Preocupación por el Pacto europeo sobre migración y asilo y la falta de vías legales y seguras

Dada la aprobación hoy mismo por parte de las instituciones europeas del Pacto europeo sobre migración y asilo, y a instancias de un futuro análisis más en profundidad, desde Accem advertimos del retroceso que puede suponer para los derechos y garantías de las personas refugiadas y migrantes. En primer lugar, nos preocupa que, si bien se recoge entre las principales medidas la lucha contra el tráfico de personas, no se establecen disposiciones que refuercen las vías legales y seguras como medio efectivo para erradicarlo y garantizar de ese modo la seguridad de las personas que se ven se ven en la necesidad u obligación de dejar atrás sus vidas, familias, entorno y países de origen.

En relación con la gestión de los flujos de personas, otro de los aspectos que consideramos debe ser revisado de dicho acuerdo es que pone el foco de la gestión migratoria en el control fronterizo e incide en la externalización de fronteras, fomentando acuerdos con terceros países que no garantizan el cumplimiento de los Derechos Humanos dentro de su territorio. Además, será criterio de cada Estado miembro establecer qué países considera seguros. En Accem creemos que el debate alrededor de la migración no puede estar centrado en cuestiones relacionadas con la seguridad y debe focalizarse en un enfoque garantista de los Derechos Humanos.

En esta línea, otra de las cuestiones que nos preocupa es el establecimiento de un nuevo procedimiento acelerado en frontera, con privación de libertad, que puede durar hasta seis meses, mientras se resuelven los expedientes, lo que supone una ampliación de los plazos de detención, incluso en el caso de los menores de edad. Este hecho puede provocar una deficiente detección de las necesidades de protección de las personas y que algunas puedan llegar a ser retornadas, siendo expuestas a sufrir persecución. Además, hay que incidir en que uno de los criterios que se establecen para someter a las personas migrantes a este proceso es el origen, pues ciudadanos/as de países que tengan baja tasa de reconocimiento de protección internacional se tendrán que someter a este criterio, lo que supone una discriminación por razón de orígen. 

Otra de las cuestiones por las que desde Accem mostramos nuestra preocupación es el hecho de que el pacto permita a un país, ante una situación de crisis, flexibilizar o suspender temporalmente las obligaciones que le imponen las normas de la UE sobre asilo. Esta circunstancia, según el acuerdo, puede ser consecuencia, o bien de un aumento de llegadas o de la “instrumentalización” de la migración por parte de un país tercero para afectar a un Estado miembro.

Además, queremos recordar que ya existe un mecanismo para gestionar situaciones de crisis de llegadas, recientemente utilizado: la directiva europea de Protección Temporal. Se trata de un mecanismo garantista, que acelera el amparo y la garantía de derechos de las personas refugiadas y que se ha probado eficaz para resolver crisis de calado humanitario. Consideramos que, precisamente, este acuerdo de migración y asilo va en el sentido contrario de esta norma, al posibilitar que se incumplan parcial o totalmente las normas de asilo y refugio.

Por último, lamentamos que un pacto que tenía entre sus objetivos garantizar una protección igual y efectiva en todos los países de la UE para las personas refugiadas pueda derivar en ampliar más las diferencias a la hora de aplicar los criterios del sistema europeo común de asilo. Así pues, nos inquieta el concepto de solidaridad obligatoria pero flexible, que establece la existencia de cuotas de redistribución de demandantes de asilo de las cuales, sin embargo, los países podrán exonerarse a cambio del pago de 20.000 euros por persona, contribuyendo con medios materiales a la gestión migratoria de la UE o asumiendo la gestión de personas que están en su territorio aunque entrasen por otro país, que sería al que correspondería su gestión.

Día Internacional del Migrante – Atendiendo la emergencia humanitaria ante la falta de vías legales y seguras

18 de diciembre de 2023

En un año como el 2023, marcado por la emergencia humanitaria que hemos vivido con la llegada a nuestro país de un gran número de personas por vía marítima, y en el que Accem ha trabajado para atender y proporcionar la acogida necesaria tanto en las Islas Canarias y en la península, el Día Internacional del Migrante cobra especial relevancia para la entidad. 

