La reubicación de las personas refugiadas tras el incendio en Moria, una urgente necesidad

El incendio del campo de refugiados de Moria en la isla de Lesbos, en la madrugada del pasado 9 de septiembre, ha sacado a la luz pública la lamentablemente situación en la que se encontraban 12.500 personas que vivían en unas instalaciones con capacidad para solo 3.000.

Desde Accem no podemos dejar de recordar la urgente necesidad de que tanto la Unión Europea como sus Estados miembro asuman su responsabilidad y actúen con la solidaridad que requieren los principios de humanidad. Unos principios que parecen haber sido olvidados, especialmente tras lo ocurrido en Moria, a lo que se suma ahora el abandono en las cunetas, prácticamente sin agua, sin alimentos y sin atención médica, de personas que llegaron a Europa huyendo de situaciones de guerra y persecución en busca de asilo.

Ante la negativa del Gobierno español a formar parte de los países que trabajan en la reubicación de estas personas, nos hemos sumado a la petición realizada por la Coordinadora de ONGD, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y Amnistía Internacional, en la que se insta al Gobierno a:

  • Aceptar la reubicación en España de manera urgente e inmediata de una parte de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad en Lesbos, especialmente menores de edad migrantes no acompañados y familias con menores, que se han visto afectadas por el incendio en el campamento de Moria.
  • Adoptar una actitud proactiva en la UE para lograr la reubicación en condiciones dignas de la totalidad de las personas afectadas en el menor plazo de tiempo posible. Hay miles de vidas en juego.
  • Asumir de manera compartida entre los Estados miembros de la UE la responsabilidad de atención a las personas migrantes y refugiadas, respetando los tratados internacionales y el pleno respeto de los derechos humanos, en el marco del futuro Pacto de Migración y Refugio.

Los solicitantes de protección internacional podrán obtener autorización de residencia sin renunciar al asilo

Los solicitantes de protección internacional podrán obtener la autorización de residencia en España sin por eso tener que renunciar a su solicitud de protección, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, ha respondido favorablemente al Defensor del Pueblo, institución desde la que se había pedido desde 2017 que se clarificase la compatibilidad de los procedimientos de asilo con aquellos regulados por la legislación de extranjería. La petición del Defensor del Pueblo se debía a las barreras con las que se encontraban los solicitantes de protección internacional que veían que el trámite de solicitud de residencia por circunstancias excepcionales se veía condicionado por la renuncia a la solicitud de asilo.

Con esta decisión, y aunque el procedimiento de extranjería y el de la protección internacional responden a dos realidades diferenciadas, los/as solicitantes de protección internacional podrán solicitar la autorización de residencia temporal por razón de arraigo por circunstancias excepcionales. Esta solicitud de autorización de residencia por arraigo en ningún caso podrá ser inadmitida a trámite.

La secretaria de Estado, en su respuesta al Defensor del Pueblo, defiende la necesidad de adoptar “un enfoque flexible y personalizado” en el diseño e implementación de políticas inclusivas, que ponga “en primer lugar a la persona”, al amparo del artículo 10.1 de la Constitución española, dedicado al reconocimiento de la dignidad de la persona y de los derechos inviolables que le son inherentes.

Desde Accem consideramos favorablemente esta medida ya que permitirá que los solicitantes de protección internacional puedan solicitar una autorización de residencia por arraigo sin tener que renunciar a su solicitud de protección como venía sucediendo hasta ahora en la práctica. De esta forma, se refuerza el correcto ejercicio del derecho a solicitar asilo, garantizando que toda persona que lo solicite, no se vea obligada a renunciar a su solicitud por intentar obtener un permiso de residencia.

> Accede a la información publicada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

> Conoce el trabajo de atención, acogida e integración de Accem con las personas refugiadas.

> Accede a más noticias sobre asilo y refugio.

Día Mundial de las Personas Refugiadas – La pandemia por la Covid-19 subraya la necesidad de articular vías seguras, legales y reales para las personas refugiadas

Este 20 de junio, Día Mundial de las Personas Refugiadas, desde Accem queremos expresar nuestra preocupación por las consecuencias que las medidas tomadas para la contención de la pandemia originada por la Covid-19 pueden tener para las personas refugiadas y para salvaguardar de manera efectiva el derecho de asilo en España.

