El TJUE sobre visados humanitarios

El Tribunal de Justicia de la UE ha resuelto una cuestión, elevada por el Consejo de Extranjería belga, sobre el recurso presentado por una familia siria a la que le fue negado el asilo en Bélgica.

El fallo del Tribunal de Justicia ha sido esperado con mucha esperanza por parte de las organizaciones que trabajan para los derechos de los refugiados, debido su importancia y alcance y al hecho de que el abogado general, Paolo Mengozzi, había sostenido que todos los Estados miembros están obligados a entregar visados humanitarios “si existen razones serias y fundadas para creer que la denegación de tal visado expondrá a las personas que buscan protección internacional a la tortura o a tratos inhumanos o degradantes”, tal y como garantiza la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

La familia siria presentó en octubre de 2016 una solicitud de visado en la embajada de Bélgica en el Líbano con el fin de ser reconocidos como solicitantes de asilo. En sus alegaciones explicaban que sus vidas corrían serio peligro bajo el asedio que sufría la ciudad de Alepo, donde según ellos, uno de sus miembros fue secuestrado y liberado tras el pago de un rescate. Además, por su condición de cristianos podrían sufrir persecución religiosa. Sin embargo, la oficina de extranjería belga negó su petición argumentando que la intención de la familia era quedarse en el país más de los 90 días y así adquirir el visado. Pues ningún país europeo está obligado a admitir en su territorio a todas las personas que corran peligro.

No obstante, la posición no era concluyente, dado que las opiniones del letrado general no siempre coinciden con la decisión final de la Corte, y desafortunadamente el TJUE ha elegido una vía mucho más cauta y seguramente menos garantista de los derechos humanos.

A juicio de la Corte, en primer lugar, el código sobre visados europeos se adoptó sobre la base de medidas sobre visados para estancias de tres meses y no más. En consecuencia, el código de Visa establece los procedimientos y condiciones para la expedición de visados de tránsito a través o destino, no superiores a 90 días.  Sin embargo, la familia siria, presentó solicitudes de visas por razones humanitarias con el fin de solicitar asilo en Bélgica y, en consecuencia, para una residencia no limitada.

El TJUE deduce que el recurso cae fuera del alcance del Código sobre Visados UE. Señala, además, que ninguna medida ha sido adoptada hasta la fecha, por la legislatura europea con respecto a la expedición por los Estados miembros de visados de larga duración y permisos de residencia a nacionales de terceros países por razones humanitarias.

Por consiguiente, las solicitudes de la familia siria caen únicamente en el ámbito de la legislación nacional. Puesto que la situación en cuestión no se rige por la legislación de la UE, no aplica las disposiciones de la Carta de derechos fundamentales europea.  Según la corte, permitir a nacionales de terceros países presentar solicitudes para visas para obtener protección internacional en el Estado miembro de su elección socavaría la estructura general del sistema establecido por la Unión para determinar el Estado miembro responsable de examinar una solicitud de protección internacional.

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Suiza facilita la nacionalizaci&;oacute;n a migrantes de tercera generaci&;oacute;n

El pasado domingo 12 de febrero se llevó a cabo en Suiza un referéndum sobre favorecer el acceso a la nacionalización de inmigrantes de tercera generación.

Esta propuesta ha tenido un gran apoyo por parte del gobierno y la mayoría de grupos políticos.

Los resultados establecieron la victoria del “SÍ” con un 60,4% a favor y un 39,6% en contra. Podrán acogerse a esta nueva reforma aquellos inmigrantes de tercera generación que sean menores de 26 años y hubieran estado escolarizados en el país por un mínimo de 5 años. Así como estar incluido en la sociedad y no depender de ayuda del Estado. 

Según los medios tan solo 25.000 personas podrán acceder a este sistema y más de la mitad son descendientes italianos. 

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La UE planea modificar EURODAC para incluir a los MENAS

Un año después de que Europol estimara que 10.000 niños han desaparecido en Europa, los legisladores europeos afirman que mejorar el registro de los niños migrantes que entran en la UE podría hacer más fácil encontrar los que están desaparecidos. El Comisario Europeo para las migraciones, Dimitris Avramopoulos, afirmó recientemente al Parlamento Europeo que hay que utilizar «plenamente» los instrumentos existentes para divulgar y registrar las desapariciones de niños, sugiriendo que eran actualmente no se hace eficazmente.

