitales, económicos, sociales y culturales de nuestro tiempo.

Inercia Digital es una innovadora empresa social andaluza, especializada en formación e innovación de competencias digitales a nivel internacional, sobre todo a través de proyectos como el Programa de Aprendizaje Permanente y el Programa Erasmus+.

En el marco de este convenio innovador, este otoño pudimos sensibilizar a casi cien jóvenes de entre dieciocho y treinta y cuatro años en igualdad de trato y no discriminación, a través del proyecto europeo Youth Work 2.0, cuyo principal objetivo consiste en mejorar la calidad del trabajo juvenil para ser agentes activos de inclusión, para luchar contra la discriminación y para fomentar el desarrollo de competencias sociales, cívicas e interculturales entre los jóvenes.

Tras el éxito de esta acción, Inercia Digital nos solicitó una capacitación más especializada en materia de no discriminación, dirigida a sus profesionales/trabajadores y así lo realizamos a través del taller “Detección y acción frente a la discriminación por motivos de origen racial o étnico. Derecho fundamental a la igualdad de trato”, donde abordamos casos concretos discriminatorios, su detección e intervención y apoyo social, basados en nuestra experiencia de continuidad, y su diferencia con los denominados delitos de odio.

Ambas acciones están enmarcadas en el programa de “Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico”, que desde Accem desarrollamos con la financiación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI).

Actividad de sensibilización sobre discriminación con profesionales en intervención socioeducativa en Asturias

El viernes 20 de noviembre participamos desde Asturias, a través del programa de “Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico” de Accem en la tercera sesión de la asignatura “Derechos Humanos, inmigración y educación intercultural” del Máster Universitario de Intervención e Investigación Socioeducativa, impartiendo la actividad de sensibilización para profesionales “Intervención socioeducativa en igualdad de trato: claves y estrategias de detección y acción”.

Los objetivos de esta actividad eran: proporcionar a las personas asistentes el marco conceptual y normativo sobre la discriminación/delitos de odio; reflexionar sobre las diversas formas de discriminación a las que están expuestas las personas inmigrantes nuestro país y conocer los programas que desarrollamos en Accem de asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico.

La actividad tuvo una duración de dos horas y media y contó con la asistencia de 15 personas: trabajadores/as sociales, pedagogos/as, psicólogos/as, educadores/as sociales, profesorado de educación primaria, etc.

Las temáticas trabajadas fueron las siguientes:

  • Conceptos clave sobre discriminación racial.
  • Grupos vulnerables a la discriminación.
  • Contextualización de la discriminación/delitos de odio.
  • Marco normativo: derecho antidiscriminatorio.
  • Tipos y ámbitos en los que suele producirse la discriminación.
  • Factores que inciden: percepción de la discriminación en las personas inmigrantes.
  • Presentación del programa estatal de asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico de Accem.

Como profesionales en intervención socioeducativa, desempeñando diversas funciones relacionadas con la atención y apoyo a colectivos vulnerables, la atención a la diversidad, la intervención con grupos y comunidad, la sensibilización y capacitación en temas vinculados a la igualdad y a la no discriminación, la impartición de esta actividad ha sido de especial utilidad y relevancia para su práctica profesional y futura, dotándoles de conocimientos teóricos y recursos didácticos para que sepan detectar situaciones de racismo y discriminación por origen racial o étnico, y puedan trabajar desde la sensibilización y la prevención.

La Alianza por una Ley de Igualdad de Trato se reunió con la ministra de Igualdad

Las entidades que conforman la Alianza por una Ley de Igualdad de Trato, entre las que se encuentra Accem, se reunieron el pasado 9 de diciembre con la ministra de Igualdad, Irene Montero, de cara a impulsar la necesaria aprobación de una ley que se encuentra en fase de tramitación desde hace diez años.

Tras los anteriores intentos frustrados de aprobación de la ley en 2011 y 2019, el Estado español se comprometió en el pasado mes de julio ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a aprobar una ley de igualdad de trato lo antes posible.

La Alianza por una Ley de Igualdad de Trato persigue que se impulse una norma que establezca un régimen de infracciones y sanciones, que incluya la obligación de reparar los daños y perjuicios causados a las víctimas, que prevea la creación de una autoridad independiente para velar por su cumplimiento y monitorizar la vulneración de derechos fundamentales.