Así pues, en esta fecha tenemos que volver a señalar que se evidencia la falta de vías legales y seguras, situación que obliga a miles de personas a poner su vida en peligro en terribles travesías en las que muchas no sobreviven. Una situación que pone de manifiesto la necesidad de que los derechos humanos estén en el centro de las políticas migratorias. 

Por ello, nos preocupa que, si bien el Pacto Europeo de Migración y Asilo recoge entre sus principales medidas la lucha contra el tráfico de personas, no establece disposiciones que refuercen las vías legales y seguras como medio efectivo para erradicarlo y garantizar de ese modo la seguridad de las personas que se ven se ven en la necesidad u obligación de dejar atrás sus vidas, familias, entorno y países de origen. De hecho, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas, este año han fallecido o desaparecido al menos 868 personas intentando alcanzar las costas de las Islas Canarias, en la denominada ruta atlántica. 

Otro de los aspectos que consideramos debe ser revisado de dicho acuerdo, según los avances que se han conocido, es que pone el foco de la gestión migratoria en el control fronterizo e incide en la externalización de fronteras, fomentando acuerdos con terceros países que no garantizan el cumplimiento de los Derechos Humanos dentro de su territorio. En Accem creemos que el debate alrededor de la migración no puede estar centrado en cuestiones relacionadas con la seguridad y debe focalizarse en un enfoque garantista de los Derechos Humanos.

Por otro lado, en relación a la gestión migratoria en nuestro país, desde Accem señalamos que entre los varios retos pendientes está la necesidad de seguir trabajando en la mejora y agilización de los procedimientos de extranjería para garantizar que sean efectivos y eviten situaciones de irregularidad sobrevenida. Esto permitirá a las personas migrantes poder acceder a derechos que legalmente tienen reconocidos pero a los que no pueden acceder por falta de desarrollos normativos.

Otro de los más importantes retos pendientes y urgentes es la atención y gestión hacia los menores que migran solos, cuyo número ha aumentado sustancialmente debido a la emergencia humanitaria que hemos vivido este año. Desde esta organización volvemos a incidir en la necesidad de establecer procedimientos de determinación de la edad que permitan una correcta identificación de los menores, así como de mecanismos que fomenten una acogida equitativa y solidaria entre las diferentes comunidades autónomas, con el fin de proporcionar la más adecuada y mejor protección a estos niños y jóvenes menores de edad.

Para finalizar no podemos dejar de insistir en la importancia de luchar contra la normalización de mensajes que estigmatizan y criminalizan a las personas migrantes y que se han visto especialmente agitados en los momentos de emergencia humanitaria. El incremento sostenido de los mensajes xenófobos y discriminatorios, que en ocasiones llegan a convertirse en discurso de odio, se ha ido normalizando lo que tiene graves y directas consecuencias para las personas que son víctimas de ellos y también para nuestra sociedad ya que fomentan la polarización y la descohesión social. 

La Red Española contra la Trata señala las prioridades en España y en la UE

La Red Española Contra la Trata de Personas (RECTP), de la que Accem forma parte, hizo público un comunicado con motivo del Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos (18 de octubre) en el que subraya la importancia del momento que vivimos en la lucha contra la trata desde el punto de vista legislativo para la protección de los derechos de todas las víctimas.

Por una parte, en el ámbito europeo, el Consejo Europeo ha expuesto la necesidad de avanzar en la protección de los derechos de las víctimas de trata, impulsando desde diciembre de 2022 el proceso de reforma de la Directiva europea de lucha contra la trata. Por otra parte, a nivel estatal, durante la pasada legislatura se impulsó el proceso de anteproyecto de Ley Integral contra la trata y explotación, que quedó paralizado con la disolución de las cámaras. Desde la RECTP se espera el comienzo de la nueva legislatura para seguir avanzando en el abordaje de la trata de seres humanos como una violación de los derechos humanos, a través de una Ley Integral.

