Accem ha puesto en marcha en Cartagena (Murcia) un nuevo programa orientado a mejorar las posibilidades de inserción laboral de personas en situación de riesgo de exclusión social y con especiales dificultades para acceder a un trabajo.

El programa “ACCEMPLEO 2.0” se centrará especialmente en los barrios de Virgen de la Caridad y San Ginés de Cartagena. 

A través de este programa trabajaremos para potenciar las capacidades de las personas desempleadas y para optimizar las posibilidades que ofrecen los recursos disponibles en la ciudad para el empleo. 

Desde Accem consideramos que la mejora de la empleabilidad es básica para el itinerario de inserción social de una persona en situación vulnerbale. Para ello nuestros técnicos llevarán a cabo toda una serie de acciones para facilitar este proceso: atención directa, estudio y diagnóstico de la situación de la persona, cursos becados de formación, prospección en empresas, intermediación laboral y seguimiento en el empleo.

El programa “ACCEMPLEO 2.0” ha arrancado en este mes de septiembre con un curso de “Habilidades sociales”, que servirá de base para posteriores acciones formativas. Este curso tiene un duración de 45 horas y terminará el 5 de octubre. 

Este programa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en colaboración con el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

El próximo domingo 2 de octubre, Hungría celebrará un polémico referéndum sobre las cuotas de refugiados a reubicar introducidas por la UE. 

El referéndum se refiere a los planes de la UE para establecer una forma permanente de reubicación de refugiados desde los países que reciben a un alto número de las solicitudes de asilo. Las propuestas prevén una multa de 250.000 euros para cada refugiado que los Estados miembros se nieguen a acoger.

Cabe recordar como el referéndum no tendrá ninguna base legal, porque bajo los tratados de la UE, a Bruselas ya se le ha concedido el poder de imponer políticas comunes como el programa de acogida de contingentes de refugiados. Más bien, se trata una estrategia de propaganda contra la dirección tomada por la Comisión sobre el tema de la gestión y el control de los flujos migratorios y en particular de solicitantes de asilo y de protección internacional.

En 2015 Hungría recibió unas 175.000 las solicitudes de asilo– la mayor proporción en la UE  por 100.000 habitantes. El país analizó 3.420 peticiones, concediendo asilo al 15 % de los solicitantes, una de las tasas de reconocimiento más bajas de la UE.

El 76 % de los encuestados cree que la acogida de refugiados aumentaría el riesgo que corre el país de amenazas y ataques terroristas, mientras que 82 % cree que el programa supondría  una carga para el país, ya que implicaría una menor disponibilidad de puestos de trabajo y beneficios de la seguridad social para la población autoctona.

El gobierno húngaro (Fidesz-KDNP) está llevando a cabo una campaña para el ‘no’, así como el partido de oposición de extrema derecha Jobbik.  Solo el partido Liberal Húngaro está haciendo campaña para el ‘sí’, diciendo que es “un sí a Europa”. Al mismo tiempo, los partidos socialista y de coalición democrática tratan de convencer a la gente de no ir a votar, sosteniendo que la pregunta no tiene sentido.

Según la encuesta del Nézőpont Intézet, actualmente el 68 % de los húngaros están satisfechos con la manera en la que el gobierno húngaro está enfrentando la cuestión de los flujos de refugiados que llegan a la frontera del país. Según el Publicus Intézet, desde el pasado septiembre siempre menos húngaros piensan que los migrantes y refugiados deben ser tratados con más humanidad. Según la misma encuesta alrededor del 67 % de la población está actualmente en contra de los refugiados, frente a un 18 % que se declara solidaria.

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Un informe realizado por el Director de la Inspección Independiente sobre Frontera y Migración destaca como la política de la Oficina de Asuntos Interiores (UK Home Office) de gran Bretaña es demasiado restrictiva en el tratamiento otorgado a las solicitudes de reunificación familiar.

En el año 2015, Reino Unido recibió 8403 solicitudes de reunificación, comparadas con las 5498 del 2014. El inspector eligió una muestra de 181 solicitudes de la Oficina de Asuntos Internos de Amman, Pretoria y Estambul. A pesar de que Reino Unido permite considerar las solicitudes de reunificación familiar que no cumplen los requisitos de la normativa migratoria en casos de “circunstancias especiales” o por “compasión”, no se vio ningún caso del estilo en la muestra seleccionada.