Distintos organismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, ambos de Naciones Unidas, o la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI, por sus siglas en inglés) han incluido en varios de sus informes sobre España la recomendación de aprobar esta norma, imprescindible para consolidar un régimen normativo eficaz que aborde todas las formas de discriminación que sufren muchas personas en nuestro país.

Mientras que el Código Penal ha incorporado mejoras en los últimos tiempos para combatir los delitos de odio, esto es, los ataques racistas más graves, las discriminaciones más habituales y cotidianas que enfrentan las personas pertenecientes a colectivos no mayoritarios siguen sin ser contempladas en la normativa vigente y sin disponer de una ley propia que viene reclamándose desde su primer proyecto de Ley en 2011.

Las entidades que impulsan la Alianza llevan muchos años trabajando con víctimas de distintas formas de racismo, xenofobia y antigitanismo, y conocen de primera mano las consecuencias directas para estas personas de la ausencia de un marco normativo adecuado; muchas han sido las ocasiones en las que personas que sufren vulneraciones de derechos en base a su origen racial o étnico han quedado sin resarcir adecuadamente por no existir un régimen de infracciones y sanciones.

La Alianza por una Ley de Igualdad de Trato está formada por las siguientes organizaciones: Accem, Asociación Rumiñahui, CEAR, Cruz Roja Española, Fundación Cepaim, Fundación Secretariado Gitano, Movimiento por la Paz y Red Acoge.

Discriminación en el acceso al instituto de una alumna madrileña por vestir el hiyab

Desde Accem, como entidad integrante del Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica, hemos instado al Consejo Escolar del instituto de enseñanza secundaria infractor, y a la Inspección Educativa de zona, a resolver la cuestión que exponemos a continuación, y a apoyar a la alumna afectada por la medida discriminatoria, motivada en su creencia religiosa.

El pasado 18 de septiembre de 2020 se iniciaba el curso escolar en los ciclos formativos de la Comunidad de Madrid. También en uno de los centros del municipio de Alcorcón, del cinturón sur de la región madrileña, con presencia de población extranjera significativa porcentualmente.

Consecuencia del protocolo sanitario establecido, el alumnado esperaba en la puerta del centro educativo a ser llamado por el personal del mismo quienes les daban entrada, accediendo a las clases, respetando distancias y tiempos.

Al ser nombrada la alumna discriminada, y cuando accedía a las instalaciones, el personal del centro le impide el paso, solicitando que esperase a que acudiera la jefa de estudios responsable de los ciclos formativos. ¿Motivo? Que llevaba hiyab, un elemento fundamental de su identidad cultural y religiosa. La jefa de estudios le informó de una normativa interna del centro que impedía acceder al mismo con la cabeza cubierta. No podía acceder al centro y regresaba a su domicilio.

La respuesta obtenida de los responsables del centro de forma reiterada a través de conversación telefónica mantenida a finales de septiembre con el técnico de Accem de este programa, fue comparar el hiyab con una gorra o visera.

La estudiante afectada, mayor de edad, intentó sin éxito poder explicar a la jefatura de estudios y a la dirección del centro, cuáles eran sus motivos y argumentos para vestir con la hiyab, aferrándose a una razón religiosa y cultural.

Por ello, ante la vulneración de su derecho fundamental a la igualdad de trato, se realizó la oportuna reclamación escrita ante el propio IES discriminador y ante el registro de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

El centro educativo esgrime para impedir su derecho a la educación las “Normas de Convivencia” internas, aprobadas con fecha 30 de junio de 2020 donde se relata “la necesidad de limpieza e higiene en la apariencia y vestimenta del alumnado y comunidad educativa así como la obligación de la cabeza descubierta por gorras y viseras (…)”. Curiosamente, en su artículo 2.1, destaca, entre otros, como finalidad educativa del centro, expresada de modo palmario y, sin embargo, indiciariamente conculcada:

“Desarrollar en los alumnos hábitos de vida saludables, comportamientos respetuosos para con los demás y el medio ambiente y actitudes tolerantes, solidarias e integradoras que favorezcan la convivencia.”