Con motivo del estado de alarma decretado en nuestro país se tomaron una serie de medidas en relación al asilo, como la paralización de todos los plazos de los procedimientos en curso o la renovación automática de la documentación, que desde Accem saludamos positivamente, pues estaban dirigidas a garantizar derechos y a proteger a las personas. Sin embargo, estas medidas de emergencia también implicaban la paralización temporal de la posibilidad de solicitar asilo en España. En este momento, es necesario clarificar el modo en el que se va a garantizar a corto y medio plazo el ejercicio del derecho de asilo en España.

Junto a esta reactivación del asilo, en Accem estamos preocupados a escala global y local por cómo está afectando y va a continuar haciéndolo el nuevo endurecimiento del cierre de fronteras y la nueva vuelta de tuerca en las restricciones al movimiento de las personas en necesidad de solicitar y recibir protección internacional. Si ayer la excusa fue la seguridad y el control migratorio, hoy a estos factores se suma el riesgo sanitario. Sin infravalorar la necesidad de dar respuesta a los retos de nuestros días, como en este caso es la situación mundial de pandemia, es necesario comprender la existencia de un efecto expulsión que provoca la necesidad ineludible de huir de su tierra a muchas personas, escapando de la persecución, la guerra o la violencia.

A esta necesidad es imprescindible responder desde el compromiso con la defensa de los derechos humanos y particularmente del derecho de asilo. Para ello pedimos una vez más que se articulen y se hagan verdaderamente efectivas vías legales, seguras y reales para las personas refugiadas. Su ausencia sigue condenando al riesgo cierto para la vida y la integridad física y moral a decenas de miles de personas en el mundo. Desde Accem volvemos este 20 de junio a reclamar una apuesta decidida por el refuerzo de vías como el reasentamiento, las posibilidades de aplicación de la extensión familiar, de solicitar asilo en las sedes diplomáticas de España en el exterior o de hacer efectiva la directiva comunitaria de protección temporal. Pedimos asimismo que una vez se activara el pasado año la vía de autorización de residencia por motivos humanitarios se aplique con generosidad y como manera de garantizar tanto la no devolución de solicitantes de protección internacional como el acceso al sistema de salud.

 

El racismo, aquí, en Estados Unidos y la U.E., urge erradicarlo

Comunicado de organizaciones de la sociedad civil comprometidas en la lucha contra la discriminación racial o étnica en España.

Las entidades firmantes, implicadas todas ellas en la promoción de la igualdad de trato y en la atención a las víctimas de todas las formas de racismo en España, ante el brutal asesinato de George Floyd por parte de la policía y las reacciones sociales que se han producido en Estados Unidos, manifestamos lo siguiente:

1. Aunque nos encontremos a miles de kilómetros, nos unimos a las voces que reclaman justicia para esta víctima, así como para todas aquellas personas afroamericanas que han muerto de manera injusta a manos de la policía. Es intolerable que las instituciones que han de velar por el ejercicio efectivo de los derechos humanos y del principio de no discriminación sean precisamente las que cometen estas atrocidades. Hacemos un llamamiento al sistema de justicia estadounidense para que garanticen una investigación pronta e imparcial de esta muerte que permita a la familia de George Floyd acceder a la justicia, verdad, reparación y no repetición. Nos preocupa también la respuesta política incendiaria del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump; las autoridades políticas, en su condición de garantes de derechos, deberían ejercer su responsabilidad para abordar esta situación y luchar contra el racismo.

2. Lo ocurrido en Estados Unidos también debería servirnos para reflexionar acerca de las distintas manifestaciones de racismo, xenofobia, afrofobia, islamofobia y antigitanismo que también se dan en nuestro país. Si bien es cierto que en España no existe un problema generalizado de brutalidad policial extrema contra las personas que no son blancas, como ocurre en Estados Unidos, es innegable que existe un racismo estructural en todos los ámbitos de la sociedad. Denegación de bienes y servicios basada en el color de la piel de las personas, políticas de control migratorio discriminatorias, discurso de odio racista en redes sociales, malas prácticas policiales como el uso de perfiles étnicos y raciales en las identificaciones, estigmatizaciones racistas en algunos medios de comunicación, declaraciones racistas, xenófobas, islamófobas y antigitanas por parte de personas que ejercen cargos públicos… Todos ellos son ejemplos cotidianos de lo que enfrentan las personas que pertenecen a minorías raciales o étnicas en España, que se agravan cuando interseccionan con otros factores como el género, y que impiden el ejercicio de la ciudadanía en condiciones de igualdad para todas las personas.

