El 21 de marzo se celebra cada año el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. La Asamblea General de Naciones Unidas declaró esta conmemoración en 1966.

En esta fecha se recuerda la matanza de Sharpeville, en Sudáfrica, en 1960. El 21 de marzo de ese año la policía abrió fuego contra una manifestación que protestaba contra el régimen del apartheid, un sistema de segregación racial concebido para que la minoría blanca sometiera a la mayoritaria población negra de Sudáfrica.

En la matanza de Sharpeville murieron al menos 69 personas y otras 180 resultaron heridas. En los días siguientes, el gobierno declaró el estado de emergencia, procedió a la detención de más de 11.000 personas y prohibió la existencia de las principales organizaciones que luchaban contra el apartheid.

Este año, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, Accem se sumó al pronunciamiento del Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica, dependiente del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial en el que participan distintas entidades sociales, entre ellas Accem.

En este comunicado, las organizaciones que forman parte de este servicio llamaban a la sociedad en su conjunto y a los poderes públicos a realizar un mayor esfuerzo “para acabar con la lacra social del racismo, la discriminación y la intolerancia para construir juntos una sociedad en la que prevalezca y se fomente el respeto a los derechos humanos, a la igualdad, a la no discriminación y a la tolerancia”.

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Asimismo, Accem organizó en muchas de las ciudades y municipios en los que está presente acciones de sensibilización social dirigidas a combatir el racismo y la discriminación étnica, fomentar la igualdad de trato y la puesta en valor de la diversidad.

Así, se pusieron en marcha talleres en centros educativos de Ávila, León, Sevilla o Madrid; se participó en las X Jornadas contra el Racismo y la Xenofobia de Gijón; talleres y actividades en Valencia (con el lema “Construyendo un futuro juntos”) o Burgos (“Las diferencias nos hacen únicos”); así como jornadas monográficas por la interculturalidad en el barrio de la Cañada Real Galiana de Madrid o en el barrio de Pont Major de Girona, donde se realizó un maridaje entre poesía y la lucha por la igualdad de trato y contra el racismo.

Instituciones europeas e internacionales contra la discriminación racial y étnica

Naciones Unidas eligió en este 2005 fijarse en la importancia de preservar la memoria histórica como mejor antídoto para combatir el racismo y la discriminación. Su lema fue “Aprender de las tragedias históricas para combatir la discriminación racial del presente”.

Fue la forma escogida para echar la vista atrás a la esclavitud, el comercio y la trata trasatlántica de esclavos; el régimen del apartheid en Sudáfrica; el colonialismo o los distintos genocidios cometidos y sufridos por la humanidad como raíces de las que se ha alimentado el racismo, la xenofobia y la intolerancia.

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A nivel europeo, se unieron en su discurso con ocasión de este día tres instituciones relevantes en la lucha contra el racismo y la discriminación: la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos (ODIHR) de la OSCE; la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) del Consejo de Europa; y la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea.

Representantes de ODIHR, ECRI y FRA apuntaron con ocasión del 21-M a subrayar la importancia de combatir el discurso del odio reforzando los valores de democracia y derechos humanos que amenaza ese discurso del odio que ampara en último término la comisión de los también llamados delitos de odio.

En ese sentido, apuntaron a la especial responsabilidad de políticos y otras figuras públicas por su capacidad de alcanzar con sus mensajes a amplias capas de la población. Del mismo modo, subrayaron el papel clave que en esta lucha debe jugar la educación y llamaron a acabar con la “cultura de la impunidad” que se observa en el ámbito de internet y las redes sociales.

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Desde ECRI asimismo se impulsó en esos días la Semana de Acción Europea contra el Racismo y la Discriminación, lanzada desde el No Hate Speech Movement (Movimiento por el No al Discurso del Odio) y destinada fundamentalmente a los jóvenes europeos.

También la red europea UNITED for Intercultural Action (UNIDOS para la Acción Intercultural) puso en marcha en esos días una semana de acciones contra el racismo, bajo el lema “¡Mano a mano por la diversidad!”. Una semana para poner en valor una diversidad que enriquece nuestras culturas y sociedades, que nos invita a abrir nuestras mentes, a respetar nuestras diferencias y, en definitiva, a hacer una sociedad mejor.

Esta semana, en su célebre blog de análisis sobre legislación y jurisprudencia Europea, el profesor Steve Peers -docente de Derechos Humanos y Derecho de la UE en la Universidad de Sussex- ha publicado un resumen de propuestas concretas y realizables jurídicamente que la Unión Europea podría introducir fácilmente para abordar los desplazamientos forzosos de los que buscan protección internacional y el creciente número de muertes en el Mediterráneo.