Principio informador no discriminatorio de las propias normas internas esgrimidas por el centro educativo para impedir que la alumna creyente musulmana acceda a sus instalaciones que es notorio no aplica en este supuesto.

La respuesta obtenida de ambos responsables del centro fue comparar su hiyab como si fuese una gorra o una visera, reiterada también al técnico del programa de Accem, a través de una conversación telefónica mantenida a finales de septiembre.

El caso ha continuado ante el Consejo Escolar del IES, mediante escrito motivado en hechos y fundamentos de derecho aplicable (local, regional y estatal). El Consejo Escolar es el órgano competente para dirimir y resolver la cuestión flagrante planteada por la víctima y, sin embargo, este se ha inhibido de respuesta alguna. Es más, el propio centro va a expulsar a la alumna por las faltas de asistencia a las clases.

Ante esta situación discriminatoria, argumentalmente patética, a finales de noviembre se contactó con el inspector educativo de la Comunidad de Madrid, supervisor del centro, exponiendo la situación, y solicitando, mediante la presentación de un escrito motivado, la revocación de la medida discriminatoria y el acceso a la alumna al centro educativo. A la fecha de cierre de la edición de este boletín no hemos recibido respuesta.

La gravedad, la trascendencia social y legal de los hechos producidos, siendo la víctima una alumna creyente musulmana, a quien se le ha impedido el acceso al centro, negándole el desempeño de su curso escolar; ha propiciado que haya perdido la oportunidad de acceder al inicio de las clases y perder el curso escolar, con el consiguiente perjuicio formativo y curricular objetivable. Ha sido imposible, además, comenzado el curso, que pueda inscribirse en otro centro educativo.

Desde Accem, enfatizamos el grave quebranto producido en la función de velar por la protección de los derechos del alumnado, principio nuclear del derecho a la educación en España, por quienes deben, precisamente, ser garantes del mismo sin discriminación alguna ni desigualdad de trato amparada en supuestas “normas de convivencia”, a todas luces contrarias al fin primordial de su mandato y aplicabilidad en la actual sociedad madrileña y española.

Por ello, se hace aún más necesaria una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación que ampare y asista a la víctima, dotándola de seguridad jurídica en una sociedad diversa y plural, y sancionando conductas discriminatorias institucionales como esta.

 

Tolerancia cero a la desigualdad por origen diverso

Comunicado de Accem con motivo del Día Internacional para la Tolerancia.

En 1995, la ONU estableció el Día Internacional para la Tolerancia, y la UNESCO adoptó la Declaración de Principios sobre la Tolerancia, que afirma, entre otras cosas, que la tolerancia reconoce los derechos humanos universales, las libertades fundamentales de los demás y la diversidad de los pueblos. La Declaración describe la tolerancia no solo como un deber moral, sino como un requerimiento político y legal para las personas, los grupos y los Estados.

En la semana del 16 al 20 de noviembre de 2020 se celebra su conmemoración anual, constituyendo este aniversario de notoria relevancia en su difusión, alcance e impacto: tolerancia cero a la desigualdad por origen diverso.

La discriminación, el racismo y los delitos de odios son formas comunes de intolerancia en nuestra sociedad.

La situación de emergencia sanitaria iniciada en 2020, como consecuencia de la pandemia global de la Covid-19, ha supuesto un impacto sin precedentes, por su rapidez e intensidad, en las estructuras sociales, económicas y laborales de los Estados afectados y su población.

Se han multiplicado los episodios discriminatorios en los espacios públicos y privados, y en distintos ámbitos cotidianos (sanitario, educativo, laboral, de vivienda, de seguridad ciudadana, de ocio, etc..) a nivel mundial, y España no es una excepción.

En este sentido, y aun cuando las necesidades sanitarias de la población se atenúen en un futuro todavía incierto, es relevante cómo actuemos ante la emergencia de otras necesidades de carácter socioeconómico del conjunto de la sociedad y, muy especialmente, de los grupos de población más vulnerables que puedan ahondar en su exclusión social y negación de los derechos y libertades ya consolidados.

