Este martes 28 de junio la Plataforma de Empleo de Hogar de Sevilla, en la que Accem participa, presentó los nuevos acuerdos laborales mejorados y consensuados para el año 2016 en el sector, un instrumento valioso para la labor de información, orientación e intermediación.

Uno de los principales objetivos de la Plataforma es sensibilizar a la ciudadanía sobre la igualdad de derechos laborales del empleo del hogar, así como revalorizar social y laboralmente la ocupación, estableciendo acuerdos de mínimos y mejoras en el sector.

La Plataforma dio a conocer, en un acto celebrado en el Centro Cívico Las Sirenas, sus objetivos y propuestas, así como recomendaciones sobre las condiciones laborales y la tabla salarial a la que se ha llegado luego de un esfuerzo de consenso y como respuesta a una necesidad de mayor demanda de información de los empleadores y trabajadores.

Desde la Plataforma se plantea que es necesaria una mayor sensibilización a la ciudadanía sobre la igualdad de derechos de este sector, pues si bien se han dado algunos avances formales introducidos en la reforma del Régimen Especial de empleados/as de hogar RD 1620/2011, el más importante desde 1985, y la posterior Reforma en el año 2012, las entidades constatan en su intervención diversas dificultades para su aplicación efectiva. Ejemplos, como que las trabajadoras quedan muchas veces a merced de la discrecionalidad de la parte empleadora, no disponen de convenio colectivo, ni de mecanismos eficaces de inspección laboral.

Por otro lado, muchas familias se encuentran con una situación difícil para afrontar adecuadamente la conciliación laboral y familiar, por tanto, es necesario abordar esta problemática desde una perspectiva de género y cuidados, así como avanzar en medidas y políticas públicas que favorezcan condiciones más equitativas.

Una de las mayores demandas entre las trabajadoras es poder acceder a una equiparación real con el Régimen General, especialmente en cuanto al derecho a la prestación por desempleo. Existe una creciente vulneración de derechos e indefensión en este ámbito, altamente feminizado e históricamente infravalorado. A esta desigualdad de género se añade una mayor vulnerabilidad y discriminación en el caso de la trabajadoras migrantes en situación administrativa irregular.

Las entidades que conforman actualmente la Plataforma son Accem, Cáritas Diocesana de Sevilla, Cruz Roja Española, Asociación Claver, Fundación Sevilla Acoge, Fundación Cepaim, Oficina de Derechos Sociales y la Asociación de Empleados y Empleadas de Hogar de Sevilla. También participan en los espacios de coordinación de la Plataforma la Federación Andalucía Acoge, el Área de Empleo del Centro de Acogida a Refugiados y la Fundación Rais, y se cuenta con la colaboración de Mujeres Supervivientes. La Plataforma está abierta a otros colectivos que deseen apoyar estos objetivos.

Pincha aquí para acceder al documento con las condiciones laborales acordadas para el sector de empleo en el hogar en 2016. >>

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Más información:

plataformaempleohogarse@gmail.com

Teléfonos de contacto: 640 21 85 08 / 954 93 21 79

Jacqueline Amaya, miembro de la Plataforma de Empleo del Hogar, portavoz Asociación de Trabajadoras y Trabajadores de Hogar Sevilla. Teléfono: 650 01 09 14.

Aurora León González y Sylvia Villalba, de la Asociación Claver. Teléfono: 640 218 508.

Por la Plataforma de Empleo de Hogar de Sevilla y Accem

El pasado 7 de Junio el Tribunal de Justicia de la UE ha emitido una nueva sentencia contra la detención de migrantes en Europa por el solo hecho de ser indocumentados.
La Corte, en una nota de prensa destaca como la misma Directiva de Retorno previene la detención de los nacionales de terceros países que aún no han sido sometidos al procedimiento de retorno, por el solo hecho de haber entrado de manera indocumentada.

Sobre este asunto, la Directiva prevé que con respecto a cualquier persona que resida indocumentada en territorio Ue se debe aplicar una decisión de retorno. Dicha decisión inicialmente prevé la provisión de un período para el retorno voluntario, seguido, en los casos necesarios, por medidas de retorno forzoso. Además, si la salida voluntaria no tiene lugar, la Directiva exige a los Estados miembros de llevar a cabo la expulsión de maneras menos coercitivas posibles. Solo en los casos en los que se ve comprometido el proceso de expulsión, el Estado miembro puede mantener a la persona interesada en detención, y en ningún caso la duración no podrá exceder los 18 meses.