Desde la RECTP se ha participado en ambos procesos ofreciendo propuestas generadas desde la experiencia y especialización en el trabajo directo con víctimas y potenciales víctimas. En ambos casos, se ha señalado la importancia de avanzar en normativas que tengan un enfoque de derechos humanos, infancia, discapacidad, interseccionalidad y género, donde se prime la prevención, detección, intervención y atención a las víctimas, frente a una actuación centrada prioritariamente en la persecución del delito, reforzando para ello la colaboración con las entidades sociales especializadas que atienden de forma directa.

La RECTP alerta de que, según los datos de Eurostat, oficina estadística de la UE, se estima en alrededor de 7.000 personas las víctimas de trata en la UE. La mayoría de las víctimas registradas son mujeres y niñas (68 %) y la explotación sexual es la forma predominante de trata (56 %).

También se refiere e los datos y al trabajo del Grupo de Expertos en la Lucha Contra la Trata de Seres Humanos (GRETA), que afirman que la trata con fines de explotación laboral se ha convertido en la principal manifestación de este fenómeno en un número creciente de estados, representando más del 50 % del total de las víctimas identificadas en los siguientes países: Bélgica, Letonia, Malta, la República de Moldavia, Portugal y el Reino Unido.

En el caso de España, según el Balance Estadístico 2018-2022 sobre Trata y Explotación de Seres Humanos en España, en el año 2022 se identificaron un total de 6.655 personas en riesgo de trata y explotación sexual (un 41,48 % más respecto al año anterior) y 15.711 trabajadores y trabajadoras como potenciales víctimas de situaciones de trata y/o explotación laboral (un 13,55 % más que en 2021).

Todos estos datos, sin embargo, sólo reflejan, a juicio de la RECTP, “la punta del iceberg”. Según la Oficina Contra las Drogas y el Delito de Naciones Unidas, por cada víctima identificada existen veinte más sin identificar.

En su comunicado por el Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, finalmente, la RECTP recuerda que España ostenta en estos momentos la presidencia del Consejo de la Unión Europea e insta al Gobierno a promover en el marco de la presidencia de turno una modificación de la Directiva que garantice la protección de los derechos de todas las víctimas y supervivientes. Asimismo, reclama a todas las fuerzas políticas en España que asuman un compromiso sólido para seguir avanzando en la lucha contra la trata y la explotación a través de la adopción en esta nueva legislatura de una Ley integral desde la perspectiva de los derechos humanos, infancia, discapacidad, interseccionalidad y género.

> Accede aquí al comunicado completo de la RECTP.

> Conoce el trabajo de Accem en la lucha contra la trata.

 

Comunicado de Accem sobre Gaza 19/10/2023

Este horror tiene que parar

Desde Accem queremos compartir la consternación que sentimos por lo que está sucediendo en Gaza. Como organización comprometida con la defensa de los derechos humanos, unimos nuestra voz a la de tantas personas y organizaciones que en todo el mundo piden un alto el fuego y el cese de los ataques indiscriminados sobre la población civil

Lo que se está viviendo en Oriente Medio es el triunfo del terror y es la población civil quien, una vez más, vive el mayor sufrimiento y pone la mayoría de las víctimas. Accem está y estará siempre con todas las víctimas que se están produciendo, sin hacer distinción por razón de credo o nacionalidad. 

En la coyuntura existente, reclamamos la apertura estable de corredores humanitarios que hagan posible la supervivencia de la población civil palestina en la franja de Gaza, a través de la entrada de ayuda humanitaria; el restablecimiento de los servicios esenciales para la población; la liberación de los rehenes secuestrados; el fin del desplazamiento forzoso de la población de la franja de Gaza y el respeto escrupuloso por centros asistenciales y civiles como hospitales y escuelas, que bajo ningún concepto deberían ser atacados por ningún actor armado.

En el largo plazo pedimos que la negociación y la palabra sean las herramientas para la resolución del largo conflicto en Oriente Medio, pues sólo así se podrá llegar a un escenario de paz duradera.

