El pasado mes de marzo ECRE, en colaboración con las organizaciones de los distintos países europeos, publicó un informe sobre la recepción de los refugiados en Europa y los nuevos retos a los que se enfrenta la Unión. El informe pone de manifiesto sobre como no exista de momento una definición de acogida en la normativa europea; en la Directiva Europea 2013/33/UE sobre las condiciones de acogida de los solicitantes de protección internacional solo se menciona como las condiciones de acogida sean el conjunto de las medidas que conceden los estados miembros a los solicitantes de protección internacional.

La publicación contiene 3 capítulos principales:

En el primero discute las dificultades conceptuales entorno a la noción de acogida y expone las estadísticas europeas sobre solicitudes de asilo. Se distingue entre la acogida de primera línea y de segunda línea. La recepción de primera línea se refiere a los dispositivos a disposición de los solicitantes de asilo en el momento en el que entran en el país, por ejemplo, en España los centros de primera línea son los centros de estancia temporal y los centros de recepción de refugiados. Los centros de segunda línea son las estancias que se ofrecen a los solicitantes de asilo durante un tiempo determinado, en España lo que hay son casas privadas administradas por ONGs.

Según las fuentes de Eurostat el principal país receptor de solicitudes de asilo actualmente es Alemania (476.649 en el año 2015), mientras que Suecia es el país donde se han registrado un mayor número de menores no acompañados (35.369 en 2015).

En el segundo capítulo se expone el debate europeo entorno a donde se produce la acogida. En la actualidad, dados los altos números de personas que llegan a las costas griegas y a través de la ruta de los Balcanes se necesita incrementar la capacidad de acogida en los denominados “hotspots”. Además se analiza el plan de acción turco-europeo para contener a los refugiados fuera de la Unión Europea, plan que implicaría considerar Turquía como tercer país seguro.

Y, por último, el tercer capítulo aborda los retos de la recepción en la práctica: cuáles son las condiciones materiales y la calidad de la acomodación en los distintos Estados miembros, cómo es la recepción de los solicitantes de asilo que cumplen las condiciones de especial vulnerabilidad y el tratamiento de nacionalidades específicas en l recepción.

Las conclusiones y recomendaciones en base a los informes recibidos de los distintos países son, por un lado, que en muchos Estados miembros no hay información oficial suficiente sobre las condiciones de recepción de los solicitantes de asilo; por otro lado, aunque es cierto que algunos países europeos han mostrado en 2015 una gran disposición a proveer acomodación temporal a los inmigrantes, es necesario que la Unión Europea disponga de dispositivos capaces de adaptarse a la creciente demanda.

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La coalición gubernamental de democristianos y socialdemócratas que preside Angela Merkel, ha acordado un paquete de medidas sobre integración de solicitantes de asilo, que cita tanto derechos como deberes, y que se convertirá en la primera ley alemana de integración. Su contenido será analizado el próximo día 22 por los presidentes de los 16 länder, y el Gobierno debatirá el proyecto de ley definitivo el 24 de mayo, tras lo cual será enviado al Parlamento. La amplia mayoría de la coalición gubernamental indica que la nueva ley será aprobada sin grandes dificultades. La ley tendrá doble objetivo: facilitar la inserción de los refugiados y al tiempo sancionar a quienes no cooperen en el empeño.

Entre las medidas, se han aplicado limitaciones para la reagrupación familiar que afectan ante todo a personas a quienes no se les reconoce el derecho individual de asilo ni el estatus de refugiados, según la convención de Ginebra, pero que no pueden ser deportados por estar amenazados por la tortura o la pena de muerte. En principio, ese grupo sólo tendrá derecho a la reagrupación familiar dos años después de haber llegado a Alemania. Sin embargo, para ese colectivo, ante todo para sirios cuyos cónyuges o sus hijos están en campos de refugiados en Turquía, Líbano o Jordania, se plantea también la creación de contingentes para que puedan traer a sus parientes a Alemania.

Por otra parte, los solicitantes de asilo procedentes de los así llamados “países seguros”, que tienen poca posibilidad de que su solicitud sea aceptada, deberán ser trasladados a albergues especiales donde se aceleran los trámites de reconocimiento o rechazo de sus expedientes.

Según el texto, los demandantes de asilo serán repartidos de modo proporcional por el territorio alemán, para evitar que la mayoría se instale en grandes ciudades, o en barrios concretos, y se generen guetos.

También se impulsarán más cursos de lengua e integración, y quien se apunte y deje de asistir perderá el permiso de residencia. Así, el rechazo o la interrupción por parte del solicitante de asilo de las medidas de integración sin una razón de peso, tendrán como consecuencia un recorte de las prestaciones, al igual que si existe una demostrable conducta indebida.

Hasta ahora, los solicitantes de asilo podían acceder a un empleo si para el puesto no había ningún candidato alemán o de la UE; la futura ley prevé eliminar esa restricción por un periodo de tres años. También está previsto crear con fondos públicos 100.000 “oportunidades de trabajo” para introducir a los peticionarios de asilo en el mercado laboral y ofrecerles una actividad mientras se procesa su solicitud. De esta bolsa de trabajo –puestos en todo caso con salarios bajos– quedarían excluidos los migrantes de países que Alemania considera seguros, como los países balcánicos.

