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Los derechos reconocidos por el Estatuto de la Víctima del Delito

Documento de análisis de la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito.

El 28 de octubre del año pasado entró en vigor la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito, de 27 de abril, aprobada seis meses antes, consecuencia del mandato imperativo de transposición de la Directiva Europea 2012/29/UE, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, al ordenamiento jurídico español.

Es cierto que España ya contaba con normativa propia para la protección de determinados colectivos de víctimas de delitos violentos, en distintas leyes con rango de orgánicas, relativas a la libertad sexual, de protección integral a las víctimas de violencia de género, del terrorismo y de protección jurídica al menor, pero no existía una norma procesal general para todas las víctimas de los delitos tipificados en el Código Penal esto es, un Estatuto general para las víctimas de todos los delitos.

Esta ley y, su real decreto, constituyen un notable avance normativo en el reconocimiento de derechos, tratamiento y protección penal para las víctimas de cualquier delito, de todos los delitos y, por tanto, también de la inclusión novedosa de aquellas otras víctimas susceptibles de sufrir delitos de odio, definidos como hechos ilícitos cometidos contra personas y/o contra la propiedad, por su pertenencia a una determinada religión, etnia, origen, sexo, enfermedad u orientación sexual. 

Desde el "Programa de asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico", que Accem desarrolla con financiación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), compartimos ahora el análisis de los beneficios que trae aparejados la aprobación del citado Estatuto de la Víctima del Delito.

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