Queremos, asimismo, lanzar una alerta sobre el peligro de que la espiral del odio continúe extendiéndose en todo el mundo, provocando el aumento de fenómenos como la islamofobia y el antisemitismo

Nos permitimos también enviar un mensaje a la ciudadanía para que se mantenga alerta ante la desinformación y la proliferación de bulos en torno a los dramáticos acontecimientos que se están viviendo en estos días. 

Desde Accem acabamos este comunicado con un mensaje esencial y básico, pero que creemos que recoge el sentimiento de muchas personas en todo el mundo: este horror tiene que parar.

Comunicado de Accem por el Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos

España debe incrementar los esfuerzos en la lucha contra la trata con fines de explotación laboral

Con ocasión del Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos (18 de octubre), desde Accem queremos visibilizar la situación de todas las personas que cada día son víctimas de trata y explotación en el mundo.

Desde Accem reconocemos los esfuerzos realizados por el Gobierno español en la lucha contra la trata en los últimos años, pero también nos sumamos a las recomendaciones realizadas por el Grupo de Expertos del Consejo de Europa en la Lucha contra la Trata de Personas (GRETA, por sus siglas en inglés), para que España aborde los retos aún pendientes en nuestro país. En ese sentido, recalcamos especialmente la importancia de que se incrementen los esfuerzos en la lucha contra la trata con fines de explotación laboral.

Es necesario dentro de la lucha contra la trata laboral que se dote a la inspección de trabajo de suficientes recursos para que se lleven a cabo las inspecciones pertinentes. Es necesario revisar el marco legal para completar aquellos vacíos legales que limitan la persecución del delito. Es necesario abordar la explotación y el riesgo de trata laboral en el sector agrícola, mejorando la detección de las víctimas de trata en este ámbito laboral.

Por otra parte, desde nuestra entidad queremos expresar la necesidad de que desde las instituciones públicas aumenten los recursos disponibles para la atención a hombres víctimas de trata, así como para mujeres víctimas de formas de trata diferentes a las relacionadas con la explotación sexual.

En definitiva, perseveramos en nuestra posición de defender la necesidad de que España se dote de un marco legislativo apropiado y efectivo para garantizar un abordaje integral de la trata y la explotación, desde una perspectiva de derechos humanos, género, edad e interseccionalidad; que abarque todas las formas de explotación y alcance a todas las víctimas afectadas.

Desde Accem esperamos que España no pierda la ocasión de adoptar la iniciativa legislativa presentada por el Gobierno el año pasado, como un paso fundamental para poder luchar de manera adecuada contra la trata, así como para garantizar la protección y atención efectiva e integral a todas las víctimas de esta grave violación de los derechos humanos.

> Conoce el trabajo de Accem en la lucha contra la trata de personas

El Tercer Sector reclama más y mejores derechos para todas las personas, más diálogo civil y mejorar su sostenibilidad

La Plataforma del Tercer Sector, que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, entre las que se encuentra Accem, ha publicado el manifiesto Derechos, colaboración y transformación social: celebrando el trabajo del Tercer Sector desde la unidad con motivo del Día Nacional del Tercer Sector que se celebra el 9 de octubre.

El manifiesto, elaborado de forma participativa junto a las entidades miembro de la plataforma, incluye tres demandas fundamentales para las entidades del Tercer Sector: más y mejores derechos para todas las personas, más y mejor diálogo civil con los poderes y las administraciones públicas y avanzar en la transformación del modelo de financiación. 

“Este manifiesto es una llamada a la acción colectiva. Por ello, invitamos a sumarse a él a todas las personas y organizaciones que apuestan por transformar nuestro mundo para hacer de la solidaridad y la justicia social una realidad cotidiana”, ha afirmado el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato.

Tres demandas clave

El manifiesto incluye tres reclamaciones fundamentales para el Tercer Sector que tienen por objetivo construir y consolidar una sociedad que garantice los derechos de todas las personas, que sea inclusiva, que defienda y promueva la igualdad, el respeto a la diversidad y la protección del planeta.

De esta manera, el Tercer Sector demanda más y mejores derechos sociales, económicos, culturales y medioambientales para toda la ciudadanía, al mismo tiempo que señala que su objetivo es alcanzar un verdadero estado social y democrático, donde los derechos sociales sean derechos fundamentales, protegidos y exigibles para todas las personas.

