Accem, Amnistía Internacional, Cáritas, Cear, Confer, Coordinadora de ONG para el Desarrollo, Consejo General de la Abogacía Española, Jesuitas Social, Justicia y paz, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plataforma del Tercer Sector, Red Acoge, Red Solidaria de Acogida, San Carlos Borromeo, Save the Children piden a España, como Estado miembro, que rechace el acuerdo entre la UE y Turquía por poner en peligro la protección internacional a la que tienen derecho las personas refugiadas y que se abran rutas legales y seguras, así como que se adopten medidas urgentes de acogida, con especial hincapié en las necesidades especiales de los más vulnerables.
Madrid- Un total de 16 organizaciones han llevado a cabo un acto público este miércoles enfrente del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación para recordar al gobierno español que el acuerdo de la Unión Europea con Turquía, cuya aprobación final se debatirá el 17 y 18 de marzo en Consejo Europeo, podría suponer graves violaciones de derechos humanos para las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, y el incumplimiento por parte de España de sus obligaciones internacionales si lo apoyara. Con este acuerdo la UE y sus Estados miembros estarían haciendo caso omiso a la necesidad evidente de brindar protección internacional a estas personas.
Una hora antes de la comparecencia del secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Eguidazu, ante la Comisión Mixta en el Congreso de los Diputados, las entidades participantes colocarán unas tiendas de campaña delante de la sede del MAEC para simbolizar las precarias condiciones en las que se encuentran estas personas. Las organizaciones han pedido así el rechazo frontal de un acuerdo que plantea serias preocupaciones legales, morales y de impacto a largo plazo especialmente en los grupos más vulnerables. Estas son algunas de ellas:
- Rutas legales y seguras sin condiciones:
El acuerdo no contiene compromisos concretos para incrementar el reasentamiento o para ofrecer rutas legales y seguras para las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. La excusa de crear una solución que acabe con el tráfico de personas, reasentando a una persona por cada una de las devueltas a suelo turco, crea un falso discurso. Como consecuencia de esta propuesta, precisamente lo que se fomentará es que las personas tomen otras rutas más peligrosas. Por eso es necesario una alternativa humana, legal y responsable, basada en el reasentamiento incondicional de personas refugiadas con un número de plazas disponibles en los países suficientes para ello, y en una voluntad política de los países de la UE para hacer que el sistema de reubicación funcione de manera respetuosa con los derechos humanos.
- Comercio de personas refugiadas sirias:
La propuesta de que por cada persona refugiada siria que sea devuelta a Turquía desde Grecia se reasiente a otra también siria en la UE es inmoral y carece de fundamento jurídico sostenible. Lo que verdaderamente implica esta medida es que cada plaza de reasentamiento en la UE dependa de que otra persona siria arriesgue su vida embarcándose en la mortal ruta por mar a Grecia.
- Devoluciones:
Las personas solicitantes de asilo tienen derecho a procedimientos de asilo individualizados y con todas las garantías. Sin embargo, el acuerdo entraña el riesgo de las expulsiones colectivas, ya que no se explica bien cómo van a poder evaluarse de manera significativa y con todas las salvaguardias jurídicas suficientes las solicitudes individuales en procedimientos de asilo acelerados.
Por otra parte, cientos de miles de personas refugiadas y solicitantes de asilo que proceden de lugares que no son Siria, como son afganos o iraquíes, que representan, junto con los sirios, el 90% de las llegadas a Grecia, se enfrentan a grandes obstáculos para acceder al asilo. Aunque se ha indicado que no serán devueltas a Turquía, no existen salvaguardias en el acuerdo para que así sea, y resulta difícil que se pueda garantizar una protección efectiva. Las devoluciones sumarias no solo son contrarias al derecho internacional sino también a la legislación nacional turca.
- “Tercer país seguro”:
El acuerdo se justifica con la definición de Turquía como “tercer país seguro”. Sin embargo, dado que el proceso de determinación del estatuto de refugiado se basa en circunstancias individuales, ningún país de origen puede calificarse como “seguro” en términos generales. De aplicarse este concepto, se trasladaría la responsabilidad a terceros países que, a menudo, no tienen en cuenta todos los aspectos necesarios en las solicitudes de asilo y por lo tanto pueden incurrir en la discriminación de algunos grupos de personas refugiadas, o, incluso, en la expulsión posterior de las personas a su país de origen, violando el principio de no devolución (non-refoulement) consagrado en la Convención de Ginebra, que indica que no pueden ser devueltas a países donde corren peligro.
Pero además, en concreto en el caso de Turquía, hay claros motivos de preocupación, dada la actual situación de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas y el trato que reciben: algunas organizaciones hemos documentado malos tratos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, detenciones ilegales y arbitrarias, falta de condiciones adecuadas de acogida, e incluso devoluciones forzosas a países como Siria, donde sus vidas corren un grave riesgo.
- Cierre de los Balcanes:
Alrededor de 13.000 personas, muchas de ellas mujeres y niñas y niños pequeños, continúan atrapadas en la frontera entre Grecia y Macedonia, en lugares como Idomeni, donde se hacinan y enfrentan a precarias condiciones bajo la lluvia y con dificultades para acceder a servicios mínimos como agua, alimentos y cobijo. Se trata de una crisis humanitaria que amenaza con degenerar aún más y convertirse en catástrofe si no se toman medidas urgentes. Sin embargo, en lugar de hacer que el sistema de reubicación funcione, hasta ahora inoperativo por la falta de voluntad política, lo que propugna el acuerdo es que los flujos irregulares de migrantes a lo largo de la ruta del oeste de los Balcanes lleguen a su fin.
- Desprotección de las personas más vulnerables:
Desde comienzos de 2015 hasta ahora, 1 de cada 3 personas que llegan a Europa es un menor, muchos de los cuales se encuentran sin escolarizar. El acuerdo supone la vulneración de derechos fundamentales de la infancia, como el derecho a la consideración primordial de su interés superior, además del derecho a la vida en familia, el derecho a la educación o a la salud. La Convención de los Derechos del Niño es muy clara en relación con la protección especial que deben tener los menores refugiados o que soliciten asilo.
También las mujeres sufren especialmente las consecuencias de esta crisis. Mujeres expuestas al acoso, la explotación y la violencia sexual durante el viaje hasta Europa y en suelo europeo, embarazadas, personas con discapacidad y enfermas que no reciben asistencia médica especializada, etc. Todo ello por no hablar de familias rotas que sufren el rechazo en los países que deberían acogerles. El acuerdo no hace frente a la situación de las personas más vulnerables y una vez más vuelve a dejarles completamente desprotegidas.
Por eso, las organizaciones abajo firmantes piden que se abran rutas legales y seguras, y que se adopten medidas urgentes de acogida, haciendo especial hincapié en las necesidades especiales de protección de las personas más vulnerables.
Organizaciones firmantes:
Accem, Amnistía Internacional, Cáritas, Cear, Confer, Coordinadora de ONG para el Desarrollo, Consejo General de la Abogacía Española, Jesuitas Social, Justicia y Paz, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plataforma del Tercer Sector, Red Acoge, Red solidaria de Acogida, San Carlos Borromeo, Save the Children.