El Tribunal de Justicia de la UE da así la razón a la ghanesa Sélina Affum, que en marzo de 2013 fue detenida en Francia después de que la policía la detuviera a la entrada del túnel del Canal de la Mancha, cuando pretendía llegar a Londres desde Gante (Bélgica), con el pasaporte de otra persona y sin documentación propia.

El Tribunal de casación francés pidió a la corte de justicia sobre la legitimidad de la detención por “entrada indocumentada” de un extranjero a la luz de la Directiva de retorno. La Corte Europea antes de todo recordó su anterior sentencia sobre el tema, en el caso Achughbabian, en el que estableció que la Directiva impedía a los estados miembros de encarcelar a cualquier nacional de tercer país por estancia indocumentada en caso no se haya completado el procedimiento de Retorno previamente descrito. Sucesivamente, el Tribunal va mas allá declarando que la “entrada indocumentada” es una de las circunstancias que da lugar a una sucesiva “estancia indocumentada”, por lo que también en ese supuesto se aplica la misma regla.

Por lo anterior, el hecho de que la Sra. Affum hubiese estado meramente en tránsito no impide la aplicación de la Directiva: el nacional de un país no comunitario que está en un autobús sin cumplir las condiciones de ingreso está claramente presente en el territorio del Estado miembro en cuestión y por lo tanto permaneciendo allí indocumentado en el sentido de la Directiva, ya que esta última no establece requisitos como una duración mínima o la intención de permanecer en ese territorio.

En consecuencia, la Sra. Affum no tenía que haber sido encarcelada antes de ser sometida al procedimiento de expulsión, el cual no había sido ni abierto por las autoridades francesas.

Además, el Tribunal evidencia como detener a un extranjero por permanecer en un Estado miembro de manera indocumentada, en la práctica demora la activación del procedimiento de devolución, socavando de tal manera la eficacia de la Directiva.

Pincha aquí para leer la nota de prensa de la CJUE >>

Este mes de junio, el Ministerio de Interior ha cursado una instrucción para formalizar y reforzar la cooperación con las organizaciones no gubernamentales y miembros de la sociedad civil en la lucha contra la trata de seres humanos.

La Red Española contra la Trata, de la cual Accem forma parte, acoge positivamente esta nueva medida, que ha sido promocionada y adoptada en estrecha colaboración con las entidades que reclamaban un rol formal y el reconocimiento de una cooperación que desde distintos años se lleva a cabo a nivel nacional entre las organizaciones especializadas y las FCSE en la lucha contra la trata en España.

Dicha colaboración se basa en el hecho de que tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, como las entidades especializadas, juegan un papel imprescindible en la lucha contra la trata de seres humanos, por lo que un marco de colaboración horizontal garantiza una mayor eficacia en la detección, identificación, protección y asistencia de las víctimas, aspectos estos que constituyen la prioridad en la lucha contra este fenómeno.

Para ello, se ha establecido que la Policía Nacional y la Guardia Civil pongan en marcha la figura del Interlocutor Social en la Trata de Seres humanos, cuyo objetivo será de favorecer la coordinación de las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) con los diversos organismos y entidades sociales especializadas en la protección y asistencia a las víctimas. La instrucción prevé la creación de dos tipos de Interlocutores Sociales en: uno a nivel nacional y otros a nivel territorial. Mientras que el primero tendrá las misiones específicas de cooperación y coordinación con los distintos Interlocutores Sociales Territoriales, que serán los encargados de mantener contactos permanentes con las organizaciones y entidades especializadas.

Así como lo establecido en el Protocolo y en el Estatuto de la víctima, las FCSE comunicarán a través del medio más rápido y eficaz la detección de las potenciales víctimas de trata de seres humanos a las entidades especializadas en su protección, con la finalidad de que estas puedan colaborar en la identificación temprana y en concreto en la entrevista de identificación.

La nueva instrucción no ha sido la única novedad en tema de trata en España en este mes, ya que ha salido una importante sentencia del Tribunal Supremo, el cual por primera vez ha condenado a culpables de trata a tantas penas cuantas las victimas que se han visto afectadas. El supremo ha aplicado en efecto una condena en la que no impone una pena global por el delito de trata de seres humanos, sino que se establece que hay tantos delitos como víctimas afectadas. En este caso, había dos mujeres que fueron engañadas para venir a España, donde sus tratantes las obligaron a prostituirse, y la condena ha resulto que había dos delitos de trata y no solo uno.