En primer lugar, el profesor subraya el esencial re-establecimiento de las operaciones de búsqueda y rescate, ya que ninguna de las misiones implementadas actualmente tiene como objetivo el salvamento de personas, sino solamente el control fronterizo. Debido a cuestiones legales sobre si la Unión Europea puede configurar una operación de búsqueda y rescate, el profesor plantea que la Unión Europea, o al menos un grupo numeroso de sus Estados miembros, puede contribuir a la coordinación y financiación de una operación conjunta, tal y como lo ha estado haciendo el gobierno italiano durante Mare Nostrum.

En segundo lugar, la UE tiene que utilizar mejor su ya existente sistema Eurosur. Una vez más, su foco principal es el control de la frontera, pero también tiene un papel subsidiario en materia de detección de los migrantes que necesitan ser rescatados. EUROSUR por lo tanto podría centrarse más en el aspecto humanitario. En caso de que sea necesario se podría realizar mediante una rápida modificación de la legislación o, alternativamente, si existen dudas legales adicionales sobre la viabilidad, mediante un acuerdo paralelo entre los Estados miembros.

En tercer lugar cabe recordar que en la actualidad, la Directiva Europea que prohíbe el tráfico ilícito de migrantes prohíbe a su vez cualquier ayuda a los inmigrantes irregulares – incluso si la persona u organización interesada no está actuando con fines de lucro. Peers declara que esta legislación debe modificarse tan pronto como sea posible. Las embarcaciones privadas que pierden dinero como resultado de su participación en un rescate no sólo no deberían de poder ser denunciadas por favorecimiento de la inmigración irregular sino que deberían de ser compensadas por fondos nacionales o de la UE si fuera necesario. Esta enmienda podría ser adoptada por vía de urgencia, pendiente de una revisión más exhaustiva de la legislación para considerar la mejor respuesta del derecho penal a contrabandistas y traficantes.

Entre las posibles respuestas a nivel jurídico, el Profesor también evidencia varios aspectos de la política exterior de la UE. Los procesos de reasentamiento y reubicación deberían ser fortalecidos y los refugiados deberían ser distribuidos de una forma ecuánime y proporcional en territorio Europeo.

Peers destaca como actualmente están bajo discusión en el Consejo y el Parlamento Europeo las enmiendas propuestas al Código de Visados Europeo, que representa una oportunidad inmediata para abordar el problema del acceso al derecho de asilo y de las muertes en las fronteras, mediante otra revisión legislativa. Seria adoptable una enmienda en forma acelerada a las reglas de los Visados Territorialmente Limitados (LTV). Este tipo de visado no es válido en todo territorio Schengen, sino solamente en el Estado que lo emite y solo se puede expedir cuando no se cumplan las condiciones habituales.

En esta línea, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE requiere que en caso de que una persona requiera un visado alegando necesitar protección internacional, se debe realizar una valoración de esa necesidad y se debe emitir una visa LTV en caso de que se reconozca. La UE y sus Estados miembros podrían tomar medidas para aplicar este principio, por ejemplo adoptando protocolos y directrices o reglas para consulados sobre cómo aplicar dichas obligaciones.

Se subraya además que el marco legal vigente para los Estados miembros ya permite considerar las solicitudes de asilo presentadas en sus consulados en terceros países. El profesor recuerda como a finales del 2013 el TJUE ya había dictaminado en el caso Koushkaki que el Código actual de visados de la UE requiere a los Estados miembros que emitan visados a los solicitantes de asilo que cumplan los criterios.

Finalmente, el docente sugiere que podría adoptarse una política adicional de protección en el exterior. Sería posible desarrollar un ‘Procesamiento Externo Común’ de las solicitudes de asilo, sin que se perjudique de ninguna manera las solicitudes realizadas en frontera o en los territorio de los Estados miembros y que conllevaría la entrada y estancia de las personas con necesidades de protección internacional en los territorio de los Estados miembros o en el territorio de terceros países que ofrecen un nivel de protección equivalente.

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Boletín EUMIGRE. Sección: “Programas y convocatorias”
Fuente: europa.eu

La presente convocatoria de la Comisión Europea ” Fondo de asilo, migración e integración (FAMI)” tiene como objetivo apoyar acciones para contribuir a la gestión eficiente de los flujos migratorios y a la implementación, fortalecimiento y desarrollo de un enfoque común sobre asilo e inmigración en la Unión Europea.

Prioridades, actividades y resultados esperados:
Las propuestas tendrán el objetivo de identificar, desarrollar y promover buenas prácticas relativas a las siguientes prioridades:

1) identificación de las necesidades especiales de los solicitantes de asilo más vulnerables en los procedimientos de asilo y en las estructuras de acogida;
2) suministro de forma gratuita de información jurídica y sobre los procedimientos;
3) integración de las personas que se benefician de la protección internacional.