El inspector también expresó su preocupación respecto a la decisión de 2014 de la Oficina de Asuntos Internos por el cese de la financiación de pruebas de ADN que permitían a los solicitantes demostrar sus vínculos familiares, dado que la Oficina de Asuntos Internos ha permanecido en silencio acerca de la posibilidad de los solicitantes de obtener el ADN por sus propios medios.

Desde la retirada de las pruebas gratis de ADN, los índices de rechazo han aumentado considerablemente: en el caso de las personas con nacionalidad somalí de un 17% en 2013 a un 80% en 2015, para los eritreos de un 15% en 2013 a un 46% en 2015, y para los sirios de un 9% en 2013 a un 35% en 2015. El impacto de las pruebas de ADN en este asunto podría ser crucial, ya que los nacionales de países como Somalia o Eritrea se enfrentan a muchos problemas para acceder a los documentos que les permitan probar su identidad o relación con su pareja. La falta de documentación para demostrar estos aspectos ha sido el motivo de rechazo de 18 de cada 21 solicitudes hechas por somalís en Pretoria, según ha observado el Inspector.

En su renovada política de 29 de julio de 2016 sobre reunificación familiar, la Oficina de Asuntos Internos establece que “la responsabilidad de aportar la evidencia suficiente para probar la relación entre el solicitante y su pareja recae en ellos y debe ser suficiente para demostrar su vínculo ante el funcionario correspondiente. Como parte de esto, podrán someterse a una prueba de ADN por sus propios medios y por una organización acreditada por el Ministerio de Justicia”.

El tema de las dificultades de las reunificaciones familiares para migrantes y refugiados en Europa había recientemente sido objeto de un informe comparativo de la red europea ELENA. En particular, se ponía el foco sobre la posibilidad de obtener la reunificación familiar como canal seguro y legal para la llegada de refugiados, evitando la pérdida de vidas y limitando los movimientos secundarios de los solicitantes dentro del territorio europeo para reunirse con sus familiares. 

La evidencia recogida y analizada indicaba que las políticas adoptadas por los países sobre este tema, se están convirtiendo en un factor cada vez más importante para los solicitantes de asilo en la elección del país de destino. En respuesta a esto, distintos estados miembros han introducido disposiciones restrictivas con el objetivo de reducir el acceso a la reunificación familiar como método de gestión de la migración.

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El pasado 6 de septiembre, la Base de Datos de Información sobre Asilo (AIDA) ha presentado un informe dirigido por el Consejo Europeo de Refugiados (ECRE) donde se documenta la limitada y fraccionada aplicación de los conceptos de admisibilidad y país seguro en 20 países europeos, introducidos en la última reforma del Sistema Europeo de Asilo.

En la ejecución de sus obligaciones internacionales, los Estados europeos y la UE han ideado sistemas de asilo sofisticados basados en complejas herramientas procesales. En algunos casos, las herramientas han sido diseñadas y utilizadas con el fin de evitar la responsabilidad sobre la protección de los refugiados, porque permiten declarar como inadmisible sus peticiones de asilo antes de entrar a analizar el fondo de la solicitud. El reciente acuerdo UE-Turquía y propuesta de la Comisión Europea para armonizar los procedimientos de asilo bajo un Reglamento de procedimientos de asilo, por ejemplo, giran en torno a conceptos como «tercer país seguro» y “primer país de asilo”.

La reciente introducción de amplias listas de “terceros países seguros” en países como Hungría, así como la presión sobre Grecia para aplicar dicho concepto tras el acuerdo UE-Turquía, son contrarios a la práctica ya arraigada en los procedimientos de asilo de algunos Estados miembros. Países con más experiencia, en la aplicación del concepto de “tercer país seguro” han aclarado que no se puede considerar que un solicitante de asilo no tenga una “conexión suficiente” con un tercer país seguro sólo sobre la base de tránsito o de corta estancia.