Para ello, reclaman a las instituciones y a los poderes públicos un diálogo real, permanente y efectivo. Una colaboración y cooperación genuina, transparente y sincera para que el Tercer Sector sea un agente clave en la construcción y desarrollo de las políticas públicas.

Finalmente, solicitan un modelo que garantice fondos suficientes para dar respuesta a los enormes retos que enfrenta el sector. Un modelo que asegure la estabilidad de las organizaciones, donde se conjuguen los desafíos económicos con el papel imprescindible del Tercer Sector como colaborador de la administración pública.

La publicación del manifiesto se enmarca entre las acciones de conmemoración del Día Nacional del Tercer Sector, el 9 de octubre. Un día en la que las entidades sociales se unen para avanzar colectivamente y para poner en valor la esencia y el trabajo del Tercer Sector y de todas las personas que lo conforman y que tendrá como elemento central el acto de conmemoración organizado por la Plataforma del Tercer Sector en CaixaForum Madrid.

> Adhiérete al manifiesto de la Plataforma del Tercer Sector

Comunicado de Accem por el Día Internacional de las Personas de Edad

Nuestro papel, nuestras palabras, nuestro legado

El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de la ONU designó el 1 de octubre como Día Internacional de las Personas de Edad. En este año 2023, se pone el acento a nivel global en la necesidad de hacer cumplir las promesas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para las personas mayores y de hacerlo entre todos y todas, entre todas las generaciones. Desde Accem nos sumamos a este desafío sobre el que trabajamos de forma cotidiana, combatiendo la desigualdad en el acceso a derechos y recursos, reivindicando el protagonismo social de los mayores y fomentando las relaciones intergeneracionales como herramienta al servicio de la participación, la inclusión y la lucha contra la soledad no deseada.

Accem, como entidad que trabaja para mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad, lleva cerca de una década trabajando por mejorar la calidad de vida de las personas mayores, potenciando y promoviendo su inclusión social, su empoderamiento y su participación activa en la sociedad. En concreto, durante este año 2023, desde Accem se ha atendido a través de sus 11 programas y servicios dirigidos a personas mayores de forma específica (distribuidos entre el Principado de Asturias, Castilla La Mancha y la Comunidad de Madrid) a más de 4.000 personas mayores.

Las personas mayores son un agente clave de nuestra sociedad. Su experiencia, sus conocimientos, su resiliencia y su función de apoyo en el motor familiar suponen un valor inconmensurable en unos tiempos en los que la individualidad, la prisa y la excesiva digitalización amenazan a las relaciones humanas y a la solidaridad intergeneracional. Sin embargo, ese papel y ese legado de las personas de edad no siempre se reconoce y nuestras y nuestros mayores se encuentran vulneradas en multitud de escenarios, lo que repercute desfavorablemente en su empoderamiento, participación y calidad de vida.

Las carencias aún existentes en materia de accesibilidad, la desigualdad en la existencia de recursos y servicios entre el medio urbano y el medio rural, su voz a menudo silenciada y las escasas oportunidades de participación social y política, sitúan al colectivo en una situación que contribuye a incrementar las posibilidades de sufrir una de las mayores pandemias de estos tiempos: la soledad no deseada.

El pasado 10 de septiembre se conmemoraba el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Según los datos proporcionados por la Confederación Salud Mental España para dicho día, a nivel mundial la población de edad avanzada presenta las tasas más altas de suicidio. Según los últimos datos, el suicidio en personas mayores se ha incrementado cerca de un 9%  en los últimos 5 años. La ideación y conducta suicida en personas mayores puede estar relacionada con la depresión, uno de los trastornos mentales más comunes en la vejez. El sentimiento de soledad no deseada, agudizado por el impacto que la pandemia ha tenido en la salud mental, el consumo de sustancias, el modelo tradicional de masculinidad, la pérdida de rol y actividad diaria tras la jubilación, el aislamiento social y familiar, la pérdida reciente de seres queridos o padecer una enfermedad crónica dolorosa, parecen estar detrás de los síntomas depresivos en personas mayores. Por eso es tan importante visibilizar esta realidad y actuar ante ella desde la prevención y desde la acción.