La nueva decisión del Supremo es fruto de un acuerdo adoptado por el Pleno de la Sala de lo Penal del Supremo el pasado 31 de mayo para que se condene a los acusados por tantos delitos como víctimas se produzcan ante los casos de trata de seres humanos. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Julián Sánchez Melgar, estima el recurso de casación interpuesto por el fiscal que había solicitado una condena por dos delitos y no por uno, como mantuvo durante la instrucción y el juicio.

La Sala resuelve que en estos casos se está ante un sujeto pasivo individual, y no difuso o plural, y afirma que, además, cuando el precepto excluye todo tipo de consentimiento de la víctima en estos comportamientos delictivos, que proyectan su protección por encima de cualquier otra consideración, la ley penal contempla a la víctima como un sujeto pasivo individual.

Lee el comunicado de la Guardia Civil >>

Accede a la noticia de El Diario sobre condenas por delitos de trata >>

El pasado 16 de junio, el Parlamento griego aprobó una enmienda a la Ley de asilo, modificando la composición de las Comisiones de apelación y el derecho de los solicitantes de asilo a ser oídos durante los recursos contra las decisiones negativas. Esta enmienda había sido inicialmente rechazada, pero fue sucesivamente reintroducida con urgencia antes de la adopción de un proyecto de ley sobre desarrollo económico.

Los principales cambios conciernen la composición de las Comisiones de apelación encargadas de examinar los recursos contra las decisiones negativas del Servicio de Asilo, que eran previamente conformadas por un representante del Ministerio del Interior, un representante del ACNUR y un representante elegido entre un listado de expertos en derechos humanos elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A partir de ahora, las comisiones serán formadas por dos jueces de los tribunales administrativos, designados por el Comisario General de los tribunales administrativos y un representante del ACNUR. Un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos podrá participar en las comisiones solo en caso que ACNUR no esté en condiciones de nombrar a un miembro.

La nueva ley también permite que funcionarios EASO lleven a cabo las entrevistas de asilo en el contexto del procedimiento excepcional aplicado en fronteras. Hasta hace poco, EASO sólo podía apoyar al personal del Servicio de Asilo en la realización de las entrevistas. Al mismo tiempo, la enmienda ha eliminado el artículo que permitía a los solicitantes recurrentes solicitar una audiencia personal ante los Comités de Apelaciones por lo menos dos días antes del recurso.

Cabe destacar como esta enmienda legislativa viene poco después de la entrada en vigor de la nueva ley de asilo votada en abril, y después que varios Comités de Apelaciones decidieran rechazar la presunción de “tercer país seguro” con respecto a Turquía. Según un nuevo informe de la Comisión Europea, alrededor de 70 resoluciones de los Comités de Apelaciones han rechazado definir Turquia como país seguro, volcando a las decisiones tomadas por el Servicio de Asilo en primera instancia.

Durante el debate Plenario varios parlamentarios han declarado sus preocupaciones antes de la adopción de la enmienda y han dudado de su constitucionalidad. Las principales críticas conciernen el papel incierto de los Comités de Apelaciones, que supondrá la participación de funcionarios judiciales dentro del ejercicio de un órgano administrativo. De la misma manera, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también cuestiona la constitucionalidad de la medida,y la conformidad de la nueva ley frente al derecho a un recurso efectivo.

Lee aquí la noticia de AIDA >>

Como en años anteriores, Accem desarrolla en el marco del convenio que tiene establecido con la Diputación Provincial de Burgos el proyecto Escuela de Valores, que tiene como finalidad la creación de un espacio de interacción entre culturas que facilite la prevención de conflictos causados por la diferencia cultural.

El proyecto va dirigido a menores de edades comprendidas entre los 6 y los 16 años, a través de talleres presenciales y vivenciales. Los contenidos se trabajan a través del ocio participativo.

Tiene una gran importancia en el desarrollo del proyecto la igualdad de oportunidades, en base al cual se pone en funcionamiento tanto en la ciudad de Burgos como en el ámbito rural.

Estas Escuelas de Valores favorecen el conocimiento, tolerancia y respeto hacia lo diferente, donde los menores tienen la oportunidad de desarrollar aspectos tales como la solidaridad o la empatía, dotando a todo el proceso de una perspectiva intercultural.

En este verano 2016, las Escuelas de Valores de Accem se desarrollarán en las siguientes fechas y municipios de la provincia de Burgos:

– Castrojeriz: del 11 al 15 de julio.

– Las Quintanillas: del 11 al 15 de julio.

– Villasandino: del 18 al 22 de julio.

– Sasamón: del 18 al 22 de julio.

– Yudego: del 1 al 8 de agosto.

– Arenillas de Riopisuerga: del 1 al 8 de agosto.

Por Accem en Burgos