En estos tiempos tan difíciles, la prioridad deberían ser los mensajes que hablen de la solidaridad entre las personas, la responsabilidad como sociedad diversa y los cuidados comunitarios. Estamos asistiendo a discursos excluyentes, a mensajes racistas y de odio, a cuestionamientos de la sociedad plural y a la estigmatización del diferente como fuente de contagio o dispersión del mismo. La Covid-19 tiene como aliados la desinformación, las noticias falsas, los estereotipos, los prejuicios, en definitiva, la intolerancia hacia personas y colectivos vulnerables.

El virus no conoce fronteras. La desigualdad y discriminación motivada por el origen diverso o condición de las personas afectadas por esta crisis, constituye un grave retroceso para TODOS los seres humanos y los Estados.

Por ello, ante situaciones tan extraordinarias como la actual, las entidades de la sociedad civil, la ciudadanía y, los Estados, debemos realizar, también, un esfuerzo extraordinario, en no invisibilizar y abandonar a quienes son más vulnerables. Antes, ahora y después de la emergencia sanitaria, debe constituir el núcleo de nuestras reivindicaciones en la celebración del Dia Internacional de la Tolerancia 2020.

 

 

 

 

 

La Alianza por una Ley de Igualdad de Trato urge al Gobierno a cumplir con su compromiso de tramitar una nueva ley

En el Día Internacional para la Tolerancia volvemos a reclamar la tramitación de una Ley Integral de Igualdad de Trato, instando a las autoridades competentes a poner en marcha todos los mecanismos necesarios para su promulgación.

Tras varios intentos fallidos para la aprobación de una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, las entidades que nos hemos unido en la Alianza por una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, volvemos a urgir a los poderes públicos a que cumplan su compromiso con la Organización de Naciones Unidas (ONU) de aprobar esta ley imprescindible para asegurar el disfrute de todos los derechos sin discriminación. El pasado mes de julio el Estado se comprometió con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sin embargo, todavía no se ha avanzado en su promulgación, dejando a España aún en deuda con la igualdad.

Compromiso del Estado español ante la ONU

El pasado mes de julio el Estado español se comprometió ante el Consejo de Derechos Humanos para impulsar esta ley, afirmando su voluntad de “aprobar próximamente la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación”. Sin embargo, las entidades que formamos parte de la Alianza aún no hemos tenido conocimiento de que haya ninguna propuesta legislativa trabajándose en el Congreso. Tampoco contamos con información de que vaya a crearse un proceso de consulta a fin de que esta ley incorpore un enfoque interseccional que incluya todas las mejoras necesarias para que las víctimas de discriminación encuentren la respuesta que vienen esperando.

Consideramos fundamental que este compromiso se materialice con carácter urgente. En ese sentido, recordamos que una primera versión de este texto normativo se remitió al Congreso de los Diputados en 2011, tras más de dos años de trabajos preparatorios en los que participaron muchas organizaciones de la sociedad civil, aunque su tramitación se vio frustrada por la convocatoria prematura de elecciones.

Avances insuficientes

Las ocho organizaciones especializadas en la lucha contra todas las formas de racismo que formamos parte de esta Alianza hemos remitido una carta al Gobierno de España para urgir al cumplimiento del compromiso adquirido con la aprobación de esta ley tan necesaria que se encuentra estancada desde hace más de 10 años.

En la carta, las entidades destacan “las situaciones de discriminación a las que se enfrentan en su día a día las personas con las que trabajan, que sufren vulneraciones diarias de sus derechos y que, en la mayoría de las ocasiones, no pueden responderse de manera efectiva, simplemente porque no existe un marco normativo específico que las sancione o que las aborde de manera adecuada”.

Víctimas sin resarcir

Las entidades que impulsan esta Alianza llevan muchos años trabajando con víctimas de distintas formas de racismo, xenofobia y antigitanismo, y conocen de primera mano las consecuencias directas para estas personas de la ausencia de un marco normativo adecuado; muchas han sido las ocasiones en las que personas que sufren vulneraciones de derechos en base a su origen racial o étnico han quedado sin resarcir adecuadamente por no existir un régimen de infracciones y sanciones. Por ejemplo, los casos en los que los superiores jerárquicos de una empresa instan a sus empleados a no dar servicio a personas pertenecientes a determinados grupos, o cuando particulares se niegan a alquilar una vivienda a personas gitanas o de origen migrante. Todas estas situaciones no pueden denunciarse, simplemente porque nuestra normativa no las sanciona.