Los resultados generales esperados son el desarrollo de buenas prácticas y el intercambio de información en los campos mencionados.
Más en particular los resultados esperados bajo cada prioridad son los siguientes:

Prioridad 1) Intercambio de información y desarrollo de buenas prácticas entre autoridades nacionales de asilo y otras partes interesadas (por ejemplo, organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales) para la identificación de necesidades especiales durante los procedimientos y durante la acogida de los solicitantes de asilo. Se pueden incluir acciones relacionadas con el desarrollo de indicadores comunes o nacionales y de directrices de acción especificas;
Prioridad 2) Intercambio de información y desarrollo de buenas prácticas entre las autoridades nacionales de asilo y otras partes interesadas (por ejemplo, organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales) en el marco institucional y del procedimiento para la provisión gratuita de información legal y procesal. Análisis del impacto de dicha información legal y de procedimiento sobre la calidad de la toma de decisiones en tema de asilo, incluyendo el impacto sobre las tendencias en el número de recursos las resoluciones sobre la concesión de la protección internacional;
Prioridad 3) Intercambio de información y desarrollo de buenas prácticas entre las autoridades nacionales y otras partes interesadas (por ejemplo, las autoridades locales, organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales) sobre temas relacionados a los nuevos enfoques para la integración de los beneficiarios de protección internacional. Esto cubriría a uno o a varios de los distintos aspectos de la integración (e.g. culturales y cursos de idiomas, las medidas de preparación para el acceso al mercado de trabajo, reconocimiento de cualificaciones profesionales, formación sobre el trato personal con las personas que se benefician de la protección internacional, etc..).

Las propuestas deben tener una duración estimada entre los 18 y los 24 meses. Bajo la presente convocatoria las actividades realizadas en Estados no miembros de la UE no son elegibles y los costes relacionados con dichos estados no serán cofinanciados.

Presupuesto
El presupuesto total destinado a la cofinanciación de proyectos se estima en 3.000.000 de euros. La cantidad de subvención solicitada no debe exceder los 750.000 euros y no podrá ser inferior a los 300.000 euros. La tasa de cofinanciación de la UE no puede ser superior al 90% de los costes totales subvencionables.

Solicitantes
Con el fin de ser elegible bajo la presente convocatoria, los postulantes deben ser personas jurídicas. Las solicitudes de las personas físicas no son elegibles. Sólo las entidades sin fines de lucro establecidas en un Estado miembro de la UE participante en los FAMI o las organizaciones internacionales son elegibles para la financiación de proyectos en el marco de esta convocatoria.

La convocatoria financiará únicamente proyectos transnacionales diseñados, presentados y ejecutados por una asociación de por lo menos tres organizaciones establecidas en al menos tres Estados miembros. Todos los miembros del consorcio deberán ser activamente involucrados en la implementación del proyecto.

Plazo y modalidad de solicitud
Plazo de presentación de las propuestas: 20/05/2015 a las 12:00 horas CET. Las solicitudes deberán presentarse electrónicamente vía el sistema PRIAMOS.

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Boletín EUMIGRE. Sección: “Programas y convocatorias”
Fuente: ec.europa.eu

En el marco de su proyecto de acción exterior y en vista de la próxima discusión en el Parlamento Marroquí de la nueva ley de asilo, expertos de Bélgica y Holanda han realizado un seminario sobre Ley de protección internacional y acervo europeo sobre asilo. El seminario reunió además a representantes de tres países – Jordania, Túnez y Marruecos – para compartir información y conocimientos sobre la situación del asilo y el derecho a la protección internacional en la región.

Durante el evento, los representantes de Marruecos y Jordania dieron presentaciones sobre los procesos internos y las estructuras relacionadas con el asilo y protección internacional de sus países. Así mismo, la Subcomisión interministerial marroquí de asilo – órgano encargado de diseñar el proyecto de ley de asilo- proporcionó una visión general del proyecto de ley que ha sido presentado para la votación del Parlamento. Finalmente, el Alto Representante de ACNUR en Marruecos proporcionó una comparación entre los mecanismos de protección internacional actualmente vigentes en la región de Oriente Medio y norte de África (MENA).

La discusión de la ley de asilo Marroquí representa la nueva iniciativa relacionada con los temas de la gestión de las migraciones y la protección internacional promovida por el rey Mohammed VI desde 2013, año en el que inició una reforma de la política migratoria del país, que oficialmente se realizó en respuesta a las recomendaciones del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH). El gobierno anunció cambios en sus leyes de asilo, migración y trata de personas. También lanzó una iniciativa excepcional de regularización durante 2014.

Desde el inicio del 2014, las oficinas del ACNUR en todo el norte de África han sido testigos de un aumento en el número de solicitantes de asilo. La subregión sigue siendo lugar de tránsito o destino para los flujos migratorios provenientes del África subsahariana. El alambique de inestabilidad que afecta a algunas partes de la subregión, y en particular a Libia, sigue generando enormes movimientos a Europa.

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Boletín EUMIGRE. Sección: “Los Estados miembros informan”
Fuente: EASO