3. Es importante que la sociedad en su conjunto tome conciencia de este racismo estructural y cultural, enraizado y normalizado, no sólo para abstenerse de ejercerlo, sino también para combatirlo de manera activa. La sociedad española es mayoritariamente tolerante y cada vez más avanzada en el reconocimiento de los derechos, lo que ha permitido en avanzar en las políticas de igualdad, pero vemos que no acaba de interiorizar la lucha frente a todas las formas de discriminación racial o étnica. Tenemos que asumir que la población española es diversa, multirracial y multicultural y que es inadmisible, en un Estado democrático, que el color de la piel o el origen étnico condicionen el disfrute de los derechos humanos. Para combatir todas estas formas de racismo necesitamos el compromiso decidido de toda la ciudadanía, del tejido empresarial, de los medios de comunicación, de las organizaciones del tercer sector y de todas las instituciones públicas.

4. En este sentido, la primera medida que debería adoptarse, con carácter de urgencia, es la aprobación de una Ley integral de igualdad de trato y no discriminación que establezca un régimen sancionador y una autoridad independiente que permita acceder a la justicia a las personas que sufran cualquier manifestación de racismo y discriminación. Esta ley lleva en tramitación más de 10 años y es inadmisible que todavía no esté en vigor. Es cierto que el cambio que necesita nuestro país para superar la discriminación racial o étnica es mucho más profundo que una reforma legislativa, pero este es un primer paso absolutamente indispensable. Mientras esto no ocurra, mientras no se garanticen todos los derechos en condiciones de igualdad, la calidad democrática del Estado español seguirá en entredicho y los derechos fundamentales seguirán siendo un privilegio de las personas que pertenecen a la sociedad mayoritaria.

 

Listado de entidades que suscriben este comunicado:

Accem

Asociación Rumiñahui

Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)

Fundación Cepaim

Fundación Secretariado Gitano

Movimiento por la Paz – MPDL

Red Acoge

Renta Mínima Sí. Pon tus prejuicios en cuarentena

Manifiesto de la red EAPN España, de la que Accem forma parte a nivel estatal y también a través de sus diferentes redes autonómicas, a favor de una renta mínima estatal.

La actual pandemia de la COVID-19 ha profundizado la situación de vulnerabilidad social y económica en la que viven millones de personas en España.

Las organizaciones abajo firmantes consideramos que disponer de una Renta Mínima debe ser un derecho de las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, para el desarrollo de la vida en condiciones básicas de dignidad y bienestar. Es un requisito indispensable para que personas y familias con mayores dificultades puedan cubrir sus necesidades, así como participar y contribuir a la sociedad en la que viven. Por tanto, resulta fundamental para hacer frente a la pobreza severa y poder salir de la exclusión social.

El Pilar Europeo de Derechos Sociales define la renta mínima como la prestación adecuada que garantiza una vida digna durante todas las etapas de la vida, así como el acceso a bienes y servicios de capacitación a los que tiene derecho cualquier persona que no disponga de suficientes recursos.

La Renta Mínima Estatal beneficiaría a millones de personas que antes de la pandemia ya se encontraban en situación de gran precariedad, a las que se sumarían quienes a consecuencia de la COVID-19 ahora se encuentran bajo el umbral de pobreza.

Actualmente, casi 600.000 familias carecen de ingresos y hay que recordar que antes de la pandemia un 26% de la población vivía en riesgo de pobreza y exclusión social en España, mientras la pobreza severa afectaba a más de 2,5 millones de personas.

Disponer de un ingreso estable y de fácil acceso y gestión permitiría reactivar el  proceso de inclusión social de las personas que viven esta realidad. Y en ese sentido, defendemos la Renta Mínima Estatal como un derecho subjetivo y compatible con los sistemas de ingreso mínimo de las Comunidades Autónomas, estableciendo una base mínima, que puede ser ampliada por los gobiernos autonómicos, según sus criterios.

Sin embargo, la defensa del derecho a salir de la pobreza a través de esta herramienta, que consideramos fundamental para mejorar la vida de las personas, se está utilizando también para fomentar, la polarización social, el discurso de odio y la aporofobia. Se han producido reacciones que refuerzan los prejuicios y discriminación sobre las personas que podrían beneficiarse de la misma, menoscabando su dignidad.

No podemos permitir un paso atrás en la defensa de derechos básicos de las personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social, ni mucho menos en la defensa de su dignidad.