Promover un proceso de envejecimiento activo, saludable, participativo, en el que se potencie el aprendizaje durante toda la vida, se fomenten las relaciones humanas y se ponga en valor la aportación activa de la población mayor a nuestra sociedad, contribuirá sin duda a que las mujeres y los hombres de más de 65 años se sientan reconocidos, acompañados y reforzados.

Luchar contra la soledad no deseada, promover el acceso a recursos de calidad y hacer visibles el valor y la importancia de la participación activa de las personas mayores en los diferentes ámbitos de la sociedad actual, es una tarea de toda la ciudadanía. Por eso desde Accem nos sumamos a la conmemoración del Día Internacional de las Personas de Edad con el lema “Nuestro papel, nuestras palabras, nuestro legado”. Reconozcamos su papel, escuchemos sus palabras y recibamos desde el aprendizaje y la solidaridad intergeneracional su gran legado.

> Conoce nuestro trabajo de una década para mejorar el bienestar de las personas mayores.

Comunicado de Accem 07/09/2023

Ante la falsa información que se ha extendido en redes sociales, queremos comunicar que el relato que vincula a nuestra entidad con la promoción de delitos o la propia ejecución de ellos es completamente falso.

Anunciamos que emprenderemos acciones legales contra quienes promuevan y quienes contribuyan pasivamente a extender esta desinformación en base a una interpretación intencionadamente manipulada y discriminatoria basada en la calumnia y que busca claramente alimentar un relato para criminalizar a las personas refugiadas e inmigrantes, así como alas entidades sociales que, como Accem, trabajamos para contribuir al desarrollo de nuestra sociedad con un enfoque de defensa de los derechos humanos.

Preocupación por la deriva europea que dificulta el acceso de las personas refugiadas a la protección internacional

Comunicado de Accem por el Día Mundial de las Personas Refugiadas, que se conmemora el 20 de junio.

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de las Personas Refugiadas, desde Accem queremos en este 2023 hacer visible nuestra preocupación por la deriva que se sigue intensificando en todo el seno de la Unión Europea en relación a las políticas migratorias, con la adopción por diferentes países de la UE de medidas excepcionales que pueden suponer verdaderos impedimentos para el ejercicio del derecho de asilo, la protección de las personas en situación vulnerable y, por extensión, la salvaguarda de los derechos humanos.

Las organizaciones sociales venimos años advirtiendo de que se han generalizado y normalizado enfoques en relación a las políticas migratorias que priorizan las medidas destinadas al control de los flujos migratorios y las trabas a las personas en movimiento sobre el respeto a los derechos humanos y a los compromisos internacionales adquiridos, lo que nos parece un grave error que nos llena de preocupación.

Uno de los casos más evidentes y repetidos en distintos puntos fronterizos de la UE es la aceptación y naturalización de prácticas como las devoluciones automáticas o ‘devoluciones en caliente’ para personas que han rebasado irregularmente las fronteras de algún país de la Unión. Queremos recordar una vez más que para el ejercicio del derecho de asilo es imprescindible realizar un análisis individualizado de cada petición, en el que se pueda explorar adecuadamente la posible necesidad de protección, en el que se puedan detectar situaciones de especial vulnerabilidad y en el que las personas tengan acceso a servicios de traducción e interpretación. Accem corrobora que, como ha reflejado en el informe anual AIDA (Asylum Information Database) de ECRE (Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados), “la práctica de las devoluciones en caliente continuó en 2022”. Estas devoluciones contradicen en la práctica el ejercicio garantista del derecho de asilo.