Opinó que los niños desaparecidos deben ser registrados dentro del sistema de información de Schengen (SIS), que es la única base de datos europea utilizada con el fin de registrar las personas desaparecidas. Asimismo, propuso que las fotografías y huellas digitales deben estar conectadas a las entradas SIS. Esto significa que el SIS se vincularía a Eurodac, la otra base de datos que almacena las huellas dactilares de las personas que solicitan asilo o que se encuentran irregularmente en Europa. 

Las instituciones de la UE están trabajando en una actualización de las normas de Eurodac y la Comisión ha propuesto registrar las huellas dactilares y fotografías de los menores de seis años de edad – rebajando la edad actual de 14. 

El año pasado la Agencia Europea para los derechos fundamentales (FRA) fue encargada de emitir una opinión legal sobre Eurodac, en la que afirmó que la mayoría de los niños no acompañados que han desaparecido ya están dentro del sistema, pero esto no detiene las desapariciones y raras veces se trazan cuando desaparecen.

Sin embargo, la FRA afirmó que el registro es un componente fundamental para la protección internacional de los refugiados en general. La agencia hizo hincapié sobre el hecho que la propuesta presentada por la Comisión europea para reformar Eurodac solo estaba dirigida a la mejor aplicación del Reglamento de Dublín y fomentar la lucha contra la inmigración irregular y el crimen. Por lo cual, la FRA sugirió ampliar su alcance para expresamente perseguir un objetivo de protección del niño.

El Comité para las libertades cívicas (LIBE) pretende votar la propuesta en abril o mayo.

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Convocatoria del FAMI sobre integración

La Comisión Europea el pasado mes de diciembre ha lanzado la nueva convocatoria del Fondo de Asilo Migración e Integración sobre proyectos para fomentar la integración de los nacionales de terceros países.

Objetivos específicos:
La convocatoria pretende financiar los proyectos que se puedan llevar a cabo en lo relativo a la integración  de nacionales de terceros países.

Las solicitudes que se envían bajo esta convocatoria deben perseguir, al menos, una de las siguientes prioridades:

Promover la participación activa del conjunto de la sociedad
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La integración pasa por tener un trabajo. La participación de la sociedad en otro tipo de aspectos es igual de importante a como por ejemplo lo son las actividades de carácter educativo o social, en donde se incluyen las actividades con niños. Así, no sólo se contribuye a una integración “regular” o sin altibajos, sino que también se ayuda a promover una imagen positiva de la migración, combatiendo los estereotipos y, al mismo tiempo, comunicando los hechos reales y cambiando el discurso sobre migración.

Los solicitantes deben incluir en sus proyectos a voluntarios de los cuerpos de solidaridad europeos. En este caso, los beneficiarios del proyecto han de asegurarse de que incluyen un seguro de que habrá voluntarios  de estos cuerpos implicados en el proyecto.

En la evaluación de los proyectos, serán consideradas positivamente las acciones encaminadas en la dimensión de la inclusión de género para empoderar a las mujeres o crear condiciones para fomentar su participación. No obstante, los proyectos que incluyan este tipo de acciones han de demostrar que cumplen con este objetivo a través de la especificación de objetivos y fines concretos.

Los objetivos son:
– Promover el desarrollo y la implementación de acciones innovadoras para incrementar la participación de los nacionales de terceros países en el ámbito educativo y social, el aspectos cultural, lo relativo al voluntariado, profesiones en medios de comunicación, toma de decisiones, consulta y marcos de representación;
– Motivar la puesta en común de conocimientos y experiencias y la capacidad de generar acciones positivas para incrementar la participación de nacionales de terceros países en la sociedad, con especial foco en las actividades de carácter social, cultural, deportivo, voluntariado, toma de decisiones/consulta y representación.

Apoyo en la pre-salida y post-llegada en la integración que requiera de protección internacional para personas que están siendo relocalizadas en la UE o reasentadas en un tercer país.

Estarán disponibles fondos para las siguientes actividades encaminadas a integrar a las personas que necesitan de protección internacional o que están siendo relocalizadas en otro Estado Miembro o reasentadas fuera de la UE:
– Para personas reasentadas que provienen de un Estado NO Miembro: acciones que claramente estén destinadas a la pre-saluda y a la post-llegada;
– Para personas relocalizadas que vienen de otro Estado Miembro: acciones post-llegada basadas en las actividades informativas de pre-salida;
– Actividades para preparar a las comunidades que van a acoger la llegada de personas tanto reasentadas como relocalizadas.