 

> Descarga el Dossier Informativo

Un informe recoge los incidentes discriminatorios y racistas ocurridos durante el estado de alarma

El pasado 2 de octubre asistimos al webinar “Racismo y xenofobia durante el estado de alarma”, organizado por el Equipo de Implementación del Decenio Afrodescendiente y Rights International Spain (RIS), en el que se presentó un informe sobre la “Crisis sanitaria Covid-19: Racismo y xenofobia durante el estado de alarma en España”.

El informe documenta más de 70 incidentes racistas y prácticas institucionales discriminatorias ocurridas en España entre el 15 de marzo y el 2 de mayo de 2020, las primeras ocho semanas del estado de alarma. Entre ellas, “paradas policiales por perfil racial, hostigamientos, ataques racistas y discursos de odio” que han afectado sobre todo a personas negras y afrodescendientes, árabe-musulmanas, gitanas, latinoamericanas, así como a personas migrantes especialmente vulnerables, como aquellas con enfermedades mentales, empleadas de hogar y cuidadoras, manteros y vendedores ambulantes, temporeros agrícolas y mujeres víctimas de trata sexual. Estos incidentes discriminatorios han afectado tanto a personas inmigrantes en situación administrativa irregular, como a aquellas en proceso de pedir protección internacional y también a personas inmigrantes con su situación administrativa regularizada. De hecho, el informe presentado indica que el 40 % de las personas denunciantes tenían sus papeles en regla. “Tener una situación administrativa regular no exime de sufrir violencia racial”, señalan desde las organizaciones convocantes de la jornada.

Con la lectura de este informe se reafirma la necesidad y la urgencia de actuar para la eliminación de la discriminación racial. Para su equipo redactor, la discriminación racial se incrementa con las medidas adoptadas a raíz de la lucha contra la Covid-19, por lo que plantean la necesidad de añadir una perspectiva de género y racial en aquellas acciones sanitarias, legales, sociales y económicas que se adopten como planes de respuesta y de recuperación superada la crisis sanitaria.

En la presentación del informe estuvieron presentes Paula Guerra Cáceres, ex presidenta de SOS Racismo Madrid; Spitou Mendy Rodona, del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y el Sindicato de Obreros del Campo (SOC); Edith Espínola, portavoz de Servicio Doméstico Activo (SEDOAC) y la campaña #RegularizaciónYa; Emilio Israel Cortés, co-fundador y director de Juristas Gitanos; Gemma Ferreón, portavoz y responsable de Incidencia Social y Política en SOS Racisme Catalunya;  y Felipe González Morales, Relator Especial sobre Derechos Humanos de los Migrantes de Naciones Unidas. Participaron también y moderaron la jornada las personas autoras del informe: Esther Mamadou, Youssef M. Ouled,  Isabelle Mamadou y Lydia Vicente Márquez.

Durante el debate, se intercambiaron opiniones sobre el camino a seguir para abordar la catarsis de las estructuras que perpetúan la discriminación racial. Se puso sobre la mesa, asimismo, que es el momento de reconstruir una sociedad más inclusiva, solidaria, más fuerte y más igualitaria para todas las personas que las formamos. El informe incluye una serie de recomendaciones que el Equipo de Implementación y RIS creen que pueden servir para promover un progreso concreto hacia este objetivo.

La data elegida para la presentación no fue casualidad, el 2 de octubre es la fecha decretada por la ONU para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia.

> Puedes descargar el informe aquí.

> Puedes consultar el webinar aquí.

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Varias ONG se alían para exigir a las autoridades que cumplan con el compromiso expresado ante la ONU con la Ley de Igualdad de Trato

Accem, Asociación Rumiñahui, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Cruz Roja Española, Fundación Cepaim, Fundación Secretariado Gitano, Movimiento por la Paz-MPDL y Red Acoge, todas ellas organizaciones de la sociedad civil referentes en la lucha contra todas las formas de racismo, xenofobia y antigitanismo, han hecho pública su “Alianza por una Ley de Igualdad de Trato”. Con esta iniciativa persiguen que se dé impulso a la tramitación de una Ley integral de Igualdad de Trato y No Discriminación que establezca un régimen de infracciones y sanciones, incluyendo la obligación de reparación de los daños y perjuicios causados a las víctimas, y que se cree una autoridad independiente para velar por su cumplimiento y monitorizar la vulneración de derechos fundamentales.