Siguiendo con lo recogido en el informe AIDA, y como organización española responsable de elaborar el informe de país correspondiente a España, nos preocupan las denuncias que diferentes organizaciones han realizado a lo largo del último año “por el uso indiscriminado de la violencia en la gestión de la situación en la frontera” entre Marruecos y España, que tuvo su capítulo más terrible en los últimos tiempos el pasado 24 de junio de 2022 con la muerte de al menos 37 personas que intentaban saltar la valla. Estamos convencidos/as de que el enfoque común de asilo y migración en la UE y todos sus Estados miembros debe estar basado en el respeto a los derechos humanos de las personas en sus fronteras exteriores.

En un panorama poco alentador, nos preocupan fenómenos en auge como el intento de criminalización de las personas que migran, el uso de un lenguaje bélico y defensivo para abordar las migraciones y la generación de situaciones de una falsa sensación de ‘alarma social’ que, sin una base real, acaban por devenir en nuevos recortes en el acceso a derechos. Nos preocupan las situaciones que se están generando a nivel europeo de negación de auxilio en el mar y de interposición de todo tipo de obstáculos a las organizaciones humanitarias que realizan unas operaciones de socorro y rescate que deberían llevarse a cabo desde instancias públicas. Desde enero de 2022, y según las estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 4.343 personas han fallecido en la ruta migratoria hacia Europa en el Mediterráneo y el Atlántico, en una tragedia que no cesa y que, de nuevo, parece haber sido naturalizada en las sociedades europeas. En los últimos días hemos conocido el naufragio de un barco en aguas griegas en el que el número de fallecidos podría ser de varios centenares de personas, al estimarse entre 400 y 800 sus pasajeros y haberse rescatado con vida apenas a un centenar de ellos.

Más de 108 millones de personas en situación de desplazamiento forzado

Más de 108 millones de personas en el mundo, según los últimos datos de ACNUR, se encuentran en situación de desplazamiento forzado por causa de la guerra, la violencia que se padece en sus países o regiones de origen, o la persecución acometida contra distintos grupos sociales por motivos como el género, el grupo étnico o nacional de pertenencia, la religión, la orientación sexual, o las ideas políticas, entre otras razones.

En la actualidad se calcula que una población de alrededor de 850 millones de personas en el mundo se encuentran afectadas por la existencia de conflictos de alta o media intensidad en 23 países. Es el caso de Siria, Afganistán, Yemen, Sudán o Somalia, por poner algunos ejemplos.

En España, en el año 2022, más de 118.000 personas solicitaron protección internacional, lo que supone un nuevo récord histórico y una vuelta a los datos de peticiones de asilo previos a la pandemia. En el conjunto de Europa el número de solicitantes superó los 881.000, siendo España el tercer país de la UE por detrás de Alemania y Francia.

Si miramos las resoluciones de protección, en 2022 se concedió en España el estatuto de refugiado a un total de 6.830 personas y la protección subsidiaria a 7.405 personas. Constituyen el 21,5 % del total de resoluciones de protección. A ellas hay que añadir a las 161.037 personas desplazadas por la guerra en Ucrania que obtuvieron la llamada protección temporal, activada al efecto a nivel europeo, y a las 20.924 personas que accedieron a la autorización de residencia por razones humanitarias, la mayoría de ellas procedentes de Venezuela en este caso.

Cuando prestamos atención a los principales países de origen de las personas que consiguieron protección en España, nos encontramos países de Oriente Medio como Siria o Afganistán; países latinoamericanos como Colombia, Honduras o Nicaragua; europeos como Ucrania y países africanos como Sudán o Mali. Todos ellos conforman un mapa global de la protección y la necesidad de refugio. ¿Pero por qué huyen las personas refugiadas de sus países?

En Accem este año hemos comenzado a construir nuestro Atlas de Refugio, un atlas que abarca todas las latitudes del planeta en mayor o menor medida, el atlas geográfico que conforman por ahora los principales países de origen de las personas que obtienen protección en España, que consiguieron escapar, que lograron llegar y que tras un largo camino vieron resuelta favorablemente su solicitud de protección. ¿Pero por qué escapaban? Creemos que conocer sus motivos es un buen paso para generar empatía y solidaridad entre la ciudadanía del país de acogida.