Por ese motivo, y frente a la falsa imagen que transmiten los prejuicios y el odio, queremos dejar claro que la renta mínima que proponemos no supone un gasto, sino una inversión para la inclusión social y fundamento de desarrollo económico sostenible. Es una medida de eficiencia económica, que contribuirá, en un primer momento, a paliar las necesidades de emergencia de las personas en situación de mayor vulnerabilidad y, a medio y largo plazo, a dar estabilidad económica y bienestar a las personas, para que puedan alcanzar el máximo potencial de su capital humano.

Organizaciones de acción social y cooperación al desarrollo de toda España reiteramos que disponer de un ingreso digno es un derecho que consideramos fundamental para el desarrollo individual y familiar. En este sentido, la Renta Mínima estatal debe:

  • Eliminar la pobreza severa y reducir la pobreza relativa, proporcionando a los hogares sin ingresos o con ingresos por debajo del umbral de la pobreza, una renta que les permita salir de tal situación.
  • Eliminar la pobreza infantil mediante un complemento por hijo/a a cargo, para todos los hogares que estén por debajo del umbral de pobreza.
  • Asegurar una vivienda digna para los hogares en pobreza, mediante un complemento por vivienda, en los casos en los que no se disponga de una vivienda adecuada.
  • Incrementar la inclusión social, estableciendo itinerarios sociolaborales personalizados, con perspectiva de género, para favorecer la reincorporación al mercado de trabajo de las personas beneficiarias que estén en condiciones de trabajar.
  • Debe ser un sistema ágil y accesible que permita que cualquier persona que lo necesite pueda acceder y desarrollar el proceso de solicitud sin trabas burocráticas, y asegurando que se dispone de los apoyos necesarios para atender cualquier dificultad de comprensión y conexión digital.

La exclusión social y la desigualdad en España constituyen problemas profundos y multidimensionales, que requieren de una acción política decidida para ser erradicadas. Ha llegado la hora de concretar acciones que cambien positiva y eficazmente el destino de millones de personas. Una Renta Mínima Estatal es más necesaria que nunca.

Pon tus prejuicios en cuarentena. Defendemos el derecho de las personas a la garantía de ingresos para una vida digna. Actívate contra la Pobreza.

#RentaMínimaSí

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Accem aplaude la ratificación del Convenio contra la Trata para la Extracción de Órganos

El pasado 10 de marzo, el Consejo de Ministros acordó la ratificación, por parte de España, del Convenio del Consejo de Europa contra la trata de personas con fines de extracción de órganos.

Este convenio fue aprobado y abierto a la ratificación de los distintos países del Consejo de Europa en marzo de 2015 durante la celebración en Santiago de Compostela de la Conferencia Internacional contra el Tráfico de Órganos, entrando en vigor el 1 de marzo de 2018.

Este convenio es un instrumento que, con una perspectiva integral, define el delito de la trata de seres humanos dirigida a la extracción de órganos, y que contiene disposiciones para la protección de las víctimas y la persecución de los tratantes.

El convenio ahora ratificado criminaliza la extracción ilícita de órganos humanos de donantes vivos o fallecidos y su uso para trasplantes u otras finalidades. Igualmente, prevé una serie de medidas para asegurar la transparencia de los sistemas nacionales de trasplantes y el acceso a los mismos en condiciones de igualdad.

Por medio de este convenio se pretenden armonizar las legislaciones nacionales sobre la materia. La reciente ratificación permitirá a España adecuar el marco jurídico nacional e introducir una definición específica que incluya el conjunto de prácticas que son constitutivas de este delito.

Accem, como organización que trabaja día a día para la erradicación de todas las formas de trata de seres humanos, aplaude este nuevo paso dado en la lucha contra la trata en España.

En 2014, nuestra entidad recibió el reconocimiento de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) por participar activamente en la detección del primer caso de compraventa de órganos registrado en España.

 

 

 

Día Internacional contra la Discriminación Racial – Por la No Discriminación e Igualdad de Trato en la prestación sanitaria, en condiciones de igualdad

Este año 2020 va a ser recordado por la grave emergencia sanitaria ante la rápida propagación a nivel global del Covid-19. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado la situación a la que nos enfrentamos como pandemia mundial. España y otros países del entorno europeo y mundial han tomado medidas drásticas en orden a contener la epidemia y proteger la salud pública de la ciudadanía afectada.

El 21 de marzo conmemoramos el Día Internacional contra la Discriminación Racial o Étnica, una vez más, y es notorio que, hoy, ante esta situación de extraordinaria gravedad, cobra una especial relevancia.