Una deuda con la igualdad

Numerosas instituciones europeas e internacionales de protección de los derechos humanos llevan muchos años instando a España a dotarse de una Ley integral de Igualdad de Trato y No Discriminación. El Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, ambos de Naciones Unidas, o la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI, por sus siglas en inglés) han incluido en varios de sus informes sobre España la recomendación de aprobar esta norma, imprescindible para consolidar un régimen normativo eficaz que aborde todas las formas de discriminación que sufren muchas personas en nuestro país.

Mientras que el Código Penal ha incorporado muchas mejoras en los últimos tiempos para combatir los delitos de odio, esto es, los ataques racistas más graves, las discriminaciones más habituales y cotidianas que enfrentan las personas pertenecientes a colectivos no mayoritarios siguen sin ser contempladas en la normativa vigente y sin disponer de una ley propia que viene reclamándose desde su primer proyecto de Ley en 2011. Por ello, bajo el hashtag #DeudaConLaIgualdad, las entidades que integran esta alianza quieren incidir en la necesidad de su aprobación ante la ciudadanía. 

Víctimas sin resarcir

Las entidades que impulsan esta Alianza llevan muchos años trabajando con víctimas de distintas formas de racismo, xenofobia y antigitanismo, y conocen de primera mano las consecuencias directas para estas personas de la ausencia de un marco normativo adecuado; muchas han sido las ocasiones en las que personas que sufren vulneraciones de derechos en base a su origen racial o étnico han quedado sin resarcir adecuadamente por no existir un régimen de infracciones y sanciones. Por ejemplo, los casos en los que los superiores jerárquicos de una empresa instan a sus empleados a no dar servicio a personas pertenecientes a determinados grupos, identificaciones por perfil étnico o racial por parte de la policía, o cuando particulares se niegan a alquilar una vivienda a personas gitanas o de origen migrante. Todas estas situaciones no pueden denunciarse, simplemente porque nuestra normativa es insuficiente y dispersa, careciendo de un régimen sancionador para aquellos incidentes no constitutivos de ilícitos penales.

Por otro lado, hay situaciones en las que, a pesar de denunciar por vía penal, ha sido imposible lograr una sentencia condenatoria para el agente discriminador, habida cuenta de lo difícil que es probar en este tipo de procedimientos judiciales las situaciones discriminatorias. Así ha ocurrido en casos de denegación de acceso a personas gitanas o de origen migrante a restaurantes o locales de ocio, de acoso racista por parte de algunos vecinos y vecinas o de hostigamiento por parte de agentes de seguridad privada a mujeres gitanas en centros comerciales o supermercados.

Compromiso del Estado español

Este jueves 16 de julio culminaba ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el tercer Examen Periódico Universal al que se ha sometido el Estado español. Al igual que en las ediciones anteriores, varios han sido los Estados que han incluido, entre sus recomendaciones, la necesidad de aprobar una Ley integral de Igualdad de Trato. En esta ocasión, sin embargo, el Gobierno español ha expresado de manera muy contundente su compromiso con el impulso de esta norma, afirmando su voluntad de “aprobar próximamente la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación”, en la que se “ha previsto la creación de un organismo, que tendría el carácter de Autoridad para la Igualdad, encargado específicamente de promover y velar por la aplicación efectiva de esta legislación”, que contará “con autonomía y con personalidad jurídica, personal y presupuesto propio, que aplicará un régimen de infracciones y sanciones”.

Las organizaciones que forman parte de la Alianza por una Ley de Igualdad de Trato esperan que, en esta ocasión, el compromiso se materialice realmente. En ese sentido, recuerdan que una primera versión de este texto normativo se remitió al Congreso de los Diputados en 2011, tras más de dos años de trabajos preparatorios en los que participaron muchas organizaciones de la sociedad civil, aunque su tramitación se vio frustrada por la convocatoria prematura de elecciones. Desde entonces, se ha intentado en varias ocasiones retomar su tramitación, sin éxito.