La sociedad que formen los stakeholders debería estar constituida, idealmente, por autoridades de ámbito nacional, regional y local y organizaciones de la sociedad civil. Los proyectos deberían centrarse en el intercambio y aprendizaje mutuo entre los stakeholders de los Estados Miembro que tengan experiencia, a distinto nivel, sobre reasentamientos y relocalizaciones.

Los objetivos de estas actividades son los de apoyar:
– Actividades de pre-salida y preparar el reasentamiento de los nacionales de terceros países para su nueva vida en la UE; lo que debería servir de base para las siguientes actividades post-llegada;
– Actividades específicas de post-llegada, especialmente realizar o profundizar en actividades de pre-llegada y permitir así una efectiva integración de la gente reasentada o relocalizada;
– Actividades con las comunidades que reciben a estas personas, particularmente a los proveedores de servicios y potenciales empleadores.

Estas actividades también deberían trabajar con otros grupos vulnerables, como son las mujeres y los niños.

Cualquier acción bajo esta convocatoria ha de respetar y debe ser implementada en línea con los derechos y principios esgrimidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Las solicitudes han de prestar especial atención a los efectos del proyecto sobre los derechos y libertades individuales, y también a los posibles remedios. Además, cualquier acción bajo esta convocatoria debería cumplir con todos los principios éticos  tanto internacionales y  comunitarios como nacionales.

Solicitantes:
Multi-stakeholders formados por autoridades del ámbito nacional, regional y local en colaboración con organizaciones de la sociedad civil. Y se ha de contar con los voluntarios de los Cuerpos de Solidaridad europeos.

Plazo de presentación de propuestas:
28 de febrero de 2017

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La sentencia Khlaifia y otros c/ Italia del TEDH

El pasado 15 de diciembre de 2016 la Gran Sala del Tribunal Europeo de derechos humanos dictó su sentencia en el caso de Khlaifia y otros v. Italia, revocando parcialmente el fallo de cámara emitido el pasado 01 de septiembre de 2015.

El caso concierne los temas de la detención de migrantes en las fronteras italianas (incluyendo la isla de Lampedusa) y la expulsión de extranjeros de Italia a Túnez. Los acontecimientos tuvieron lugar en 2011, inmediatamente después de la primavera árabe. Las cuestiones planteadas frente al Tribunal por los demandantes y los argumentos planteados por los jueces son relevantes en el contexto actual de crisis europea en la gestión de los flujos de refugiados y su gestión por las instituciones de la Unión Europea y los Estados miembros.

Los solicitantes son tres ciudadanos tunecinos que, al igual que miles de migrantes cada año, intentaron entrar en Europa cruzando el Mediterráneo desde el norte de África a la costa italiana a bordo de embarcaciones rudimentarias.

La primera sentencia de la Cámara determinó por unanimidad las violaciones del artículo 5 en relación con los puntos 1, 2 y 4. En cuanto al artículo 3, la mayoría del Tribunal (cinco votos contra dos) encontró una violación en relación con las condiciones de detención en el centro de acogida de Lampedusa, pero no en relación con las condiciones de los buques atracados en Palermo en los que también fueron detenidos los demandantes. La misma mayoría también señalada una serie de factores que indican que la expulsión tuvo un carácter colectivo y, por tanto, representa una violación del artículo 4 del protocolo núm. 4. Por último, la mayoría de los jueces sostuvo que también había habido violación del artículo 13, junto con el artículo 3, debido a la falta de un recurso efectivo para impugnar las condiciones de confinamiento; y otra violación del artículo 13, junto con el artículo 4 del protocolo núm. 4, ya que la denegación de entrada aplicada a los demandantes indicaba expresamente que interponer un recurso no tendría ningún efecto suspensivo sobre su expulsión.

Sucesivamente, en febrero de 2016, fue aceptada la petición del gobierno italiano de referencia a la Gran Sala. La audiencia pública tuvo lugar el 22 de junio de 2016 y el juicio final fue emitido el 15 de diciembre de 2016. La gran sala confirmó la violación del artículo 5 § 1, § 2 y § 4 y confirmó la violación del artículo 13, junto con el artículo 3.