Vías seguras, legales y reales para las personas refugiadas

En este 20 de junio, Día Mundial de las Personas Refugiadas, desde Accem volvemos a reclamar que se establezcan y se hagan efectivas vías legales, reales y seguras para que las personas refugiadas puedan llegar a territorio español y europeo y puedan tener acceso a los procedimientos de solicitud de protección internacional.

Cuando hablamos de activar y fortalecer estas vías seguras hablamos de desarrollar la posibilidad real de solicitar asilo en embajadas; establecer visados humanitarios; flexibilizar los criterios para acogerse a la reagrupación familiar; garantizar la posibilidad de solicitar protección en todos los puestos fronterizos; seguir reforzando el programa de reasentamiento y aplicar la directiva de protección temporal que se ha utilizado en el caso de Ucrania también para otros conflictos similares.

Haciendo reales y efectivas estas vías legales y seguras disminuirá la necesidad de emprender travesías tan peligrosas como las que emprenden las personas refugiadas y migrantes, poniendo en juego su propia vida e integridad.

 

El trabajo de Accem con estas personas se realiza gracias a la cofinanciación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo Europeo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) de la Unión Europea.

La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato reclama la creación urgente de la Autoridad Independiente

La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato, conformada por varias organizaciones referentes en la lucha contra distintas formas de discriminación, se ha vuelto a poner en contacto este viernes 26 de mayo con el Gobierno para urgirle nuevamente a crear la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato, un organismo indispensable para velar por el cumplimiento efectivo de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación.

El 12 de julio del año pasado se aprobó finalmente la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, un momento histórico que fue muy celebrado y reconocido por la Alianza. Esta norma constituye un instrumento imprescindible para luchar contra la discriminación y cumplir el principio de igualdad de forma amplia e integral, siendo uno de sus elementos más importantes la creación de la Autoridad Independiente.

Este organismo, además de ser un requisito establecido por la normativa europea en materia de lucha contra la discriminación, es fundamental para la aplicación de la Ley. Entre sus distintas funciones, es la encargada de velar por el cumplimiento de la normativa de igualdad de trato, de realizar investigaciones sobre la existencia de posibles situaciones de discriminación de especial gravedad, y de solicitar la actuación de la Administración del Estado para sancionar las conductas constitutivas de infracción administrativa.

En una semana en la que el Gobierno ha expresado en numerosas ocasiones su compromiso decidido contra el racismo y otras formas de discriminación e intolerancia, la Alianza le ha instado -en una carta dirigida a Félix Bolaños, ministro de la Presidencia– a que se demuestre dicho compromiso con la creación de un organismo que debería haber sido aprobado hace más de cuatro meses, pues el plazo estipulado en la Ley para su creación expiró el pasado 14 de marzo.

El odio y la discriminación, una realidad cotidiana

La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato también ha puesto de manifiesto que “la discriminación, el odio y el rechazo es una realidad cotidiana que trasciende los partidos de fútbol de primera división”. Así, ha recordado algunos de los incidentes de odio y discriminación que han tenido lugar en los últimos días, tales como las mofas contra una candidata a las elecciones locales, sorda y perteneciente al colectivo LGTBIQ+ en el programa televisivo El Hormiguero, el ataque lesbófobo a una pareja ante la mirada de sus hijos, el caso del hombre gitano que tuvo que demandar por un despido discriminatorio o el discurso xenófobo y aporófobo propagado en Madrid por Vox en el marco de la actual campaña electoral.

Tal y como afirma la Alianza “estos no son más que algunos ejemplos de la discriminación y el odio que sufren muchas personas en España; la inmensa mayoría de las ocasiones, sin que ni siquiera trascienda en los medios de comunicación”. Por todo ello, se insta al Gobierno a aprobar, “con carácter de urgencia, el Real Decreto de creación de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato”.

La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato está conformada, entre otras, por las siguientes organizaciones: Accem, Asociación Rumiñahui, CERMI, CESIDA, CEAR, Cruz Roja, FELGTB, Fundación Secretariado Gitano, HOGAR SÍ, Movimiento por la Paz-MPDL, Provivienda, Red Acoge y Save The Children.