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Un nuevo informe publicado por Forensic Oceanography – un equipo utilizado en el uso de técnicas forenses y cartografía para reconstruir casos de muertes en el mar – acusa a los responsables y organismos políticos de la UE de reducir las operaciones de búsqueda y rescate (SAR- Search and Rescue) en el Mediterráneo. El documento forma parte del proyecto de investigación financiado por el Consejo de Investigación Social y en colaboración con WatchTheMed.

La información ha sido publicada una año después de los naufragios del mes de abril de 2015, y centra su atención en cómo ocurrió esa tragedia. En la reconstrucción de los hechos, los investigadores descubrieron que los buques mercantes que participan en el servicio de búsqueda y rescate cumplieron plenamente con sus obligaciones legales y actuaron al máximo de sus capacidades en la operación de rescate. Sin embargo, el hecho de que fuera un navío privado y no estatal puso en evidencia que las personas que llevaron a cabo la operación de rescate no estuvieron adecuadamente equipadas para tratar con ellos.

Según el informe, al trasladar la posibilidad del Servicio de búsqueda y rescate a los navíos mercantes, las agencias europeas y los responsables políticos crearon las condiciones que condujeron finamente a la muerte de 1.200 personas en abril de 2015. Después de la operación de la búsqueda y rescate en Italia, la agencia europea de fronteras, Frontex, ya había previsto los riesgos que implicaba Tritón, una operación más pequeña con menos activos y menos capacidad para llegar a aguas internacionales, donde la mayoría de los barcos terminan en desgracia. Sin embargo, a pesar de todas las críticas planteadas por los activistas de derechos humanos, ONGs, y su propia asesoría interna, la agencia decidió seguir adelante.

La SAR se utilizó como factor de disuasión por los responsables políticos de la UE, a pesar de las consecuencias mortales que habían sido predichas por muchos grupos de interés. En el conocimiento de que estaban recortando acciones del SAR en el Mediterráneo la UE y Frontex tienen una fuerte responsabilidad por las muertes- según el informe- una responsabilidad por omisión.

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En el pasado mes de marzo se dio a conocer la Memoria anual de resultados 2014 del “Servicio de asistencia y orientación a víctimas de discriminación” del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad), en el que Accem participa.

Los datos presentados corresponden al período que va de 15 de marzo de 2014 a 14 de marzo de 2015.

La memoria describe el perfil de las víctimas, los tipos y características de los incidentes discriminatorios atendidos, las técnicas y estrategias de intervención utilizadas, las formas a través de las cuales se ha accedido al servicio, así como las actividades de comunicación, formación y sensibilización llevadas a cabo durante este período.

Entre los datos recogidos en este informe, cabe destacar:

– El número de incidentes discriminatorios registrados para el año 2014 es de 676, de los cuales 389 (58%) corresponden a incidentes individuales y 287 (42%) a incidentes colectivos.

– Los grupos más vulnerables a la discriminación racial son, en el caso de los incidentes individuales, las personas procedentes del Magreb (24%), seguidas de las personas de etnia gitana (18%), de África Subsahariana (17%) y de Sudamérica Andina (10%). En lo que a los incidentes colectivos respecta, en el 38% de los casos las víctimas pertenecen a la comunidad gitana y en el 27% proceden del Magreb, Sudamérica y África Subsahariana.

– Los casos individuales afectan mayoritariamente (74% de los casos) a una población menor de 45 años.

– Los ámbitos más frecuentes en los que se han producido los comportamientos discriminatorios son: empleo, comunicación e internet, seguridad ciudadana, acceso a bienes y servicios y vivienda (incidentes individuales) y medios de comunicación e internet, empleo y educación (incidentes colectivos).

– Las comunidades autónomas en las que se ha registrado un mayor número de casos individuales son: Comunidad de Madrid (73), Andalucía (71), Comunitat Valenciana (56) y Ciudad Autónoma de Melilla (35). Aquellas en las que se registraron más incidentes colectivos son: Comunidad de Madrid (79), Castilla y Leon (35) y Andalucía (32).

– Los incidentes discriminatorios recogidos presentan mayoritariamente indicios de discriminación directa.

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Más información:

El “Servicio de asistencia y orientación a víctimas de discriminación racial o étnica” es un servicio estatal y gratuito, dependiente del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, que presta apoyo y asesoría independiente a las personas discriminadas por su origen racial o étnico en cualquier ámbito (educación, sanidad, vivienda, empleo, etc.).

La Fundación Secretariado Gitano (FSG) gestiona y coordina este servicio, desarrollándolo junto a otras siete entidades sociales especializadas en la lucha contra la discriminación racial: Accem, CEAR, Cruz Roja Española (CRE), Fundación CEPAIM, Movimiento contra la Intolerancia (MCI), Movimiento por la Paz (MPDL) y Red Acoge.

El servicio cuenta con una red de oficinas distribuidas en todo el territorio español.

Más información: http://asistenciavictimasdiscriminacion.org/

Teléfono gratuito de asistencia a víctimas: 900 203 041

Accem, desde su sede de Asturias, colabora con El Grupo Eleuterio Quintanilla y AcciónenRed en una exposición de diecisiete paneles que abordan la actual crisis de las personas refugiadas.

Podrá visitarse del 6 al 16 de mayo en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón.

Este miércoles 20 de abril, en el Ateneo Obrero, se presentó una propuesta didáctica en una reunión dirigida al profesorado de los centros educativos de la comarca de Gijón, con el objeto de despertar interés por llevar al alumnado a visitar la exposición.