Teniendo en cuenta la tendencia del Tribunal de Justicia en tomar en cuenta juicios dl Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el fallo tendrá efecto en la interpretación de la legislación comunitaria, particularmente en el contexto de la supuesta “crisis de la migración”.

Por lo que se refiere al análisis de los argumentos desarrollados por la Gran Sala, trasladamos seguidamente el artículo publicado por Steve Peers en su blog Eulawanalysis en el que desglosa el razonamiento del tribunal y sus implicaciones sobre el derecho europeo.

En primer lugar, el tribunal afirma que mantener a migrantes en centros de acogida de asilo y naves puede equivaler a su detención, aspecto que es importante para interpretar la recepción en los estados miembros de la directiva UE sobre condiciones de acogida (en cuanto a la detención de solicitantes de asilo) y la Directiva de retorno (en cuanto a la detención de migrantes irregulares). El TJCE en efecto ya había declarado que la interpretación de ‘detención’ del TEDH seria relevante para la aplicación de la legislación de la UE sobre la orden de detención europea.

De la misma manera, cobra relevancia también la interpretación de la ‘legalidad’ de detención bajo el TEDH, dado que la legislación de la UE la exige.

En tercer lugar, es muy importante la insistencia del Tribunal sobre que el control judicial de la detención es fundamental incluso en el contexto de migratorio dejando claro que no hay ninguna ‘crisis’ ni otra excusa para evitar la revisión judicial de la detención de migración o asilo.

En cuanto a la violación sobre el derecho a ser informados encontrado porque a los migrantes no se les dijo la razón por la que fueron detenidos, es conforme con la redacción del artículo 9 (4) de la Directiva sobre condiciones de acogida, pero no con el contenido del artículo 15 (2) de la Directiva de retorno, que no prevé la exigencia expresa de informar a los detenidos.

Quinto, la conclusión de que no hubo ninguna violación del artículo 3 en cuanto a las condiciones en centros de acogida o en naves, le proporciona a los Estados cierta latitud en el contexto de la contexto actual y es relevante para la interpretación de las normas en las directivas mencionadas.

En sexto lugar, ambas las directivas no explicitan la prohibición de expulsión colectiva, pero está implícito el requisito de la toma de decisión individual y la obligación de cumplir con la Carta Europea de Derechos Fundamentales la cual expresamente prohíbe la expulsión colectiva. La sentencia del TEDH, por tanto, es relevante porque por un lado confirma la prohibición de expulsión colectiva aplicándola también a las acciones que los Estados definen como “denegación de entrada”, y por el otro porque no considera una violación del CEDH la ausencia de entrevistas individuales si se garantiza el recurso contra la expulsión. Cabe destacar como este último aspecto rebaja mucho los estándares previstos dentro de las Directiva sobre procedimientos de asilo Directiva sobre procedimientos de asilo y probablemente también el ‘derecho a ser oído” y su interpretación por la jurisprudencia del TJUE con respecto a los inmigrantes irregulares y la Directiva de retorno.

Séptimo, la violación del artículo 13 CEDH en relación con la falta de un recurso efectivo en relación con las condiciones de detención también podría ser pertinente a la legislación de la UE. Aunque este tipo de recurso no sea expresamente mencionado en las dos directivas europeas, sí que está garantizado por el artículo 47 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales.

Finalmente, al no encontrar violación de los artículos 2 o 3 CEDH, el tribunal expresa la conformidad de los hechos con el artículo 13 CEDH en relación con la falta de un derecho al efecto suspensivo de los recursos, justificando de esta manera la falta de efecto suspensivo de un recurso frente a una expulsión bajo la Directiva de retorno, excepto en los casos especiales definidos por el TJCE. Por el contrario, sí que confirma que debe haber efecto suspensivo o la posibilidad de solicitar tal efecto suspensivo en los casos de asilo, bajo la Directiva sobre procedimientos de asilo.

Para leer elcomentario entero a la sentencia pincha aquí >> 

Nuevo gobierno Italiano anuncia medidas para 2017

El pasado  30 de diciembre de 2016 el jefe de la policía italiana ha emitido una Circular que ha sido distribuida a todas las autoridades de policía en el territorio italiano en la que se delinea el compromiso del nuevo gobierno Gentiloni hacia una política más estricta en el control de la migración.