Sabemos que es de vital importancia para la humanidad detener y contener la expansión del virus y para ello los países afectados pueden declarar “estados de alarma o emergencia”, con medidas restrictivas de los derechos reconocidos en sus ordenamientos jurídicos que afectan temporalmente a su libre ejercicio por sus ciudadanos/as.

Si bien este escenario restrictivo de Derechos y Libertades de las personas es necesario, a fin de proteger la salud pública en el marco de la epidemia, no es menos cierto que, debe ser compatible y respetuoso con los Derechos Humanos.

Por ello, Accem como organización social, que trabaja para mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad, muestra su preocupación e inquietud por la efectiva aplicación del Derecho a la Igualdad de Trato y No Discriminación, ante la adopción de medidas excepcionales y temporales que implica un estado de alarma como el decretado en España; en orden a la protección de todas las personas con independencia de su origen no nacional o condición.

Las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de protección internacional, sin hogar, etc. que se encuentren en nuestro país, como sociedad de acogida, constituyen colectivos con especial vulnerabilidad aumentada ahora por la emergencia sanitaria a la que hacemos frente, mediante limitaciones temporales en nuestros derechos y libertades (ej.: libertad deambulatoria, derecho de reunión…).

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (…)”.

El art 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, reconoce, en condiciones de Plena Igualdad, el derecho a la salud, entendido como un derecho a acceder a la asistencia médica, a la información sanitaria, a recibir tratamiento médico informado, etc. Se constata la prohibición de desigualdad y discriminación en la prestación de la asistencia sanitaria. También la Constitución Española recoge el derecho a la protección de la salud en su artículo 43; si bien no se configura como un derecho fundamental sí exige a los poderes públicos “organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”.

Este precepto que hay que ponerlo en relación con el Derecho Fundamental a la Igualdad de Trato y No discriminación, recogido en el artículo 14 e informador de todo el derecho aplicable, incluso en estados de alarma como el decretado ante la alerta sanitaria de España.

Desde Accem, lamentamos y combatimos enérgicamente las actitudes y acciones xenófobas contra personas de nacionalidad china, contra personas de etnia gitana y/o contra aquellas personas en situación de vulnerabilidad que hemos conocido en los primeros embates de la epidemia, en nuestro país.

El nocivo virus no discrimina a nadie, nos trata e infecta a todos por igual seamos nacionales de origen o no, personas pobres o ricas, jóvenes o mayores, negras o blancas , gitanas o payas…. Hagamos todo por cumplir y hacer cumplir estos principios rectores, y apliquemos con mayor exigencia el Derecho fundamental a la Igualdad de Trato y No Discriminación, en la actuación de toda la ciudadanía y de los estados. Por razones de solidaridad social, de protección y garantía de los derechos humanos de los colectivos más vulnerables (personas sin hogar, refugiadas e inmigrantes) con quienes diariamente nos desempeñamos en nuestro cometido laboral; por compromiso colectivo; en suma, por principios de actuación de ciudadanía responsable e inclusiva.

Sin discriminación ni desigualdad alguna motivada por el origen diverso o condición de las personas afectadas por esta crisis, abogamos por la rotunda aplicación de un derecho fundamental irrenunciable para todos los seres humanos que siempre, antes, ahora y después de la emergencia sanitaria, debe constituir el núcleo de nuestras reivindicaciones en la celebración del Dia Internacional contra la Discriminación Racial o Étnica.

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Covid-19: La necesidad de proteger

Para una entidad como Accem, que sitúa a la persona en el centro de todos los valores que la definen y que tiene como misión la defensa de los derechos fundamentales, la atención y acompañamiento a las personas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social, el cuidado de las personas con las que trabajamos y del personal que forma el equipo Accem es nuestra principal preocupación.

Por ello apelamos a la responsabilidad individual y colectiva para que entre todos y todas consigamos frenar la expansión de la epidemia al tiempo que cuidamos de las personas y nos cuidamos. Es por esto que hacemos un llamamiento a las autoridades, a los Ayuntamientos de las localidades, para que:

  • Se tomen las medidas necesarias para evitar que esta situación incremente la desigualdad, la falta de cobertura de las  necesidades básicas y la atención a quien más lo necesita.
  • Se habiliten espacios para población en situación de vulnerabilidad que respondan a la especial situación de emergencia. Que faciliten respetar las normas de seguridad y prevención básicas al tiempo que permitan que no se dejen de proporcionar los servicios básicos a las personas que se encuentran en una situación de mayor desamparo.
  • Somos conscientes de la necesidad e importancia de nuestra labor, pero para poder cuidar hemos de cuidarnos y para ello necesitamos tener acceso a los medios y recursos necesarios, al igual que los y las profesionales sanitarios y de seguridad, que nos permitan trabajar en un entorno seguro.