En el informe también se habla de la implementación del Reglamento de Dublín y el esquema de recolocación de emergencia, dos instrumentos que regulan la distribución de responsabilidad de asilo dentro de la U.E. En lo que concierne a la recolocación, a pesar de los extremadamente bajos índices de implementación en Europa, países como Francia y Portugal han diseñado procesos para el cambio de tramitación de las reclamaciones por las personas recolocadas en su territorio y su asignación en las diferentes regiones donde los solicitantes serán alojados.

ECRE por su parte, llama a los países miembros entre otras cosas a mantenerse fiel a la Convención de Refugiados de 1951 y aplicar los conceptos de “primer país de asilo” y “tercer país seguro” solo a aquellos solicitantes de asilo que han sido reconocidos como refugiados y podrán beneficiarse de esta protección. También pide suspender la práctica de los procedimientos del Reglamento de Dublín en relación con los países que demuestran riesgos para los derechos humanos, en consonancia con la jurisprudencia nacional y europea. Esto garantizará no solo la seguridad jurídica de los solicitantes de asilo, sino también una administración y asignación de recursos administrativos y financieros más eficientes.

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El pasado 19 de septiembre se ha celebrado en Nueva York la primera Cumbre de la Asamblea General de la ONU en materia de grandes movimientos de migrantes y refugiados. El objetivo fue el de unir a los países entorno a un enfoque más humano y coordinado. La cuestión de los grandes movimientos de refugiados y migrantes es demasiado extensa para cualquier estado por si solo. La comunidad internacional debe trabajar unida para encontrar soluciones duraderas.

En la Cumbre, los gobiernos de 193 países adoptaron compromisos clave para mejorar la protección de millones de personas que han sido desplazadas forzosamente y otras que se desplazan de diferentes formas en todo el mundo. El documento final, que no es vinculante y cuyos principios están ya contemplados en las legislaciones nacionales, ha sido duramente negociado hasta la última coma y es considerado insuficiente por las organizaciones de derechos humanos. 

La Declaración hace un llamado a los países que pueden reasentar o reunificar muchos más refugiados a que lo hagan. También hace un llamado a los que están en la parte más rica del mundo a reconocer su responsabilidad de proporcionar la financiación humanitaria oportuna y fiable, y a hacer una robusta inversión en las comunidades que acogen a un gran número de refugiados.

Los países de acogida están llamados a aumentar las oportunidades para que los refugiados adultos puedan trabajar y que los niños vayan a la escuela. También se hace llamamiento a los gobiernos para abordar mejor los factores desencadenantes que causan cifras registradas de desplazados forzosos en el mundo actual.

También se asigna a ACNUR la tarea de desarrollar un marco de respuesta integral para los refugiados, estableciendo un proyecto para un sistema más fuerte con una financiación más fiable y la participación temprana de los agentes de desarrollo para ayudar a quienes se ven obligados a abandonar sus hogares y para las comunidades que los acogen. 

La Declaración de Nueva York sentará las bases para la Global Compact sobre migrantes y refugiados que se acordará en el año 2018 y que se basará en dicho marco global de respuesta a los refugiados que elaborará ACNUR con el fin de dar respuesta a las situaciones específicas de cada refugiado a nivel mundial. Al mismo tiempo, el Global Compact on Migration será llevada a cabo por otro proceso, basado en negociaciones de estado, debido a la ausencia de una convención internacional para lidiar con todos los elementos de la migración.

En torno  a este tema, cabe destacar como con la Declaración de Nueva York, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entró formalmente a ser agencia dentro del sistema de las Naciones Unidas.

Los resultados han sido muy criticados por las diversas organizaciones civiles. La Declaración ha sido descrita como un documento “escaso en contenido y conexión con la práctica” que ha fallado en proveer la tan necesitada reforma y refleja los intereses de los estados más que los de los refugiados. Uno de los mayores fallos del documento es el amplio margen que aún existe para la continuación de la detención infantil. Organizaciones Internacionales como Amnistía Internacional, el ECRE y el Comité Internacional de Rescate hicieron hincapié en que el mantenimiento de la detención del niño como una práctica de “último recurso” y donde existe un vació legal que va en contra de los intereses del niño. También se reprochado la exclusión de los desplazados internos de los asuntos a tratar. 

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