Entre otras acciones, la Circular propone el uso a gran escala de la detención como una medida para controlar la migración irregular y promover el retorno a terceros países.

En la misma línea,  comprometiéndose a una expansión de los centros de detención, con referencia a un objetivo de un CIE en cada región italiana. A finales de 2015, 7 CIE eran operativos en todo el país según el plan de reubicación. ASGI ha criticó duramente la propuesta de nuevo alentando inversiones políticas de reapertura de los centros de detención a pesar del ampliamente reconocido fracaso de tales políticas.

ASGI ha criticado agudamente la propuesta de nuevas inversiones políticas para la reapertura de los centros de detención que ignoran el ampliamente reconocido fracaso de dichas medidas en el pasado. Los exagerados costes de manutención, las condiciones degradantes y el impacto limitado en el número de repatriados han sido destacados por diversos organismos, incluyendo el mismo Senado Italiano y han llevado a los gobiernos anteriores a reducir drásticamente el número de CIE en el país.

Al mismo tiempo ASGI recuerda como el enfoque de “hotspot” haya revitalizado el sistemático recurso a la detención, llevando a importantes violaciones de derechos humanos contra los refugiados e inmigrantes en Italia que han sido documentadas por distintas organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Lee el comunicado de ASGI >> 

Consejo de Estado francés aprueba listado de países de origen seguro

El pasado 30 de diciembre de 2016, el Consejo de Estado francés ha emitido una sentencia sobre la legalidad de la última lista de “países seguros de origen”, adoptada por la Oficina para la Protección de los Refugiados y Personas Apátridas (OFPRA) el 09 de octubre de 2015.

El listado había sido impugnado en relación con Georgia y Kosovo, que se considera que no satisfacen los criterios de seguridad introducidos en la ley tras la reforma del asilo de 2015, transponiendo la Directiva de reforma sobre los procedimientos de asilo. En particular, en dicha reforma Kosovo había sido reintroducido como país de origen seguro en 09 de octubre de 2015 tras su retirada por el Consejo de estado el 10 de octubre de 2014.

En su nueva sentencia, el Consejo de estado ha confirmado la legalidad de la lista de países de origen seguros según lo formulado por la OFPRA. En cuanto a Kosovo más específicamente, encontró que el país estaba en proceso de un acuerdo de asociación con la Unión Europea y asegura un nivel satisfactorio de protección contra la persecución y los daños graves.

El Tribunal también tuvo en cuenta el hecho de que Kosovo ha sido propuesto como un país de origen seguro en la propuesta de la Comisión Europea para un listado común de la UE y ha sido designado como seguro por al menos seis otros Estados miembros. 

Accede aquí a la sentencia >> 

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Prioridades Belgas en materia de migración y asilo

El pasado 30 de noviembre de 2016, la Secretaria de estado de asilo y migración belga presentó una nota política ante el Parlamento sobre el futuro de los refugiados de Bélgica política de protección y migración.

Durante  el año 2016, ya se habían implementado varias iniciativas para responder al aumento de la llegada de solicitantes de asilo en el país. Una de las principales medidas fue el aplazamiento del examen de las solicitudes presentadas por ciudadanos iraquíes, con miras a reevaluar las condiciones del país, junto al desarrollo de una campaña de disuasión dirigida a los interesados que buscan protección.

El resultado fue una disminución del 80% en el número de solicitantes de asilo iraquíes y un aumento en los retornos voluntarios a Irak. Otra iniciativa fue la reforma legislativa dirigida a limitar la duración de la estadía otorgada a los refugiados, que paso de ser una residencia permanente a un permiso de cinco años.

La nueva prioridad de la Secretaría de Estado para el 2017  será de acelerar el examen de las solicitudes de asilo con el fin de aliviar la presión de las autoridades belgas de asilo y acogida. Algunas de las acciones prioritarias contenidas en la nota han preocupado a las organizaciones que trabajan con migrantes y refugiados, y en particular:

– Sistema de Dublín: Bélgica ya aumentó su uso del Reglamento de Dublín durante el año 2016, aplicándolo rigurosamente a todas las nacionalidades. El Secretario de estado se compromete a aumentar el número de traslados de Dublín en 2017 y a reintroducir los que retornan a los solicitantes a Grecia. En el contexto de la reforma del sistema de Dublín, el Secretario de estado ha declarado la necesidad de seguir con el Reglamento de manera de evitar el desproporcionado número de llegadas en el norte y occidente de Europa.