Nuestro sentido de la responsabilidad y de colaboración para con el bien común ha determinado que, en la medida de lo posible, todo aquel personal que pueda desarrollar sus tareas desde el domicilio lo haga y que se quede en casa. Pero no podemos ni debemos, como sociedad, dejar de dar atención a quien más lo necesita y que, ante una situación así, incrementa aún más su vulnerabilidad.

Día Internacional de la Mujer – Por una mirada de género e interseccional que enfoque y refuerce a las mujeres

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, desde Accem queremos volver nuestra mirada hacia las mujeres invisibilizadas, aquellas que se enfrentan a dobles discriminaciones, a las que proporcionamos atención desde Accem.

Por eso este año visibilizamos y os invitamos a enfocar las necesidades de las mujeres refugiadas, las mujeres migrantes, las mujeres sin hogar, las mujeres privadas de libertad, las mujeres mayores, las niñas y adolescentes que emigran solas, las víctimas de la trata de seres humanos y las mujeres discriminadas por su origen racial o étnico o por su pertenencia a cualquier grupo social.

Todas ellas reflejan una enorme diversidad, pero el género aparece siempre como una variable decisiva. Todas ellas se enfrentan a la desigualdad y al riesgo de sufrir en primera persona la precariedad y situaciones de vulnerabilidad. Por todo esto desde Accem os proponemos una mirada de género e interseccional, que tenga en cuenta todos los factores individuales y colectivos que pueden generar discriminación, que se mezclan y se combinan entre sí, generando nuevas formas de discriminación.

Desde Accem también queremos poner de manifiesto la capacidad de estas mujeres para sobreponerse a las circunstancias y, desde sus propias herramientas y su propia fortaleza, articular estrategias para salir adelante. Es importante no revictimizar a estas mujeres, sino reconocer y hacer visible su fuerza y su lucha por plantar cara y enfrentarse a la adversidad.

En este 8 de marzo desde Accem también nos sumamos a los objetivos formulados por Naciones Unidas por los derechos de las mujeres y un futuro igualitario, en pos de la igualdad en la remuneración, igualdad a la hora de compartir el trabajo doméstico y de cuidados, para poner fin al acoso sexual y todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, por la implementación de servicios de salud que respondan a sus necesidades y por la participación de las mujeres en igualdad en la vida política y en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida.

> Accede aquí al comunicado de Accem por el Día Internacional de la Mujer en pdf. 

Día Internacional del Migrante – Infancia migrante no acompañada: Garantizar su protección y bienestar; Defender su derecho a ser niños y niñas

Este 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, desde Accem queremos subrayar la necesidad y obligatoriedad de que se garantice la protección y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes que emigran solos/as, sin el acompañamiento de un adulto.

En los últimos meses hemos visto cómo estos menores han sido objeto de criminalización por parte de algunos sectores de la sociedad. Un acoso basado en afirmaciones llenas de estereotipos, generalizaciones y datos falsos, que provocan una alarma infundada en la ciudadanía y ponen en riesgo su seguridad.

La deshumanización que conlleva el uso generalizado del acrónimo MENA, para abreviar la terminología administrativa de menores extranjeros no acompañados, ha llevado a estigmatizar a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad dentro del colectivo de personas migrantes.

Aunque sean menores, los motivos que llevan a estos niños y niñas a salir de sus países de origen son los mismos que los de las personas adultas, lo que les obliga a enfrentarse a situaciones que no se corresponden con su edad: pobreza, falta de futuro y expectativas; desprotección; catástrofes naturales; guerra, persecución, violencia y situaciones de violación generalizada de los derechos humanos.

A estos menores hay que ofrecerles protección; hay que garantizar el respeto y el acceso a sus derechos en condiciones de igualdad y, muy especialmente, hay que cuidar su derecho a soñar, su derecho al futuro y su derecho a ser tratados/as como niños y niñas, con sus ilusiones, sueños y esperanzas.

Es necesario recordar que, a partir de los principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la propia legislación nacional, la atención, acogida y protección a los niños y niñas migrantes no acompañados/as no es una opción, es una obligación legal.