– Cesación: La nota se compromete a una aplicación más estricta de las cláusulas de cesación, que requieren al Comisionado General para los refugiados y personas apátridas (CGRS) volver a evaluar las circunstancias que prevalecen en los países de origen para evaluar la posibilidad de retirar el estatus de protección internacional.

– Determinación de la edad: actualmente, las pruebas de determinación de la edad las lleva a cabo el tutor del menor, responsable de solicitar los exámenes médicos para ese fin. La nueva política tiene la intención de transferir dicha competencia a la Oficina de Extranjería Belga.

– Listado de países de origen seguros: en 2016, la lista belga de países de origen seguros se amplió para incluir a Georgia y Albania, a pesar de un fallo del Consejo de estado que había declarado ilegal la designación de Albania. La nota política indica que el Secretario de estado tendrá en cuenta las designaciones de otros Estados miembros con miras a la ampliación del listado. No obstante, los países designados de origen seguros varían sustancialmente en toda Europa. Cabe señalar por ejemplo como países como Marruecos, Túnez y Argelia recientemente han sido designados como países de origen seguros por los Estados miembros como Croacia.

– Asistencia jurídica: la reforma del sistema de asistencia legal, que introdujo la asistencia a los solicitantes de asilo a través de abogados Pro bono, ha intentado reducir el número de recursos sin perspectivas de éxito.

– Detención de familias y niños: la Ley belga actualmente prohíbe la detención de familias con niños, así como de menores no acompañados, en línea con relacionados con jurisprudencia del Tribunal Europeo de derechos humanos. Sin embargo, la nota política anuncia la creación de centros cerrados para familias cerca del centro de repatriación cerca del aeropuerto nacional de Bruselas, con miras a llevar a cabo las devoluciones. En general, se busca mejorar la capacidad de detención antes de las devoluciones durante 2017.

Accede al documento de la Secretaría de estado >> 

Nuevos enfoques para las crisis de refugiados en el siglo XXI

El Migration Policy Institute ha publicado una nota política titulada “Nuevos enfoques para las crisis de refugiados en el siglo XXI: el papel de la comunidad internacional”.

El documento surge de la necesidad de desarrollar nuevos esquemas de protección, frente a los obstáculos presentados por las tres clásicas “soluciones duraderas” en torno al tema de los flujos de migraciones forzadas y la protección de los refugiados – la repatriación, la integración permanente en el país de asilo y el reasentamiento — que han demostrado no coincidir completamente con las necesidades de las poblaciones desplazadas.

Durante el año 2016 en el marco de cumbres internacionales y conferencias se han avanzado nuevas propuestas para obtener resultados prácticos y concretos, que incluyen nuevas formas de financiación para la ayuda humanitaria, nuevos canales de reasentamiento y proyectos de desarrollo. Tales ejercicios exigen un replanteamiento más amplio de la relación entre desarrollo, movilidad y protección.

El presente informe del MPI tiene como objetivo exponer las nuevas oportunidades de cooperación, examinar las intervenciones existentes y explorar el potencial de las conferencias internacionales para elevar, o incluso transformar, estos esfuerzos.

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CIDOB lanza su último Anuario de la inmigración

El pasado mes de diciembre, el CIDOB ha lanzado su nuevo “Anuario de la inmigración 2015-2016: El año de los refugiados”.

El Anuario CIDOB de la inmigración es una publicación académica editada por CIDOB desde 2006. A partir de una perspectiva multi e interdisciplinar y en el contexto europeo e internacional, analiza las principales características y tendencias de la inmigración y las políticas de inmigración en España. En particular, en esta última edición la publicación profundiza los temas de la gestión de los flujos de migrantes y refugiados en España, su integración laboral y el acceso a sus derechos a través de análisis de tipo normativo, jurisprudencial y sobre los datos estadísticos disponibles.

Con una voluntad divulgativa y de incidencia en el debate político y social, el Anuario combina el rigor de la publicación académica con el carácter informativo y de balance propios de una publicación periódica de estas características.

En 2016, la publicación inicia una nueva época con cambios en la cabecera y la incorporación de un Consejo asesor internacional y una sección de anexos infográficos.

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